Desde el comienzo del aislamiento social obligatorio, aunque debieron interrumpir sus actividades cotidianas, las organizaciones comunitarias tomaron diferentes iniciativas para paliar el impacto de la crisis alimentaria en los diferentes territorios. En entrevista con FM La Barriada, la abogada e integrante de la Fundación Pelota de Trapo Laura Taffetani habló sobre el Proyecto de Ley que busca el reconocimiento de trabajadoras y trabajadores sociocomunitarios que llevan adelante estas tareas.
“La virtud de las organizaciones es que en las etapas de crisis han puesto el cuerpo. En general, la mayoría nacieron en épocas de crisis, que en algunos casos fueron del país y en otros de una situación particular del barrio que generó la necesidad de su existencia”, señaló.
Taffetani explicó que este tipo de organizaciones surgieron fundamentalmente después de la dictadura militar para dar respuestas que no se encontraban en otras formas organizativas, requiriendo “una dedicación que no puede ser sólo una o dos veces por semana”, sino que implica “sostener un colectivo de educadores y educadoras como también de compañeros y compañeras que son asistidos en ese lugar”, para quienes su actividad en estos espacios “se convirtió en un eje de vida”.
“Lo más cruel es el no reconocimiento de esa situación en su calidad de trabajadores y trabajadoras. No estamos hablando del “asalariado”, sino de esa dimensión humana tan bella que es la del trabajo”, planteó.
“Tendrían que ser un orgullo para el país y ser homenajeados por su actividad pero, por el contrario, no han sido contemplados”, cuestionó.
Además, remarcó que las organizaciones “no pueden brindarles las condiciones de vida que les permitan sobrevivir”, por lo que “hacen sus tareas como pueden, a veces en condiciones de gran sacrificio porque realmente tienen mucha vocación”.
“La consecuencia más grave es que a veces un recurso humano que se formó durante años en nuestra organización lamentablemente debe dejarla porque tiene que sostener a su familia”, observó.
En este sentido, resaltó que a las organizaciones les resulta “imposible” tener ese trabajo registrado porque “no lo puede pagar”, lo que conlleva la falta de cobertura de salud y de aportes jubilatorios.
Al respecto, manifestó que el año pasado distintas redes de organizaciones comunitarias iniciaron un “proceso muy rico” de búsqueda de un “horizonte propio” que tuvo como resultado un proyecto de ley del Estatuto de Trabajadoras y Trabajadores Sociocomunitarios, presentado en el Ministerio de Desarrollo.
“Armamos un estatuto con la aspiración de que se resuelvan todos los problemas de salud, jubilación y sueldo digno, pero fundamentalmente para el reconocimiento de nuestro trabajo”, afirmó.
“El Estado debe aportar para que esos compañeros y compañeras que se encuentran desarrollando esas actividades tengan un salario digno, una jubilación como corresponde y el acceso a la salud que merecen”, refirió.
“La única salida que hay es colectiva y la única forma de que podamos construir otra sociedad es en comunidad. Las organizaciones son necesarias por su rol de proximidad y de lo colectivo, y también necesitamos un Estado que sea para todos y todas”, expresó.
Para escuchar la entrevista completa, hacé click aquí.
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