LOS NN EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y LA INVESTIGACIÓN QUE NUNCA FUE

Existen testimonios y pruebas que durante la dictadura se realizaron más de 20 inhumaciones ilegales en el cementerio municipal. A 40 años del regreso de la democracia nunca se esclareció quiénes eran y qué sucedió con esas personas.

En nuestro distrito hay mas de cien personas detenidas desparecidas durante la última dictadura cívico militar, época en la que solo existía la Comisaría 1ra con no mas de 30 efectivos policiales, lo que pone en evidencia la colaboración de civiles en el secuestro y desaparición de nuestros vecinos y vecinas. Sabemos quiénes desaparecieron, también muchos que fueron desaparecedores. Falta saber qué hicieron con sus restos.
Para deshacerse de los cuerpos los genocidas implementaron distintos métodos ampliamente conocidos: vuelos de la muerte, cremaciones y entierros ilegales. En Varela existen pruebas del entierro de personas no identificadas (NN) en el cementerio municipal que nunca fueron investigadas.

Estos hechos salieron a la luz por primera vez en diciembre de 1983 cuando el ex bombero Rubén Bagliani denuncia ante el Juzgado Penal N°3 de La Plata el entierro de entre 20 y 30 personas no identificadas entre los años 1976 y 1978. Personas cuyos restos habían sido retirados de la vía pública, heridos de bala, atados y con la cabeza cubierta con capuchas.

Bagliani realiza esta denuncia como testigo de esos traslados que los bomberos realizaban por orden expresa de la policía dado que él formaba parte del cuerpo.
Esta denuncia desencadenó una serie de acciones por parte de la justicia como la disposición del secuestro de los libros y partes de intervención del cuerpo de bomberos por parte del Juez Pablo Peralta Calvo el 28 de diciembre de 1983. Llamativamente el 29 de diciembre del mismo año el Juez nacional Oscar Salvi dispone el mismo secuestro de libros. Actualmente esos libros no están en el cuartel de bomberos varelenses ni en poder de la justicia.
Por otra parte, ese mismo 28 de diciembre una comitiva formada por diputados bonaerenses de la Comisión de Derechos y Garantías, funcionarios locales y periodistas realizaron una visita al cementerio municipal y un recorrido por las zonas de levantamiento de cuerpos denunciadas: zona de Tosquera en arroyo Davinson y Av. Hudson, y Km 26 estación Dante Ardigó.
Además del testimonio del ex bombero, existe documentación que confirma estos hechos como la carta dirigida a Amnistía Internacional escrita por la ex empleada del Registro Provincial de las Personas de Buenos Aires, Viviana Iriart, quien revela que Florencio Varela es uno de los distritos en los que se sepultaron más de 20 personas como NN.

También se puede acceder a la nómina elaborada por la propia municipalidad de Fcio. Varela en la que se detalla los cuerpos que fueron inhumados como NN, muchos hallados en los lugares denunciados por Bagliani, algunos de ellos carbonizados o con impactos de bala.

Hasta acá lo relatado no es muy diferente a lo que sucedía en varias localidades de todo el país producto del regreso de la democracia y la oportunidad de denunciar los crímenes sufridos en dictadura. Sin embargo, la respuesta de las autoridades locales es lo que va a desentonar con el clima de búsqueda de justicia.
En primer lugar, los periodistas que participaron del relevamiento el 28 de diciembre denunciaron la presencia y persecución de tres personas armadas y vestidas de civil durante todo el recorrido. Según lo registrado en los informes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Prov. de Buenos Aires (DIPBA) podemos saber que esas personas eran los agentes Botta, Unamuno y Bansi, agentes de inteligencia y vecinos varelenses.
Ese mismo día, lejos de interesarse por develar el origen de los cuerpos inhumados, el entonces intendente Julio Carpinetti da una conferencia de prensa en la que rechaza la denuncia tildándola de propaganda con fines políticos y afirmando que las 52 tumbas NN corresponden a personas muertas en accidentes de tránsito y acusa a Bagliani de encubridor por no haber realizado la denuncia en el momento de los hechos.

Pero, tal vez, esta respuesta no llame la atención si tenemos en cuenta que Julio Carpinetti fue denunciado en los Juicios por la Verdad por Elena Dakushaku por ser la persona que visitó a su madre mientras su hermano estaba desaparecido para decirles que “los tenían en un lugar donde los iban a rehabilitar, que no se preocupara”. O que fue socio comercial de Patricio Camps, integrante de la Banda de Gordón e hijo de Ramón Camps (represor Jefe de la Policía Bonaerense).
Además, fue el intendente que tuvo como secretario de gobierno a Francisco “Chicho” Basile también denunciado en los Juicios por la Verdad como secuestrador de la ex detenida desaparecida Melba Campodónico. Y tuvo como empleados municipales a Norberto Cipolat, César “Pino” Enciso, Carlos “Indio” Castillo y Eduardo “Zapato” Ruffo, todos públicamente reconocidos integrantes de la Banda de Gordón, la Triple A y el Batallón de Inteligencia 601. Como si las declaraciones públicas hubieran sido poco el 30 de diciembre Carpinetti dictó el Decreto Municipal 1909 para la investigación sobre la inhumación irregular de cadáveres no identificados nombrando como responsables a Graciela Giannettasio y a nadie menos que el secuestrador Francisco Basile.
La creación de esa Comisión no habría sido aceptada por el bloque de concejales justicialistas, y efectivamente, en 2017 la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Fcio. Varela pudo confirmar al solicitar el acceso al sumario administrativo correspondiente que esa investigación nunca existió.
Está claro que con cómplices y colaboradores de la dictadura en el poder la incógnita sobre los cuerpos inhumados ilegalmente no iba a ser resuelta. Pero pasaron 40 años y las preguntas siguen sin responderse aumentando la certeza que el pacto de silencio sigue tan vivo como antes; pero también lo está la fortaleza y convicción de quienes continúan luchando por la memoria, la verdad y la justicia hasta que el último cuerpo sea identificado y el último genocida esté preso.