En el marco de la emergencia producto del COVID-19, la semana pasada hubo protestas en distintas unidades del servicio penitenciario de la provincia, las que fueron reprimidas por el personal penitenciario cuyo accionar en la Unidad Carcelaria nº 23 de Florencio Varela llegó hasta el asesinato de uno de los detenidos, Federico Rey.
En entrevista con FM La Barriada, José Luis Calegari, abogado e integrante de la Red de Defensorías Territoriales de Derechos Humanos, declaró que la muerte de Federico “es consecuencia de un sistema colapsado y de una campaña en la Unidad 23 en donde se habló de que había dos muertos por coronavirus, lo cual se difundió a pesar de ser mentira”.
“Por un lado hay un morbo de querer mostrar el video más truculento en las redes sociales, y por otro están los medios de comunicación más reaccionarios que utilizan cualquier hecho para mostrar que estos internos no deberían salir”, señaló.
Además, criticó a quienes “alientan la salida violenta desde la comodidad”. “No podemos alegrarnos o profundizar la idea de que el motín es la salida, porque está claro que en el motín mueren los pibes. Federico Rey es un caso”, advirtió.
“Los muertos los ponen nuevamente los pobres”, alertó Calegari, destacando que la autopsia de la morgue de Lomas de Zamora determinó con claridad que Federico murió a manos del servicio penitenciario.
“Federico murió porque alguien del servicio penitenciario en vez de utilizar balas de gomas, usó balas de metal, porque decidió utilizar postas prohibidas para reprimir cualquier tipo de situación”, denunció. Al respecto, refirió que surge de la autopsia que se encontraron orificios de postas de metal en el parietal, la nuca y el dorsal, además de varios impactos de balas de goma.
Frente a ello, manifestó que desde las organizaciones de defensa de Derechos Humanos están trabajando con la Defensa y el Ministerio de Justicia, “muy preocupados de que cualquiera de estos conflictos terminen peor que la muerte de Federico, que es la primera pero estamos al borde de que pasen cosas más graves”.
Asimismo, resaltó que el estallido de estos días se dio en un contexto donde el gran problema del sistema penitenciario es el hacinamiento, debido a que el sistema carcelario argentino -y en particular el de la provincia de Buenos Aires-, “está totalmente sobrepasado”.
“Hace décadas que tenemos un hacinamiento enorme en unidades que no están preparadas para tanta gente, donde no hay forma de garantizar la salud ni la alimentación. Era claro que el coronavirus iba a producir un estallido mayor en una población que estaba hacinada”, observó.
A su vez, criticó que a raíz de la difusión de imágenes en los medios de comunicación y las redes sociales, hay “una sociedad que no alcanza a dimensionar la problemática, entonces lo que hace es pedir mano dura”.
Por otro lado, recalcó que también desde la política argentina “el punitivismo ha sido utilizado como un modo de acumulación de votos”. “No da votos decir que en realidad hay que reducir la cantidad de presos, entonces es una agenda que se trabaja en privado”, puntualizó.
En consecuencia, según explicó, las cárceles están mal hace décadas, dado que ningún gobierno trabajó en serio el tema carcelario, y por lo tanto “son una caja económica para los jefes del servicio penitenciario”.
“El servicio penitenciario en el territorio de la cárcel se autogobierna, se autofinancia al igual que la policía bonaerense afuera”, denunció.
“Cuando uno piensa el tema carcelario, lo único que no puede hacer es simplificarlo”, advirtió.
Para escuchar la entrevista completa, hacé click aquí.
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