La Universidad Nacional Arturo Jauretche fue una demanda histórica de distintos sectores sociales del distrito que veían la necesidad de una casa de altos estudios en Varela. Quienes conocemos la historia detrás de su fundación, sabemos que la UNAJ fue un logro colectivo, motorizado por un grupo de vecinxs que, en el año 2003, armaron una comisión para impulsar la creación de una universidad en nuestra ciudad.
La comisión Pro Universidad Nacional de Florencio Varela formada por distintos sectores de la comunidad, expresaba el pluralismo ideológico y trabajó duramente durante varios años para difundir la idea, impulsarla y crear un proyecto acorde a las necesidades del territorio. Se organizaron reuniones, juntadas de firmas, y se buscó el apoyo de distintas personalidades de la cultura, la política y la sociedad. Curiosamente, nadie del oficialismo local apoyo la comisión o la idea de una universidad en el distrito.
Después de años de trabajo, la posibilidad de impulsar el proyecto para que la universidad fuera una realidad, implicaba trabajar con miembros de la Cámara de Diputados de la Nación para que se vote la ley de creación. Por esos tiempos la Presidenta era Cristina Kirchner y Carlos Kunkel, vecino del distrito, Diputado Nacional por el Frente para la Victoria. El actuar honesto de lxs miembros de la comisión pro universidad los llevo a coordinar con el Diputado Carlos Kunkel que por entonces vivía en nuestra ciudad, y quien es considerado y homenajeado como el “impulsor de la Unaj”.
El proyecto se volvió una realidad el 29 de diciembre del 2009 cuando se sancionó de hecho la Ley 26.576 y fue un enorme progreso para Florencio Varela. La inauguración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, el 17 de noviembre del 2010, marco uno de los hechos más importantes de la ciudad que permitió que miles de estudiantes de los diferentes barrios accedan a sus diversas carreras.
La creación de Universidades en el conurbano fue una política impulsada por el gobierno nacional que sin dudas democratizó el acceso a la educación superior beneficiando a miles de personas que pudieron acceder a sus estudios universitarios. Los números en cuanto a inscripción de estudiantes demostró la necesidad de crear una universidad en Florencio Varela, en su primer año (2011) más de 3000 personas se inscribieron y ya en el año 2015 más de 9000 eran parte de su alumnado. No está de más aclarar que la gran mayoría era primera generación de universitarixs en sus familias.
Sin embargo, el espíritu de pluralidad de ideas que tuvo la comisión inicial dio paso a un proceso distinto a partir de la asunción de las autoridades de la UNAJ. En nuestra ciudad lamentablemente el poder político en manos de Julio Pereyra, Graciela Gianettassio, Luis Genoud y Carlos Kunkel replicaron la estrategia de “copar los espacios” sin que importe demasiado ni la pluralidad ni la defensa irrestricta de los derechos humanos porque precisaban hacer de la UNAJ un nuevo espacio de poder.
Las Universidades tienen diversos órganos de gobierno: la asamblea universitaria, el rector, las distintas secretarias, representantes estudiantiles, docentes y no docentes, siempre respetando la autonomía universitaria. También existe un órgano poco conocido que es el consejo social. Según marca la Ley 24.521 de Educación Superior las universidades pueden constituir un consejo social, el cual “debe estar formado por representantes de distintos sectores e intereses de la comunidad local” y sus funciones son “colaborar con la institución universitaria en su relación con la comunidad en la que está ubicada”: https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/ley-de-educacion-superior
En el caso de la Unaj, el Consejo Social se convirtió en un órgano de poder político porque allí se designó a Julio Pereyra, Carlos Kunkel y su pareja Cristina Fioramonti además de Graciela Gianettassio, su pareja Miguel Sagiebh y el Juez de la Suprema Corte de Justicia, Luis Genoud empezaba a estar claro quiénes marcaban la agenda de la universidad.
En esos años, el trabajo de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Florencio Varela fue desnudando el rol de muchos civiles varelenses durante la última dictadura cívico militar. Uno de ellos, Luis Genoud, denunciado por Neli Bartucci en los juicios por la verdad, y responsable político de la Masacre de Avellaneda en 2002, ya que era el Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Con la llegada de la democracia, la socia política de Genoud, Graciela Gianettassio fue subsecretaría de gobierno de Florencio Varela, junto al secuestrador Francisco Basile (quien era secretario de gobierno del distrito). Ambxs estuvieron a cargo de la comisión que debía investigar los cuerpos enterrados como NN en el cementerio de Varela durante la dictadura; esa comisión nunca investigo a pesar de contar con la documentación necesaria.
Ante el planteo de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de nuestra ciudad de que Luis Genoud y Graciela Gianettassio no podían ser parte del Consejo Social, esta información fue borrada de todas las publicaciones de la UNAJ, rara forma de responder a una clara demanda de ser coherentes con los principio de la universidad pública.
Las autoridades de la UNAJ sostienen que la defensa irrestricta de los derechos humanos es parte de sus objetivos, pero en la práctica guarda silencio ante evidentes violaciones de los derechos humanos que suceden en nuestra ciudad.
Un claro ejemplo de esta doble moral fue cuando la Comisión por la Memoria solicito un espacio para realizar una actividad junto a familiares de desaparecidxs de nuestra ciudad y se les negó el espacio. La actividad se realizo el día 29 de mayo del año 2015 en la puerta de la UNAJ con la presencia de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo – línea Fundadora) Pablo Pimentel (referente de la APDH – Matanza ) Marcelo Valko (Historiador – escritor) y lxs familiares de desaparecidxs de nuestra ciudad: Nelly Bartucci, Daniel Orieta, Alejandra Souto. En esta actividad se denunció públicamente a lxs cómplices civiles de la dictadura, como Genoud y Gianettasio, lo cual dejo en claro que las autoridades de la UNAJ responden a quienes ejercen el poder real en el distrito, y en ese momento formaban el consejo social.
Otro ejemplo fue cuando se logró la condena a 13 años de cárcel al Concejal Daniel Zisuela, a fines del año 2021, por mantener una red de trata local durante 5 años; y que se inicie una investigación penal sobre funcionarios municipales, dirigentes sindicales y sociales por ser participes del mismo delito.
Lamentablemente, otra vez el silencio fue abrumador de parte de las autoridades de la universidad..
El 9 de noviembre de 2022 fueron secuestrados Lucas Escalante y Lautaro Morello, este último apareció asesinado, Lucas sigue desaparecido. La investigación estuvo llena de irregularidades en un principio, y hoy están detenidos policías con mucho poder en la provincia. Una vez las autoridades de la UNAJ nada dijeron ni dicen.
El 7 de marzo de 2022 se relanzo en consejo social comunitario de la Universidad, el cual “pretende reunir a las instituciones y actores representativos de la comunidad en la región de influencia de la UNAJ para atender problemáticas socio económicas, políticas, culturales y ambientales que afectan el territorio; y consensuar conjuntamente las posibles estrategias de abordaje y soluciones armónicas con las políticas locales y nacionales hacia un desarrollo inclusivo y sostenible” ( https://www.unaj.edu.ar/se-relanzo-el-consejo-social-y-comunitario-de-la-unaj/). Dicho así suena muy interesante, pero es llamativo que en la conformación del consejo social, no hay una sola organización que no sea oficialista, o mejor dicho, pereyrista.
Lamentablemente el discurso de las autoridades de la UNAJ sobre la defensa de los derechos humanos y el feminismo se termina cuando los investigadxs, denunciadxs o detenidxs son personajes de las tramas de poder que responden a Julio Pereyra. La UNAJ es un espacio vital y necesario para que lxs habitantes de nuestra ciudad accedan a la educación pública, existen una mayoría de trabajadores, docentes y no docentes, comprometidos con la calidad educativa, y con la defensa de los DDHH, pero la tutela política del municipio lleva a las autoridades a guardar silencio ante violaciones a los derechos humanos en nuestra ciudad.
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