En el año 2012 se votó por ordenanza del Concejo Deliberante varelense la creación del Consejo Comunitario para la Tierra y la Vivienda que debería estar integrado por diferentes organizaciones vinculadas a la temática y gestionar la vivienda digna para los sectores mas vulnerables. A 11 años de su creación nada de eso sucedió.
El Consejo es impulsado por Julio Pereyra como respuesta a las crecientes tomas de tierras en el distrito producidas ante la ausencia de políticas de acceso al hábitat y prometía dar solución a un problema central de la ciudad.
El Consejo tiene, entre otros objetivos, generar suelo urbano a partir de la Ley de Hábitat Popular sancionada en la Provincia de Buenos Aires luego de una larga lucha de diferentes sectores populares.
En el Consejo, en teoría de carácter plural y democrático, rápidamente se notó en su composición que solo podían ingresar organizaciones vinculadas a la temática si respondían sumisamente a la conducción del Intendente Julio Pereyra, una vez más la participación en un espacio estatal se tornó una farsa.
El primer presidente del Consejo fue Pablo Reynoso en representación de la Pastoral Social. En diferentes etapas se sumaron el Movimiento Evita (sector del Concejal Tony Suárez), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y el Sindicato Docente SUTEBA, en el caso de este último con nula intervención en la temática, además de funcionarios municipales y representantes del Concejo Deliberante.
Desde el comienzo se fueron generando diferentes espacios de nombres pomposos como diversos Cabildos Abiertos del Hábitat donde se hablaba de las políticas públicas del gobierno municipal como un ejemplo a seguir en la Provincia de Buenos Aires.
Es interesante repasar qué sucedió con las diferentes iniciativas que impulsó el Consejo Comunitario para la Tierra y la Vivienda de nuestra ciudad desde su creación.
El 4 de diciembre del 2014 en un acto plagado de agradecimiento a Julio Pereyra según la gacetilla municipal se entregaron las actas de Tenencia Precaria de la tierra a las 108 familias del loteo social de Villa Brown Rural que era el modelo de loteo social que el municipio iba a replicar.
Sus supuestos logros en términos de gestión del estado municipal asociados a organizaciones sociales afines son detallados hasta con euforia por los recientes militantes incorporados como docentes a la UNAJ pero la realidad hecha por tierra las euforias que se transforman en ilusiones.
A nueve años de que las familias recibieran las actas precarias de tenencia de la tierra las 108 familias que habitan el lugar continúan con un cableado precario sin medidores de luz y también están enganchados de la red de agua ya que nunca se realizó la obra para garantizar agua segura. También podemos sumar que las más de 10 cuadras para ingresar desde la Avenida Eva Perón continúan siendo intransitables.
Otra experiencia impulsada por el Consejo fue la creación de dos cooperativas la “23 de noviembre” y “Coopeteva” ambas cuidadosamente tuteladas por el SUTEBA local de repentina preocupación por el hábitat por ese entonces.
El estado nacional compraría 15 hectáreas y se firmaría un convenio con ambas cooperativas en el año 2015 para generar un loteo con servicios, firmado el convenio se trasladaron a 15 familias en condiciones de extrema precariedad con el compromiso de que rápidamente se pondrían en marcha las obras.
Al cabo de siete años de espera las 15 familias y los miembros de la Cooperativa “23 de noviembre” que se habían liberado de la tutela partidaria empiezan un plan de lucha.
Ya habían vencido los plazos del Consejo y sus autoridades ya no recorrían los loteos con eufóricos discursos, algunos cambiaron de distrito y otros estaban ocupados en otras temáticas. Ante esa realidad se renovó el Consejo y el nuevo presidente es Cristian Rodríguez Secretario General de Gestión Pública y asume como secretario Hernán Losada Director General de Regularización Dominial, el estado tiene el control del Consejo.
Las familias nucleadas en la Cooperativa “23 de noviembre” denunciaron públicamente que en el predio municipal se estaba realizando hacía varios años un loteo ilegal, la lucha permitió frenar el loteo ilegal pero se perdieron casi 8 hectáreas ¿el Consejo? ¿El municipio? parecería que no se enteraron.
Fruto de la lucha se empezaron a reubicar las familias y un puñado de ellas recibió del municipio las actas de Tenencia Precaria y se llegó a un acuerdo con AYSA para avanzar con la red de agua, aunque no hay respuesta de la red eléctrica.
Por último, uno de los casos más vergonzosos es la compra de una parcela de 15 hectáreas en el 2014 en el barrio Villa Argentina con el fin de mudar familias que viven pegadas a las vías del Roca y un sector denominado la Chanchería, esa tierra es en un poco más de la mitad inundable.
La tierra que podría servir para generar suelo urbano desde hace nueve años espera ser utilizada.
Desde el lanzamiento del Consejo Comunitario para la Tierra y la Vivienda pasaron tres años de Scioli/ Cristina Kirchner, cuatro de Vidal / Macri y casi cuatro de Kicillof /Fernández y las familias siguen esperando servicios y lotes luego de once años de su lanzamiento.
Seguramente la gestión de recursos y los cambios de gobiernos generan dificultades para acceder a los recursos para las obras, pero lo que es inadmisible es seguir sosteniendo de modo mentiroso logros que no existen y que son verdades irrefutables.
A once años de la creación del Consejo la mayoría de los dirigentes sociales y funcionarios contando la historia de los loteos ejemplares llegaron a diferentes cargos en la UNAJ o el municipio. Las familias siguen en el barrio, con luz y agua precaria o esperando el lote, como decía el General Perón “la única verdad es la realidad”.
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