En el último año Florencio Varela vive una creciente violencia vinculada a la disputa del territorio entre grupos dedicados al narcomenudeo lo cual ha dejado el saldo de numerosos asesinatos.
La zona norte de la ciudad es uno de los lugares donde esa violencia generó más muertes y la venta de drogas alcanzó niveles que solo podían suceder con complicidad policial.
El año pasado, luego de una investigación a cargo de la Ayudantía de Drogas dependiente de la Fiscalía N°1 a cargo del Dr. Provisionatto se determinó que varios miembros de la policía bonaerense eran parte de la trama del narcomenudeo. El 3 de noviembre fueron detenidos varios oficiales de la bonaerense, entre ellos Nahuel Javier Jorge González en el marco de la IPP N°13 02 000104 / 23 a quien le otorgaron la prisión preventiva bajo la carátula “tenencia de drogas para la comercialización”.
El detenido a través de sus dos abogados particulares contratados por su familia solicitó al Dr. Diego Agüero, titular del Juzgado de Garantías N°6, la morigeración de su detención y la posibilidad de seguir el proceso penal en su casa. Agüero rechazó el pedido el 9 de abril del 2024 por no reunir ningún requisito de los que establece la ley para dicho beneficio.
Los abogados particulares apelaron la decisión del Dr. Diego Agüero ante la Cámara de Apelación y Garantía en lo Penal y la decisión de brindar o no la morigeración recayó en la Sala II.
La justicia ordenó que se realice un informe social a la familia del oficial detenido donde su mujer relata que está cargo de cuatro hijos y que tiene una situación económica que cambió a partir de la detención de su pareja, o sea nada distinto a la situación en que quedan las familias de la mayoría de los privados de libertad.
Es usual que ese informe, llamado ambiental, cuando se pide una morigeración solo tenga curso favorable cuando es una mujer con niños pequeños, cuando el detenido sufre una enfermedad grave o cuando tiene más de 70 años, y la enorme mayoría de las veces es rechazado.
En este caso el Juez Luis Alejandro Gil Julián dio lugar al pedido argumentando que la mujer tuvo que salir a trabajar y que se le dificulta el cuidado de los niños, que además se enfermaron dos de los cuatro hijos y que no tiene antecedentes penales. La gran mayoría de las personas privadas de libertad sufren esa situación familiar y la misma Sala II niega la morigeración.
Las mujeres humildes que quedan solas con sus hijes en similares condiciones económicas que solicitan la morigeración de sus parejas detenidas no logran que la Sala II tenga en cuenta elementos de la situación que no son los que el código penal establece, pero la mujer de un oficial lo consiguió.
¿No se dio cuenta el juez que el oficial detenido cuenta con dos abogados particulares lo cual requiere un importante gasto económico que imaginamos solventa la familia? ¿O actúan gratis?
Que la Sala II permita que uno de los policías detenidos por comercialización de drogas que destruyen la vida de nuestros pibes se vaya a la casa porque él confía que no va entorpecer la investigación es una burla a la sociedad varelense y una clara excepción al momento de impartir justicia.
Nos queda la pregunta sobre qué poderosas razones hacen que en tiempo récord y sin reunir ninguno de los supuestos que la ley establece la Cámara II lo manda a la casa a cuidar los hijos.
Mientras el Juez Luis Alejandro Gil Julián le da el arresto domiciliario a un policía detenido por tenencia de drogas con fines de comercialización en los barrios de Varela las familias son rehenes del narcomenudeo, seguramente este juez no vive en iguales condiciones.
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