Estos días fue elevada a juicio una causa por lavado de dinero donde los acusados son María Eugenia, María Natalia, Marcelo Leonardo y Ana María Save, hijos de Miguel Leonardo Save, miembro del Centro Clandestino Automotores Orletti.
Miguel Save al igual que Luis Alberto Quino Martínez conocían bien Chascomús ya que eran nacidos en la ciudad y siendo jóvenes se integraron a la Banda de Aníbal Gordon, un grupo de civiles dedicados a secuestrar militantes políticos bajo las órdenes del ejército en el marco del Plan Cóndor.
El Plan Cóndor era un acuerdo de las dictaduras de Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil para perseguir opositores y secuestrarlos en cualquiera de esos países que se encontraran.
El 26 de septiembre de 1976 una patota de militares uruguayos y argentinos entre los que se encontraba Miguel Leonardo Save secuestraron a Adalberto Soba de su domicilio de Emilio Castro 349 en Haedo, y luego a Adalberto Mechoso Méndez, ambos eran miembros de la dirección del Partido de la Victoria de los Pueblos en Uruguay.
Al ingresar comenzaron a destruir las paredes y pisos hasta encontrar una caja de madera con dólares de la cual se apropiaron.
El dinero fue repartido entre militares uruguayos y militares más civiles argentinos quedando para los últimos aproximadamente ocho millones de dólares que al valor actual la justicia estima en 100 millones de dólares.
Aníbal Gordon, jefe de la banda de civiles donde actuaba Miguel Save, luego de repartir el dinero con los miembros del ejército compró un importante predio en Chascomús a las familias Girado y Vanzatto y crean la Empresa Boating S.R.L para construir un barrio privado en el actual barrio Girado de Chascomús.
El 14 de mayo de 2013 el respetable defensor de los derechos humanos Norberto Liwsky hizo público en una conferencia de prensa que un ciudadano de Chascomús llamado Adolfo Ceferino Barberán manifestaba “que en un predio en la zona de barrio Girado desde 1976 se habrían enterrado cuerpos NN de detenidos desaparecidos”, si bien no se encontraron cuerpos se empezó la investigación sobre los dueños de los predios.
El proyecto de barrio privado organizado por Aníbal Gordon y Miguel Save quedó trunco por una interna con el general Ramón Camps, jefe de policía de la provincia, por lo cual al momento que comenzaron las tareas en el lugar en enero de 1977 unos 30 trabajadores fueron secuestrados y alojados en la comisaría de Chascomús por varios días sufriendo violencias varios días.
En el predio estuvo Aníbal Gordon acompañado de los agentes de inteligencia Miguel Save y Luis Alberto Quito Martínez, encargados de la compra de las tierras y la logística de las obras.
La investigación del juez federal de Dolores, Ramos Padilla, determinó que los hijos de Miguel Save con diferentes mecanismos ilegales que incluyen falsificación de documentos públicos lograron poner a su nombre el predio en cuestión y administrarlo como propio.
Esta historia demuestra cómo el ejército no solo secuestraba y asesinaba, sino que además se robaban dinero y bienes de las víctimas para, en este caso, construir un barrio privado en Chascomús.
En tiempos en que los sectores negacionistas pretenden mostrar a las fuerzas de seguridad como honestos defensores de la patria, es fácilmente comprobable cómo el robo y el saqueo económico también estaban incluidos en sus brutales prácticas.
La historia llega a su fin y los hijos del secuestrador Miguel Save serán condenados por actuar de modo similar que su padre.
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