Un avance por el derecho a decidir

Tal como anunciara ayer en conferencia de prensa el Ministro de Salud, Ginés González García, esta mañana se publicó en el Boletín Oficial el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.

Mediante la resolución 1/2019 se dio a conocer la actualización del Protocolo ILE, la cual “tiene como objetivo ofrecer una guía a los equipos de salud para que cumplan con su responsabilidad en la interrupción legal del embarazo contemplado en el marco jurídico argentino”.

Al respecto, cabe recordar que las causales que habilitan a solicitar una ILE son “que el embarazo constituya un peligro para la salud o la vida de la persona gestante, o que haya sido producto de una violación”.


Según explicó González García, este nuevo protocolo pretende ser “una guía de procedimientos” y apunta a que en cualquier lugar de la Argentina “se cumpla de igual manera y con igualdad de derechos a cualquier habitante del país”.

“Confío en que las provincias mayoritariamente se adhieran”, declaró el Ministro y señaló que “lamentablemente algunas provincias grandes –por ejemplo Buenos Aires- no lo aprobaron”.

En este sentido, Economía Feminita realizó un mapeo sobre la aplicación del protocolo según el cual 11 provincias habían adherido al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, en tanto que otras 5 (entre las que se encuentra Buenos Aires) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elaboraron textos propios. Por otra parte, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Mendoza, San Juan, Formosa y Catamarca no adhirieron ni cuentan con normativa propia.

Extraído de Economía Feminita

Según el nuevo ministro, el nuevo protocolo representa “un instrumento sanitario para que se cumpla no sólo con la ley sino también con los derechos de las personas que lamentablemente están en una situación de interrupción legal del embarazo”.


Por su parte, desde la Campaña Nacional por el de Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito advirtieron que “la decisión de Ginés González García es fundamental para que el Estado atienda nuestra lucha”.

“Estamos recuperando un piso de derechos”, celebraron desde la Campaña, aunque también declararon que exigen la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, “que forma parte de la emergencia social”.


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