Repensar la Memoria, la Verdad y la Justicia

Este año la conmemoración por el día de la Memoria, la Verdad y Justicia fue distinta: frente a la cuarentena total, la consigna fue un Pañuelazo Blanco que se reflejó tanto en imágenes en redes sociales como en banderas en los frentes de las casas.

El aislamiento social impidió la tradicional marcha hacia Plaza de Mayo en repudio al último golpe de Estado cívico-militar, pero tanto en redes sociales como en medios de comunicación este 24 de marzo invitó a reflexionar sobre la larga lucha por los Derechos Humanos.

En este contexto, FM La Barriada 98.9 realizó un programa especial en donde les invitades analizaron el contexto socio histórico en el que tuvo lugar la última dictadura militar, la lucha por justicia y los resabios que dejó en el imaginario de nuestra sociedad.

“En 43 años es la primera vez que no voy a la Plaza”, señaló Pablo Pimentel, integrante de Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, en entrevista con FM La Barriada.

Pimentel reflexionó sobre la importancia de las marchas que comenzaron al año siguiente del golpe de Estado: “mientras Rodolfo Walsh publicaba la carta a la Junta, un grupo de ciudadanos y ciudadanas marchábamos en contra del golpe” y opinó que “el mejor recuerdo y el mejor homenaje que le podemos hacer a los 30 mil desde la casa de cada uno es hablar, con nuestros hijos, nietos y vecinos”.

Democracia en deuda

 “La lucha por los Derechos Humanos no se agota en el reclamo de justicia por les 30 mil compañeres desaparecides”, recordó José Luis Calegari, quién además de ser parte del Centro Angelelli, integra la Comisión por la Memoria de Florencio Varela y la red de Defensorías Territoriales en Derechos Humanos.

En la entrevista con FM La Barriada, Calegari señaló que ante una emergencia sanitaria sin precedentes, la situación de las cárceles “es un tema que se tiene que charlar en el marco de Derechos Humanos”.

“La cárcel es un lugar en deuda con la democracia”, denunció al señalar el proceso de deterioro y los niveles de corrupción que tuvieron lugar en las unidades carcelarias de la provincia desde el regreso de la democracia.

Frente a la situación sanitaria actual y dadas las condiciones de hacinamiento de las unidades penitenciarias, destacó “la necesidad de repensar el modo de sanción” ya que el sistema carcelario tiene a personas detenidas que en dos meses se irían por cumplimiento de condena, por lo que en estos casos “la libertad domiciliaria sería un elemento de desagote”.

Además, explicó que históricamente el Estado sólo ha financiado una parte de los alimentos, por lo que ante el aislamiento social se entabló un diálogo con el gobierno municipal con el fin de que las familias –con las pertinentes medidas de cuidado- puedan seguir ingresando al penal para proveérselos.

“Hace falta diálogo, porque si no los muertos los ponen siempre los mismos y en la cárcel son los pobres”, señaló y agregó que también desde la Mesa de Diálogo creada a fines del pasado diciembre, de la cual la CPM forma parte, se encuentran conversando con el Ministerio de Justicia al respecto de la distribución de alimentos.

Por otra parte, también destacó que se está buscando lograr un nivel de atención médica de mayor calidad en el Complejo Penitenciario de Florencio Varela, con el fin de que las personas detenidas no salgan al hospital local, tanto en virtud de su saturación como también para evitar contagios.

“Es un momento donde hay que pensar en clave de derechos, no podemos habilitar la mano dura”.

Desaparecidos en democracia

“Fue el mismo ejército que actuó en la dictadura el que con los mismos métodos de terror llevó la represión de les compañeres en el cuartel de La Tablada”, denunció Irene Provenzano, hija de Francisco “Pancho” Provenzano, uno de los cuatro desaparecidos del 23 y 24 de enero de 1989.

En diálogo con FM La Barriada, Irene Provenzano destacó que muchos de les compañeres del Movimiento Todos por la Patria (MTP) eran los mismos luchadores de los años 70, y quienes eran nuevos “compartían sus ideales y sus búsquedas revolucionarias” y que en el 89 cuando tomaron el cuartel fueron “brutalmente masacrados, torturados y en algunos casos desaparecidos” por el ejército.

“Esas fuerzas represivas del Estado actuaban en democracia de la misma manera que habían  actuado hasta el 83”, resaltó.

Por otra parte, recordó que recién el año pasado terminó el primer juicio oral contra el máximo responsable del operativo militar, Alfredo Arrillaga, quien también fue condenado por crímenes durante la dictadura. Ese juicio fue concretamente por el homicidio y desaparición de José Díaz, uno de los cuatro militantes del MTP desaparecidos en la Tablada. Este juicio, según explicó, permitió probar que “hubo muchas más responsabilidades militares en esa represión pero también un ocultamiento y encubrimiento judicial en democracia que permitió 30 años de la más completa impunidad”.

“Tenemos que seguir investigando para condenar a los responsables militares que faltan, pero también al resto de las complicidades políticas y judiciales que permitieron que estos hechos fueran silenciados y quedado impunes”.