Desde la Agencia de Noticias La Barriada hemos accedido a un cúmulo importante de documentación que demuestra cómo las autoridades municipales son responsables de permitir la trampa mortal donde murieron ahogados más de 20 pibes.
En 1995 cuando se autoriza a la Empresa Aster S.A, que era manejada por el oscuro abogado Arturo Rodríguez Da Silva y Antonio Scarpatto, el intendente era Julio Pereyra, el secretario privado de este era Gualberto el “Pájaro» Ríos, el secretario de Gestión Pública Luis Genoud, el secretario de Legal y Técnica Carlos Kunkel y el secretario de Obras Públicas Hugo Pereyra.
Las leyes exigían que para la explotación de tosca se debía presentar un proyecto donde se establecía el máximo de tosca a extraer, qué profundidad podía tener como máximo, y la realización de los taludes y mojones para controlar los niveles de extracción. La extracción de tosca está incluida dentro de la minera de devolución por lo cual se extrae por cuadrículas y se vuelve a rellenar con materiales orgánicos y de esa manera se evitan los daños ambientales.
La Empresa Aster S.A nunca hizo los mojones, tampoco los taludes ni se obligó a la empresa a cercar el lugar dejando fuera del perímetro las calles de uso público. Las inspecciones municipales que debían determinar cuántos metros cúbicos de tosca se extraían, y por ende cuánto debían pagar de canon las empresas, fue suplantado por una declaración jurada que la Empresa entregaba.
El proyecto establecía que podían extraer como máximo 165.175 metros cúbicos de tosca con una profundidad máxima de 15 metros. En julio de 1997 la tosquera se inundó parcialmente y el municipio realizó una inspección y determinó que la empresa había extraído 1.850.500 de metros cúbicos, había perforado a más de 15 metros y dañado las napas Pampa y Puelche.
El daño ambiental en 1997 era muy claro y el municipio debía rescindir el contrato de explotación, ejecutar la cláusula de donación a favor del municipio, realizar una denuncia penal contra la empresa y una medida cautelar para evitar que la misma se declare insolvente. Julio Pereyra y su equipo de gobierno no hicieron nada de lo que debían hacer y la explotación de la tosquera continuó.
La empresa decidió sacar el agua con bombas y seguir sacando tosca llegando a 40 metros de profundidad y a 2.417.625 de metros cúbicos, el daño ambiental era criminal. El intendente Julio Pereyra y sus funcionarios de modo deliberado no exigieron los mojones, taludes ni actuaron legalmente. En julio de 1997 cuando el daño ambiental era evidente, decidieron seguir recaudando a través de coimas antes que proteger el medio ambiente y las familias, las consecuencias son más de veinte personas muertas.
Julio Pereyra, Gualberto Ríos, Carlos Kunkel, Luis Genoud y Hugo Pereyra son los responsables de esa trampa mortal y de las muertes.
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