Mientras la crisis económica golpea a millones de familias y el acceso a la tierra y a la vivienda continúa siendo un problema sin resolver, el Gobierno nacional impulsa en el Congreso una reforma que podría cambiar profundamente quiénes pueden controlar el territorio argentino.
Bajo el nombre de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», el proyecto propone modificar la Ley de Tierras Rurales, eliminando buena parte de los límites que hoy existen para la compra de tierras por parte de capitales extranjeros. Según distintos especialistas, la iniciativa representa un cambio de paradigma: el Estado dejaría de contar con herramientas centrales para regular la concentración de tierras y proteger recursos estratégicos como el agua, los bosques, los glaciares y las zonas de frontera.
La discusión no es solamente jurídica. La pregunta es profundamente política: ¿quién decide sobre los bienes comunes de nuestro país?
Los datos oficiales muestran que el proceso de extranjerización ya avanza sobre amplias regiones de la Argentina. En algunos departamentos de Neuquén más de la mitad de la superficie ya pertenece a capitales extranjeros. En Salta existen departamentos que superan ampliamente los límites establecidos por la legislación vigente. En Misiones y Corrientes la concentración de tierras también afecta zonas estratégicas vinculadas al río Paraná, la producción forestal y el acceso al agua.
Los especialistas advierten que, si se aprueba la reforma, el país podría perder capacidad para controlar un proceso que ya genera preocupación en distintos territorios. La tierra dejaría de ser considerada un bien estratégico sujeto a regulación pública para quedar cada vez más sometida a las reglas del mercado.
Pero el debate no termina allí.
El proyecto también modifica normas vinculadas con barrios populares, vivienda y desalojos. Diversas organizaciones de derechos humanos sostienen que las reformas debilitan la protección de millones de personas que viven en barrios populares y reducen las responsabilidades del Estado en materia de integración urbana y derecho a la vivienda.
Cuando se habla de tierra no se habla únicamente de hectáreas. Se habla de alimentos, de producción, de comunidades campesinas, de pueblos originarios, de agua, de bosques, de soberanía y del derecho de las futuras generaciones a decidir sobre los recursos del país.
En un contexto donde el Gobierno promueve el RIGI, impulsa cambios en leyes ambientales y plantea una fuerte desregulación económica, la modificación de la Ley de Tierras aparece como una pieza más de un modelo que prioriza la llegada de grandes inversiones privadas. Sus defensores sostienen que generará mayor seguridad jurídica y atraerá capitales. Sus críticos advierten que podría profundizar la concentración de la tierra y reducir la capacidad del Estado para proteger recursos estratégicos.
Por eso, el debate que hoy atraviesa el Congreso merece mucho más que una discusión técnica. Nos interpela como sociedad y obliga a preguntarnos qué modelo de país se está construyendo y quiénes serán los principales beneficiarios de estas reformas.
Porque cuando la tierra cambia de manos, también cambia el poder.
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