Hoy las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) confirmaron que un detenido alojado en la Unidad Penitenciaria Nro. 42 de Florencio Varela está internado en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda por haber dado positivo en el test por COVID-19.
Según informó el SPB, el viernes el detenido de 49 años fue trasladado al Hospital General de Agudos Presidente Perón donde tres veces a la semana recibe un tratamiento de diálisis por padecer una enfermedad renal crónica, siendo que los médicos advirtieron que tenía fiebre, por lo que decidieron realizar el correspondiente test que, según se conoció hace pocas horas, dio positivo.
En tanto el detenido quedó internado en dicho hospital, las autoridades penitenciarias comunicaron que “aplicando rigurosamente” el protocolo de contingencia de salud por el COVID-19 aislaron a otros cuatro detenidos con quienes compartía la sala en el área de Sanidad del establecimiento penitenciario y a otro que realizaba tareas de mantenimiento en ese sector.
Por otra parte, también dispusieron la cuarentena de nueve agentes penitenciarios que trasladaron al detenido al Hospital y de otro que trabaja en la sala de Sanidad.
Además, desde el SPB aclararon que “desde que inició la pandemia se realizan frecuentes tareas de desinfección” en todos los pabellones y “con mayor intensidad” en los sectores de Sanidad, en tanto que para los movimientos de traslados “aplicaron las medidas de bioseguridad dispuestas” (uso de barbijos y guantes), en tanto que la Unidad 42 instaló una cámara de asepsia para los agentes penitenciarios.
No obstante, también desde el inicio de la emergencia sanitaria organizaciones de defensa de los Derechos Humanos ya habían denunciado la sobrepoblación carcelaria, la habitual falta de elementos de higiene y de alimentos en los establecimientos penitenciarios, lo que se agrava en el contexto de la emergencia sanitaria.
En este sentido, el 21 de marzo la Red Nacional de Organizaciones Contra la Tortura había emitido un comunicado dirigido a las distintas autoridades judiciales y ejecutivas solicitando que se tomaran medidas urgentes a fin de proteger a las personas privadas de la libertad, pidiendo, entre otros puntos, que se redujera la sobrepoblación, revisando prisiones preventivas de delitos no violentos y otorgando libertades condicionales o asistidas.
Este primer caso en el Complejo Penitenciario de Florencio Varela se da en un contexto donde Casación Penal de la provincia habilitó mediante una resolución aproximadamente 600 libertades, en base a problemas de salud o por tratarse de personas mayores de 65 años.
En este sentido, José Luis Calegari de la Red de Defensorías Territoriales de Derechos Humanos explicó que “se está buscando descomprimir con criterios de política criminal que corran el eje del punitivismo”, de forma que permitan el egreso de casos puntuales a partir de informes criminológicos y de información precisa.
“Las cárceles están totalmente sobrepobladas, y el Coronavirus en un lugar sobrepoblado va a ser un desastre”, alertó Calegari.
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