Diversos referentes, redes, instituciones, organizaciones de niñeces y adolescencias, sociales, estudiantiles, de DDHH, académicas, sindicales, religiosas y políticas; trabajadores y trabajadoras, militantes y defensores y defensoras de los derechos de niñeces y adolescencias de todas las provincias del país que conforman la “Mesa de Articulación de Niñez”, una organización plural y sin adscripción partidaria, se reunieron y se pronunciaron ante la idea del actual gobierno de debatir una posible baja en la edad de imputabilidad.
Así pues, esta Mesa viene a manifestar, por medio de un comunicado, que el proyecto de ley de responsabilidad penal juvenil presentado por el Poder Ejecutivo vulnera (en forma gravísima) la libertad y los derechos de lxs pibxs y, de igual forma, afecta y pone en peligro todos sus derechos.
En uno de los puntos del documento de la Mesa se afirma que: “el proyecto de ley indica abordar el problema del delito juvenil desde una perspectiva integral”. No obstante, asistimos al desmantelamiento y cierre de las políticas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. Los únicos recursos que se asignan, se destinan a las “fuerzas represivas”.
“El proyecto dice, falazmente, responder a la Constitución Nacional y a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pero bajar la edad de la punibilidad y ampliar la actuación del sistema penal va en contra de esa afirmación […]” El proyecto agrava el actual sistema penal y retrotrae al paradigma tutelar y de judicialización de la pobreza.
Y continúa: “Y omite que el hecho de que sean captados por bandas criminales, se debe a la decisión política de dejar zonas liberadas al narcotráfico con connivencia policial, judicial y del poder político”.
Ante esto, la Mesa propone: “deben ser tratadxs (Lxs Pibxs) como víctimas de las bandas criminales, y no como responsables, por la captación”.
La ley actual posibilita la intervención judicial y por eso hay niñxs privadxs de la libertad por debajo de los 16 años en la Argentina, más allá que en el proyecto se expresa que no se puede. Esto es, por supuesto, como mínimo engañoso.
Además, el proyecto indica que, como las tasas del delito aumentan, es necesario bajar la edad de punibilidad. Por el contrario, las mismas estadísticas a las que recurre no justifican, sino que contradicen, esa afirmación. Y esto es así porque en los datos oficiales recabados se demuestra que la mayoría de los hechos cometidos por adolescentes son por parte de mayores de 16 años y que solo una mínima proporción son atribuidos a adolescentes que no llegan a esa edad.
Por todo esto, la Mesa también aclara: “No se trata de legislar en base a casos aislados, que resuenan, justamente, por su excepcionalidad y alientan una demagogia punitivista que utiliza inescrupulosamente el dolor de las víctimas, respecto de quienes – el mismo proyecto- hace un aparente reconocimiento de derechos”. Estos no son argumentos para siquiera pensar en el Proyecto que pretenden debatir.
Por último, en unos de los párrafos del documento de la Mesa se explica: “En ningún artículo hace mención al presupuesto destinado a su implementación, evidenciando que las provincias deberán financiar su ejecución. De modo que ya es posible vaticinar un colapso del sistema, en especial de los ministerios públicos, y muy particularmente, de la defensa pública”.
Desde la Mesa, finaliza su comunicado, “apelan a la responsabilidad que tienen como legisladores y legisladoras votados democráticamente y les solicitamos tomar el tema con seriedad, no utilizar a niñas, niños y adolescentes para desviar el foco de los temas importantes que hoy afectan al país”.
Un Estado Nacional debe dar seguridad y garantizar la concreción de los derechos y una ley de responsabilidad penal juvenil que cumpla con la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes es lo que realmente se necesita.
¡NO A LA BAJA EN LA EDAD DE LA PUNIBILIDAD, SÍ A LOS DERECHOS DE TODXS LXS PIBES Y PIBAS!
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