En el marco que el gobierno nacional ve con buenos ojos la derogación del DNU 70/2017 que había firmado el ex presidente de la Nación Mauricio Macri para endurecer los controles migratorios y apresurar la expulsión de persona migrantes en la Argentina, diferentes organizaciones y redes que defienden los derechos humanos de la población migrante se reunieron con el consejo de asesores de la Presidencia de la Nación.
Entre las preocupaciones de las organizaciones está por un lado la vigencia de de dicho decreto y por otro, las consecuencias que originó su implementación; mayor criminalización, discriminación y una profunda regresión en materia de derechos.
Voceros de las organizaciones migrantes destacaron la preocupación del gobierno actual por avanzar esta materia y como primer paso los funcionarios solicitaron a las organizaciones presentes que elaboren un informe con los diferentes puntos solicitados para ser presentado al presidente Alberto Fernández y poder así avanzar en la restitución de los derechos de dicha población.
Las organizaciones por su parte agradecieron el recibimiento y dejaron clara su consigna que “migrar no es un delito”.
Las y los participantes de esta reunión fueron: Diego Morales, del CELS; Mariana Fontoura Marques de Amnistía Internacional; Alfonso Rojas del Centro Angelelli y la Red Nacional de Líderes Migrantes; Zulema Montero, de Yanapacuna; Doris Quispe de Campaña Migrar no es delito; Bamba Diome de Dahiras Mouridies; Dona Palacios de Red de Migrantes y Refugiadxs; Gabriela Liguori de CAREF; Demian Zayat de COPADI; Florencia Mazzadi de Asociación Civil Cine Migrante y Ana Paula Penchaszadeh por el Conicet.
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