En 1992 cuando llegó Julio Pereyra a la intendencia bajo el padrinazgo de Luis Genoud y Graciela Gianettassio, se dio inicio al proceso de consolidación de las tramas mafiosas como fuente de recaudación ilegal y una justicia adicta para garantizar impunidad.
El rol de Luis Esteban Genoud fue clave en el desarrollo del poder judicial local y en la designación de personas obedientes, aunque no tuvieran la idoneidad, esto último era lo de menos.
El poder político del trío Pereyra, Genoud y Gianettassio se impuso frente a la resistencia del fiscal general de Quilmes Marcelo Draghi que tuvo que soportar que una parte de los fiscales designados en Varela se hicieran los indiferentes ante sus directivas.
En esa oleada de funcionarios y funcionarias judiciales que se designaron en Florencio Varela apareció una joven empleada judicial que como antecedente podía mostrar su vínculo con el presidente del Colegio de Abogados de Quilmes Bienvenido Basalo, y la dupla Pereyra/Genoud, con eso alcanzó para su meteórica carrera en ascenso.
El 1 de marzo del 2009 con tan solo 30 años y sin antecedentes académicos Mariana Dongiovanni es designada secretaria del Juzgado de Garantías N°5 a cargo de Julián Busteros. Su carrera meteórica fue en ascenso de la mano de sus «padrinos» y el 18 de junio del 2016 fue designada titular de la Fiscalía N°2 con tan solo 36 años. En ambas designaciones aplaudían en primera fila sus padrinos políticos Luis Genoud y Julio Pereyra que sabían que su gran virtud era la obediencia, que es lo único que les importa a los dueños del poder.
Su tarea durante 8 años al frente de la Fiscalía N°2 fue un escándalo y estuvo claramente al servicio del poder político con connivencia policial en las causas sensibles.
El 11 de febrero del 2017 se produce la “masacre de Senzabello”. Un grupo de jóvenes mujeres son acribillados en Avenida Senzabello, hecho en el que está muy clara la disputa de bandas del narcomenudeo, una de ellas le tira «dos pibas muertas al poder político». La labor de Dongiovanni junto al jefe distrital Roberto Mongelos logra que la causa no tenga ningún detenido ni condenado.
El 9 de diciembre del 2022 son secuestrados Lautaro Morello y Lucas Escalante, la tarea de la fiscal Dongiovanni fue claramente obstruir la investigación, lo que queda al descubierto cuando la toma el fiscal Daniel Ichazo y avanza deteniendo varios miembros de la bonaerense.
Este año la familia de Lautaro Morello inició, acompañada de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el jury de enjuiciamiento para que Mariana Dongiovani sea expulsada del poder judicial.
El poder político aún diezmado por el fallecimiento de Graciela Gianettassio y la grave situación de salud de Luis Genoud salió en auxilio de la obediente funcionaria y comenzaron a imaginarse un plan. Ese plan por un lado consiste en sacar a Dongiovanni de la Fiscalía N°2 donde está claro que no puede continuar para protegerla, pero además garantizar que siga cobrando como fiscal. La creativa salida es que se encargue de las audiencias de flagrancia que lleguen a los Juzgados de Garantías N°5, 6 y 8, y de esta manera se evita que se siga incendiado en investigaciones futuras sin perder en ingreso económico tan preciado.
El poder político siempre tiende a creer que la gente se olvida en poco tiempo y la chamuscada carrera judicial de Dongiovanni quizás pueda reverdecer a futuro.
La capacidad de lucha de la familia Morello, a la que se suman otras familias y el acompañamiento de sectores que el poder político no puede controlar, no van a permitir que se «maquille una salida» para la fiscal Dongiovanni quien debe responsabilizarse por sus acciones como funcionaria pública.
Los funcionarios judiciales honestos no pueden acceder a esta jugada que es una canallada para las familias de las víctimas que no tuvieron justicia gracias al rol de Dongiovanni.
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