En medio de la marcha universitaria más importante desde la vuelta a la democracia, donde cientos de miles de argentinas y argentinos salieron a la calle a defender la universidad pública, el gobierno nacional miente para deslegitimar los reclamos.
Lo llamativo es que a la multitudinaria movilización también se sumaron estudiantes y docentes de universidades privadas como UADE, UCA, San Andrés y Di Tella lo cual demuestra la profundidad del reclamo.
El sistema universitario estatal tiene 65 casas de estudios superior universitario, entre universidades y centros universitarios en el país nucleadas en Concejo Nacional Universitario (CIN) y todas fueron parte de la multitudinaria movilización a lo largo y ancho del país.
El reclamo central es que el gobierno no presentó el presupuesto 2024 y está financiando las universidades con fondos al valor del año 2023, frente al casi 300 % de inflación en el último año. Entonces el gobierno pretende aportar fondos que cubren el 30 % del gasto total, con lo cual en junio la mayoría de las universidades estarían cerrando las puertas; esta situación quedo muy claro cuando muchas universidades, entre ellas la UBA y la UNAJ, recibieron la factura de luz de marzo 2024 con un monto de casi 12 millones de pesos, frente los 2 millones de pesos que se pagaron de luz en marzo 2023.
Otro dato falso del gobierno es que «los fondos públicos no se auditan», cuando las universidades son auditadas por la AGN (Auditoría General de la Nación) un organismo que controla todos los fondos del gobierno y siempre está en manos de la oposición parlamentaria.
En los últimos cuatro años durante el gobierno de Alberto Fernández la AGN fue presidida por Pichetto en representación del Macrimismo durante cuatro años. Cabe destacar que las universidad privadas también reciben financiamiento estatal y representan solo el 20 % de los estudiantes del país, mientras que las públicas reúnen el 80 % del total del estudiantado; pero no vemos adeptos del gobierno pidiendo auditorias, rendicion de gastos o tratando de ñoquis a estudiantes y trabajadorxs de las universidades privadas.
Otro dato falso repetido, también por medios de comunicación afines al gobierno es “que el 22 % de los estudiantes son migrantes”, según datos oficiales solicitados por La Nación Data «la población de estudiantes extranjeros en universidades publicas es el 4,25% y en las privadas el 5,58%”.
La misma fuente de datos sostiene que entre el 2010 y el 2022 el caudal de alumnos creció en un 47% en las universidades publicas y también entre los graduados.
Milei sostiene que la mejor etapa del país fue desde fines del siglo XIX hasta el comienzo de la democracia en 1916 y afirma que con el voto secreto, universal y obligatorio comenzó la decadencia del país. Queda claro que el desfinanciamiento de las universidades que impulsa Milei coincide con su repudio a la Reforma Universitaria de 1918 y todo el proceso democrático iniciado en 1916.
La universidad pública es un pilar fundamental de nuestro país donde no sólo se estudian carreras de grado y posgrado sino que son espacios donde se investiga, se dictan talleres, cursos y formación en distintos ámbitos para toda la comunidad. La universidad tiene un efecto expansivo en la sociedad generando igualdad de oportunidades, y la enorme movilización de ayer demostró el repudio de la población a la postura de Milei, que pretende destruirla.
LAS MENTIRAS DE MILEI SOBRE LA UNIVERSIDAD PUBLICA: AUDITORIAS, MIGRANTES Y UNIVERSIDAD PRIVADA
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