La “Tosquera de Scarpato o de Villa Hudson” está ubicada en el barrio Villa Hudson y no es una laguna natural sino que fue producto de la acelerada extracción de tosca (tipo de roca especialmente útil para la construcción). El gobierno municipal, lejos de controlar esto permitió ese desastre ambiental y se generó un sistema de coimas que beneficiaba a los funcionarios políticos y a los empresarios poderosos.
En 1992 había llegado a la intendencia Julio César Pereyra, un militante del barrio Don Orione, ex obrero telefónico sustentado por la poderosa dupla que representaban Luis Esteban Genoud y Graciela María Giannettasio.
Con una dosis distinta de poder, se encontraba Carlos Miguel Kunkel y, asimismo, el ambicioso Segundo Gualberto “el Pájaro” Ríos, quién se imaginaba intendente en un futuro no muy lejano.
Ese grupo empezó a construir un “sistema de recaudación ilegal” que hasta entonces se sostenía con la “plata negra” de la obra pública para luego montar tres negocios emblemáticos de nuestra ciudad: la “Feria San Juan Bautista” o Feria de Senzabello, el Proyecto Hortícola la Voz del Campo (acompañado del mercado de frutas y verduras Mervar)y la “Tosquera de Hudson”.
Cada uno de esos negocios precisaba una fachada jurídica y, ya sea una cooperativa, una sociedad anónima o una sociedad de hecho; el gobierno municipal generaba dichas condiciones jurídicas, miraba para otro lado o colocaba funcionarios (o, tal vez, militantes) para garantizar el control del negocio y el hecho de recaudar por fuera de la ley.
“La Tosquera de Villa Hudson” tuvo una primera etapa que fue cambiar las zonificaciones para que se constituyera una “isla zonificada como rural” justo debajo de las redes de alta tensión, lo cual transformaba ese predio en un lugar de escaso valor inmobiliario y sujeto a restricciones del electroducto pero con un enorme reservorio de tosca.
Esa zonificación rural estaba “pegada” al “Arroyo Las Conchitas”, lo que aseguraría que, cuando se extrajera la tosca sin control y se fueran inundando las napas contaminando el agua de los acuíferos, se podría bombear dicho arroyo y seguir sacando tosca.
¡Un verdadero desastre ambiental del cual eran totalmente conscientes los empresarios y los funcionarios!.
El 17 de agosto de 1995, el abogado Arturo Rodríguez Da Silva (presidente de la Empresa ASTER S.A.) presenta una nota que da inicio al expediente 4037 – 21712 – E – 95 dónde solicita autorización para comenzar la explotación de extracción de tosca pues el proyecto tenía varias virtudes como: “beneficiar a las empresas al tener las rocas cercana a las obras”. Pero, además, incluía “beneficios” para la ciudad ya que se comprometían a donar al municipio “el espejo de agua que quedaría luego de las extracciones”. Así, quién presidía ASTER S.A. le decía al municipio (sin ningún descaro) que quedaría un pozo de agua que sería una trampa mortal, que las napas de agua serían contaminadas al igual que el “Arroyo Las Conchitas” pero que para esto hacía falta la complicidad del gobierno municipal encabezado por Julio Pereyra. ¡Abiertamente, se ponían las cartas sobre la mesa acerca de lo que pasaría y de lo que la Municipalidad, a cargo de Pereyra, aceptaría encubrir, respaldar y solventar!.
Por tanto, el lobby empresario lo encabezaban las empresas contratistas que hacían pavimentos: COVIARES S.A., AUBA S.A., COVIMET S.A. y AUMAR S.A. Éstas mantenían un diálogo fluido con Julio Pereyra y Carlos Kunkel ,que serían grandes agraciados de este “acuerdo ilícito”. Los campos indicados para comenzar la obtención de la tosca, por su parte, pertenecían a la familia Scarpato que hacía muchos años vivía en la ciudad y estaba vinculada a la venta de materiales de construcción.
El negocio era millonario para las empresas pavimentadoras que comprarían tosca más barata y cerca de sus obras y para la Empresa ASTER S.A. de Da Silva que, a su vez, empieza a ser integrada por Antonio Scarpato (dueño de los corralones y del predio de Villa Hudson en cuestión). Mientras, Pereyra y Kunkel encabezaban y manejaban los nuevos negocios de recaudación ilegal.
Como ya se ha señalado, para que esto prospere era fundamental que el Municipio de Florencio Varela no ejerciera los controles establecidos en las leyes ambientales y que se mantuviera un canon por metro cúbico de tosca de $0.002 centavos, que había sido rebajado anteriormente por el Concejo Deliberante tras la propuesta del Concejal Luli Ghio (vinculado a los hornos de ladrillos e impulsor de las tosqueras como espacios turísticos). Todavía se recuerda el debate en defensa de las tosqueras donde se bajó el canon cuando el concejal Ghio propuso “que en el pozo inundado se podría realizar cría de pejerreyes y hasta habilitar una confitería giratoria”, el ya fallecido concejal era (aparte de un claro lobista de los hornos de ladrillos y tosqueras) cuñado del condenado Daniel Zisuela.
Finalmente, en 1995 se da inicio a lo pactado en cuánto a la tosca con una habilitación provisoria del municipio dentro de la categoría minería de devolución que debería tener estrictos controles municipales. Julio Pereyra, Carlos Kunkel y Gualberto “el Pájaro” Ríos conformaban el trío que conducía políticamente la administración municipal y eran los responsables del cumplimiento de las leyes ambientales. No es de extrañar que eligieron amontonar millonarias sumas de dinero ilegal antes que cumplir con los deberes de funcionarios públicos.
¡No controlaron los amojonamientos, no exigieron planos mensuales de avance de la extracción de tosca, tampoco las planimetrías para controlar la profundidad de la extracción y mucho menos controlaron el avance de las obras!
DE ESTA FORMA, A PARTIR DE ALLÍ:
LA TRAMPA MORTAL ORIGINADA POR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL (ENCABEZADO POR JULIO CÉSAR PEREYRA) ESTABA EN MARCHA Y CON EL OBJETIVO DE PERPETUARSE EN EL TIEMPO.
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