Capítulo 3
¡El increíble rol de “la familia judicial” en la trama de empresas y su vínculo con el abogado Arturo Rodríguez Da Silva!
Para llevar adelante el negocio de la “Tosquera de Hudson” fue clave el rol del abogado Arturo Rodríguez Da Silva y su vinculación con el poder político municipal y con el poder judicial.
Cómo mencionamos en notas anteriores, Julio Pereyra y Carlos Kunkel (desde su rol de intendente y secretario de gobierno) impulsaron una caprichosa zonificación que permitió que la empresa ASTER S.A. solicitara permiso para la extracción de tosca en el lugar indicado. Pero, además, de modo más llamativo aún; el Concejo Deliberante desde el Bloque Justicialista (a mediados de 1993)impulsó una enorme rebaja del canon (monto de dinero) que las empresas que extraen tosca debían pagar al municipio, ¡justo antes de comenzar la extracción en la “Tosquera de Hudson”!. Es muy raro que ante el inicio de una tosquera el municipio impulse bajar el monto de $2 a $0.002 el metro cúbico, ¿qué poderosa razón habrá logrado ese milagro, no?.
Vayamos por partes. Siempre llamó la atención que un abogado de dudosa conducta tuviera el poder necesario para lograr que el municipio cambie la zonificación y, a su vez, le rebaje el cobro del canon. El interrogante, entonces, siempre fue: ¿quién estaba detrás de Arturo Rodríguez Da Silva?.
Desde el Equipo de Agencia “La Barriada” accedimos a documentación que demuestra la existencia de un conjunto de empresas donde, asombrosamente, en todas el Doctor Arturo Rodríguez Da Silva era integrante en roles preponderantes.
Vamos a rememorar el papel del abogado en este conjunto de empresas que venimos mencionando:
- en VIAL ROGÓ S.A. Rodríguez Da Silva tenía el 40% de la Empresa,
- en CONSTRUCTORA MyT S.A. se desempeñaba como apoderado,
- en GILDIN S.A. era el presidente,
- en TIERRAS PROVINCIALES S.A. también era el presidente y
- en EMPRESA ASTER S.A.,nuevamente, tenía el cargo de presidente.
Hasta aquí podríamos decir que Arturo Rodríguez Da Silva era “simplemente un emprendedor” que impulsaba diversas firmas empresariales dedicadas a la construcción y a la explotación tosquera. Claro, esto si no fuera porque ASTER S.A. es la responsable del mayor daño ambiental de Florencio Varela donde la extracción de tosca, a más de 40 metros de profundidad, produjo daños a la “Napa Puelche” de dónde tomamos agua los varelenses y más de 20 muertos por ahogamiento.
Pero volvamos a hacernos la misma pregunta que se hacían, también, un puñado de ambientalistas a fines de los ’90: ¿tamaño desastre ambiental solo encuentra explicación en el dueño de un corralón y de las tierras linderas a la gran cava (llamado Antonio Scarpato) y en un ambicioso abogado como Arturo Rodríguez Da Silva?, ¿o estos más bien actuaban en connivencia (y protegidos) por la codicia económica de Julio César Pereyra y Carlos Miguel Kunkel más personajes judiciales?. A partir de la búsqueda de información (y corroborar la certeza de la misma) podemos decir con firmeza que miembros poderosos de “la familia judicial” integraban empresas que lideraba “el letrado emprendedor” Rodríguez Da Silva y, por ende, de igual manera; tuvieron participación en todos estos negocios criminales que rodean a la “Tosquera de Hudson o de Scarpato”.
Comencemos recordando que la denominada “Tosquera de Scarpato” funcionó desde 1994 a 1997 sin los controles necesarios del municipio y, agreguemos esta vez que, sin ninguna medida de parte del Juez Federal de Primera Instancia de Quilmes, Luis Armella. Sin embargo, en 1997 el Juez Arturo Saravi Paz (del Departamento Judicial La Plata) condenó a tres años en suspenso a Rodríguez Da Silva por «destruir carátulas judiciales, cambiar causas de juzgados, utilizar sellos falsos y no pagar tasas de justicia”. Esto es importante resaltarlo porque, desde allí, empezaba a quedar claro como actuaba el oscuro abogado.
En Julio del 2008, la Corte Suprema de la Nación (a partir del fallo Mendoza) designa al Juez Federal de Primera Instancia Luis Armella como responsable de la ejecución de la sentencia “por daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza/ Riachuelo”.
Hasta acá, los lectores seguramente se estarán preguntando: ¿qué tienen que ver el abogado Arturo Rodríguez Da Silva (responsable del desastre de la “Tosquera de Hudson”) con la limpieza del Riachuelo, con el Juez Federal Armella y con la familia judicial?.
¡Te lo contamos!:
En febrero del 2012 se constituye la empresa SAN MARTÍN 264 S.A. y la integran: como presidente, Francisco Groba (suegro de Armella), Marina Laura Groba Martini (esposa de Armella y funcionaria judicial de alto rango), el arquitecto Aníbal Wietzal (tío de la esposa de Armella) y como presidente suplente el condenado Arturo Rodríguez Da Silva, por supuesto (no debemos cansarnos de visibilizarlo) el mismo que (como presidente de ASTER S.A.) género el gran deterioro medioambiental en la “Tosquera de Hudson o de Scarpato”. Y sí esto te asombra, todavía tenés que conocer los siniestros vínculos que mantenía el conjunto de empresas coordinadas por el doctor en leyes condenado y la Causa Riachuelo.
¡Veamos!:
La empresa SAN MARTÍN 264 S.A. (integrada por los suegros y la esposa de Armella más Rodríguez Da Silva) es contratada por el mismísimo Luis Armella. ¡Sí!, esto significa que el responsable del daño ambiental que produjo más de 20 muertes en Varela era el socio de la familia de Armella en pos de hacer negocios en un ente que administraba el propio juez. Nuevamente decimos, ¡Y sí!: porque “LO PRIMERO ES LA FAMILIA” reza un viejo refrán que aquí parecería calzar a la perfección.
Ahora bien, como en nuestra ciudad nada es suficiente, el Juez Federal Armella, además; contrata a las empresas que antes te mencionamos (pertenecientes a, o que presidía, Rodríguez Da Silva) para realizar tareas de saneamiento en el Riachuelo a través de contratos millonarios.
En todas estas empresas se entrecruzan tres familias: González (el matrimonio y cinco hijos), Ojea/ Aparicio y Goba/ Martini (familia directa de Armella) además de que, en todas, está presente Arturo Rodríguez Da Silva, el verdadero gran articulador de los negociados.
Para “rematar” todo esto, cuando Juan José Mussi llegó como Ministro de Medio Ambiente y la “especialista ambiental local” Beatriz Domingorena como su Secretaria, durante el Kirchnerismo, la relación con Armella no podía ser mejor: Mussi, Armella, los suegros de Armella, los González y la familia Ojea/ Aparicio compartían el glamoroso country de Ranelagh dónde disfrutaban (y disfrutan) de cargos poderosos y recursos económicos inexplicables.
¡Indignante y repulsivo!.
Mientras tanto, para variar, Julio Pereyra pretende explicarle al mundo como se gobierna un municipio desde la fundación FINDEL S.A. (que, dicho sea de paso, nadie puede explicar como se financia) y Carlos Kunkel recibe homenajes por “su militancia heroica” que abandonó para ser parte de negocios y componendas que muchos conocen pero ante las que prefieren fingir demencia. Ellos impunes y nuestra localidad con una trampa mortal de 40 metros de profundidad, la Napa Puelche contaminada, más de 20 pibes muertos y un municipio que pone “cartelitos y da charlas” cargando las culpas en la imprudencia de los jóvenes.
¡Una vez más, indignante y repulsivo!, porque solamente personajes miserables duermen tranquilos apoyados en sus riquezas y culpando a los pibes muertos por una “trampa mortal” que ellos mismos generaron con complicidad empresarial, política y judicial!.
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