El día de ayer las redes sociales, y canales de noticias, se llenaron de imágenes y videos donde veíamos a personas con discapacidad, familias, prestadores y terapeutas reclamando por el veto presidencial a la “Ley de Emergencia en Discapacidad” y a un enorme cordón de gendarmes y policías haciendo presión para “mantener el orden”; en la Ciudad de Buenos Aires.
El colectivo que integran las personas con discapacidad es tan amplio y diverso como cualquier otro; por lo tanto, no todas las personas con discapacidad necesitan los mismos sistemas de apoyos ni en las mismas áreas de vida. Lo que sí es indiscutible es que todas las personas con discapacidad los necesitan, y que son un derecho ganado.
Nuestro país tiene vigente varias leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad, pero hay dos que nos gustaría mencionar: la ley 24.901 (Ley de Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad) y la ley 26.378, que adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (sancionada por la ONU en 2006) que, como todo tratado internacional, tiene rango constitucional. Por ende, no puede haber leyes, decretos, edictos o reglamentaciones que las contradigan. Y básicamente la Convención plantea la necesidad de promover, proteger y asegurar los derechos humanos y libertades fundamentales a todas las personas con discapacidad, y que los Estados se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de esos derechos y las libertades de las personas sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, incluyendo la sanción de medidas necesarias para lograr ese fin.
Ahora bien, ¿cuál es específicamente la situación actual en Argentina?
Los nomencladores que establecen el valor de las prestaciones y apoyos necesarios (terapias, centros de día, talleres protegidos, transportes, sillas de ruedas, asistencia respiratoria, alimenticia y un gran etc.) ya tenían un desfase respecto del costo de vida. Pero, desde 2023, esto empeoró porque éste quedó muy por debajo de lo que un profesional debería cobrar. Y sí a esto le sumamos el atraso en el pago de las obras sociales, la falta de prestadores, el desfasaje económico también en las pensiones por discapacidad y los peculios de quienes trabajan en talleres protegidos y que, además, no son compatibles con trabajos formales; debemos concluir en que, por un lado, tenemos personas con discapacidad que no están pudiendo acceder a sus sistemas de apoyo y, por el otro, a trabajadores que no llegan a fin de mes.
Ante esta situación el diputado Daniel Arroyo, junto con organizaciones de discapacidad, impulsaron la sanción de una ley que declare la emergencia nacional en discapacidad, obligando a que el Estado cumpla con su obligación: ¡promover y proteger los derechos de las personas con discapacidad mediante la actualización de nomencladores por inflación y la revisión de las pensiones (auditorías cuidadosas y no revictimizantes, actualización de los valores, finalizar la incompatibilidad de las pensiones con trabajos formales), entre otras medidas.
La Ley fue aprobada el 11 de julio de este año, y fue necesaria porque el Estado hace más de un año que no cumple con sus obligaciones estatales. No obstante, el sábado 2 de agosto se conoció la noticia de que el presidente hacía efectiva su amenaza de vetar la ley.
Es importante entender que el veto a la “Ley de Emergencia en Discapacidad” pone en riesgo la vida de las personas con discapacidad, así como también lo hace el desgaste económico, emocional y mental para con quiénes tienen a su cargo tareas de cuidado. Sucede similar también, claro está, con lxs trabajadores del área.
La excusa del gobierno de vetar la ley para mantener el equilibrio fiscal cae por su propio peso cuando escuchamos la quita de retenciones a los sectores poderosos, los aumentos de sueldos y cargos fantasmas a la casta, entre otros; y porque llevar a la práctica lo que propone la ley implicaría una partida menor al 0,5 del PBI.
El veto a la ley es inconstitucional porque invalida lo consagrado por la constitución, pero es importante entender que es una decisión política, una declaración de principios del gobierno y el mensaje que deja es claro: no hay lugar para pobres, viejxs ni discas en la Argentina de Milei. Los sectores más vulnerables son continuamente violentados por el presidente, por las instituciones del Estado, por sus declaraciones estigmatizantes y políticamente revictimizantes, cargadas de odio e ignorancia.
¡El repudio al veto se hizo sentir en todo el país, en plazas de diferentes ciudades se manifestaron personas con discapacidad, familiares y trabajadores!
Es un buen momento para que senadores y diputados recuerden el funcionamiento de la democracia, votando nuevamente el proyecto; y para que los concejos deliberantes, funcionarios y la oposición se pronuncien en contra de esta política de la crueldad y de la ignorancia.
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