“Pareciera que es una sorpresa que en Varela haya algún grupo de bandas peruanas. Y digo ‘peruanas’ encuadrando en este marco porque no están perdidas, siempre hay argentinos también. La policía es argentina, por ejemplo. Pero no es una sorpresa, tenemos antecedentes”, dice José Luis Calegari, abogado, militante social y referente de la Red de Organizaciones Comunitarias Monseñor Enrique Angelelli, en Florencio Varela. “En nuestra América, en países como Perú o Colombia que han sufrido largas historias de conflictos internos armados, tienen una lógica mucho más compleja en relación a la violencia”, agrega.
Calegari habla con cuidado, desde el conocimiento que le da habitar el territorio desde 1993, cuando llegó a Varela con una toma de tierras en el Barrio Villa Argentina y se fue quedando. “Nosotros entendemos si vos construís una actividad que perdura en el tiempo, que tiene en serio raíces en el lugar, hay procesos políticos y culturales de los que vos podés ser parte y que pueden colaborar para construir organizaciones distintas. Nuestra estrategia es levantar casas comunitarias, en la periferia. Y también disputamos acceso para todos los vecinos, luz, agua, eso va a la par.” Ese es su lugar de enunciación y desde ahí, desde el trabajo con la población migrante desde hace 20 años, también, es que afirma que lo que sí podría ser una novedad es escuchar en los relatos hablar de armas propias, de su manejo.
¿Crees que eso tiene que ver con que a Brenda, Lara y Morena las hayan matado en Varela, aun cuando eran de La Matanza y la banda estaba localizada en CABA?
— En Varela hubo, durante 29 años, una estructura de impunidad muy fuerte. Desde que asumió como intendente Julio Pereyra en 1992 hasta 2021, cuando se empezó a resquebrajar. Esa trama tiene influencia, no me sorprende que haya pasado acá. Nosotros tenemos también una agencia de noticias, La Barriada, ahí lo contamos https://short-url.org/1gFkk Tenemos un trabajo de incidencia en la justicia penal, de control de la cana, no hacemos asistencia, estamos con las necesidades de la gente. Tenemos muchos hechos graves de violencia policial ligada al poder político como la Masacre de Sezabello, donde mataron a dos pibas y dejaron gravemente heridas a dos, una causa de hace 8 años que quedó impune. Pero tenemos que decir que desde 2021, después de la condena al concejal Daniel Zisuela, un tipo muy poderoso que tenía una red de prostitución de niñas y algunas mayores también -un tipo que había sido presidente del concejo deliberante, secretario local del gremio de gastronómicos de Barrionuevo-, ahora tenemos veintiocho tipos y minas vinculados al poder que van a ser enjuiciados.
No te sorprende que haya pasado en Varela, ¿te sorprende la brutalidad, crees que la investigación está bien encaminada? Porque también el rumor social pone la duda sobre que el que planificó, Pequeño J, sería muy joven.
— Tampoco, lamentablemente. Esto es complejo, es todo parte de nuestra tragedia. La piba esta, Celeste Guerrero, que está presa, ella fue la que habló con la policía -no en la Justicia- para señalar donde estaban los cuerpos, cómo se había hecho la filmación… y es una piba cuya mamá es dirigente sindical. Que no tiene nada que ver, pero te da una idea de la complejidad. Esta chica estaba aterrada por Pequeño J. Y la casa donde encontraron los cuerpos, no es de la periferia, es un barrio a veinte cuadras del centro de Varela.
¿Y esto que es lo que marca?
— El deterioro, ese es el problema. Ahora se está buscando a dos tipos más que estarían por encima de Pequeño J en la estructura de la banda. Tampoco es que sean mucho mayores. Las víctimas también eran casi nenas, una tenía 15 años. Entonces, todo es un mundo de gente joven con niveles de deterioro importante. Con lógicas que empiezan a calar hace años -incluso desde los ’90- que tienen que ver con el sistema capitalista, que tiene que ver con la idea de la guita como sea, la guita como centralidad a cualquier precio, el consumo.
¿Se ven en Florencio Varela estas dinámicas que se describen en otros territorios, de bandas que funcionan suplantando algunas acciones del estado, como asistir a comedores, por ejemplo?
— Mira, Varela se da una particularidad si querés distinta. Nosotros hace muchos años entendimos que la frontera norte de nuestro distrito, que sería la perimetral con Quilmes y con (Almirante) Brown donde vos tenés vías de comunicación muy fuertes, avenidas muy importantes. Tenemos tren, comunicación directa con capital. Entonces una estrategia fue ocupar esa zona norte del distrito lo más posible con espacios comunitarios, clubes, actividades y no regalar la calle. Ahí tenemos 14 casas comunitarias.
Estamos hablando de una organización autónoma de de los partidos políticos, ¿verdad?
— Sí, sí, claramente. Las casas las fuimos armando de modo estratégico también. Porque hemos tenido un antecedente en el 2011, cuando llegó un tipo de apellido Mena que se montó en una estructura económica personal muy distinta a la del barrio Agustín Ramírez, donde se instaló. Y empieza a desplegar todo un sistema de ayuda social, de poner guita, pagar sepelios; obvio con algún acuerdo político porque hacía actos con el municipio. Ahí lo vimos con mucha claridad. El tipo termina mal, después de una mexicaneada con otra banda de otro distrito, empieza a agarrar pibes para que le den datos. Hasta que agarra a un vecino, Carlos Gabril Fretes, su hermano estaba liderando una toma de tierras que acompañamos, pero él sólo era alguien que se paraban de manos si lo querían joder y terminó quemado y desmembrado en un descampado. Mena sufrió una pueblada tremenda, le quemaron la casa, los vehículos. Después nos balearon la Casa Angelelli a nosotros. Fueron momentos de mucha zozobra. En un momento supimos que lo habían detenido en La Matanza pero nos dijeron que lo iban a soltar porque trabajaba para la policía. Y su segundo, Santiago Mont, era buchón de la DDI de Echeverría.
¿Pero volvió al barrio?
— Al final murió en la cárcel. Pero nosotros fortalecimos la zona y estamos en esa asistencia diaria, tenemos un equipo que atiende violencia de género, un equipo de atención para migrantes, otro atiende personas privadas de libertad, un dispositivo de Sedronar; escuchamos un montón de problemas que la gente tiene en la vida diaria y sabe que hay una organización donde puede recurrir. Entonces también quizás en esa zona ellos son más débiles.
Por lo que narrás, nunca se van a ver bandas de narcos que no tengan algo que ver con la policía o con alguna parte del poder político.
— Hay un fenómeno que se da en el conurbano y es que la policía negocia con el narco menudeo. Yo creo que tiene que haber un okay de la política, si no tampoco se genera eso de esa manera. Y que en la periferia hay como una zona de sacrificio. Generalmente en lugares como Varela, los bordes del territorio son zonas muy pobres y también se mezclan asentamientos con campitos, zonas más abiertas. Esos la policía los alquila, cobra y permite que se venda en esa periferia.
Esto es claro porque hay una investigación penal que el mes que viene va a juicio con el segundo jefe de Berazategui, el Tarta Graciano y varios canas más como imputados, en la que el fiscal demostró que la policía era la que alquilaba los campos.
— Si vos mirás en Varela dónde hay más muertes, lo que vas a ver es como un anillo que rodea la ciudad. Es como que la zona de sacrificio donde vos podés ver falopa y donde podés ver muertos que tienen un valor distinto, menor, varones jóvenes y pobres. La la disputa violenta del territorio se da en esas periferias entre lo urbano y lo rural. Y ese modo de operar no puede ser fruto de la casualidad. Tiene que haber acuerdos con la cana, claramente, que regula. Y la política quiere tener sin muertos el centro y los anillos periféricos al centro. Por supuesto, lo que vemos es que a mayor nivel de pobreza, claramente hay más gente necesitada de vender falopa, mucha gente vendiendo poquitito.
¿Y dónde venden, en los mismos barrios?
— Es gente pobre que vende para pichuleo, pequeñas cantidades. Se mueven en tren o en colectivo, para evitar los controles policiales se están dejando de lado las motos o el auto. Es parte del deterioro de todo, parte de la vida cotidiana, por eso es importante estar ahí.
¿Cómo se solventa la organización?
— Nosotros tenemos dos líneas de financiamiento distintas. Una tiene que ver con la cooperación internacional y después tenemos financiamiento estatal. Tenemos muchos años de convenio con la provincia, básicamente para el desarrollo de actividades de infancia y adolescencia. También tenemos con Nación, con Sedronar y programas alimentarios. No somos una organización partidaria, o sea, que todos los gobiernos nos miran como algo que no es propio y que encima está siempre cuestionando, discutiendo, planteando. Creamos una comisión de familiares de víctimas (de violencia institucional), son casos como el de Lucas Escalante y Lautaro Morello https://short-url.org/1gFAe donde tenés preso al comisario mayor Francisco Centurión, que fue jefe de la división de drogas de Quilmes, después de Avellaneda, y era el jefe de la oficina con Interpol cuando lo detienen. O sea que tenemos una relación tensa con el Estado, una política de enfrentar estas redes mafiosas, pero la transparencia de nuestra organización es indiscutible.
¿Cómo evaluás la entrada del estudio jurídico de Fernando Burlando en la causa del triple femicidio?
— Y, cómo que entró para mantener el control de la causa. Sencillamente.
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