En el amanecer del 11 de febrero del 2017 cuatro jóvenes menores de edad esperaban el colectivo en la parada de la céntrica Avenida Bombero Senzabello y Los Andes luego de pasar la noche en el Boliche Santa Diabla. Las pibas eran Sabrina Barrientos de16 años, Denise Juárez de 17 años, Némesis Núñez de 16 años y Magali Pineda de 16 años; esa mañana recibieron una balacera de 20 tiros, las dos primeras fallecieron quedando las otras dos jóvenes con graves lesiones.
El 19 de septiembre de 2025, a escasos 8 años de la Masacre de Senzabello, nuevamente se produce una masacre en la ciudad de Florencio Varela donde tres jóvenes son brutalmente asesinadas.
El pacto en las sombras de las bandas del narcomenudeo y la complicidad policial, judicial y política para que la Masacre de Senzabello quede impune es el antecedente para que en la misma ciudad pudiera suceder el triple crimen con evidentes similitudes.
Desde el primer momento quedó claro que no fue un robo, el violento doble femicidio tenía la huella del narcotráfico.
Rápidamente el jefe distrital, Roberto Mongelos, y la DDI de Quilmes salieron a “cazar perejiles” y detuvieron a Luis Weigand (36 años) violador del Bingo Varela, Maximiliano Mansilla quien tenía una pistola 9 mm con pedido de captura y Adrián Abraham (51 años), un personaje que regenteaba un lavadero de autos. Los tres podían ser investigados por diversos delitos, pero nada tenían que ver con los asesinatos por lo cual fueron liberados por el Juzgado de Garantías N°6. La primera acción de la policía bonaerense cuando quieren encubrir un crimen es plantar perejiles, lo hicieron, pero no alcanzó.
Otro capítulo fue el rol del poder judicial en la investigación, casualmente participaron tres fiscales de estrecha relación con el cortesano Luis Genoud. El primer fiscal fue Hernán Bustos Rivas que fue separado de la investigación porque se hizo público que no le pasaba alimentos a sus hijas, luego recayó en Gisella Olszaniecki, titular de la Fiscalía N°3 a quien Luis Genoud premió con el cargo de titular del Juzgado Correccional N°1 y ahí aparece en escena la ex titular de la Fiscalía N°2 Mariana Dongiovanni. Todos con actuaciones lamentables que entorpecieron la investigación.
El rol policial y judicial fue clave para que tremendo hecho de violencia quedara impune. La labor del jefe distrital Mongelos y la fiscal Dongiovani determinó que el eximio tirador que disparó 20 veces pegando 9 tiros a Sabrina Barrientos, 6 a Denise Juárez, 3 Némesis Núñez y 2 a Magali Pineda era un adolescente de 14 años. Esta imputación se realizó mientras personajes ligados al poder político negociaban con las bandas que disputaban el control de la venta de drogas en la zona.
La venganza se originó porque algunas de las pibas fueron convencidas por uno de los organizadores de la venta de drogas en Varela para que se infiltren en el sistema de ventas que ex miembros de la bonaerense desarrollaban en los boliches de Avenida Calchaquí, el epicentro fue el boliche Santa Diabla que regenteaba el polémico empresario Damián Faldetta. Una de las pibas que se infiltró para pasar información llegó a conocer desde donde traían la droga en Ezeiza y días posteriores fue a llevar «merca» a Barrio San Jorge, ese envío no llegó ya que fue detenida en la Comisaría 3ra donde no se registró su ingreso.
Dos de las pibas les comunicaron a los jefes del narcomenudeo de la Avenida Calchaquí que se retiraban de las entregas, pero ya sabían demasiado y ese fue el detonante de la masacre.
Además de la bonaerense y los funcionarios judiciales, el poder político colocó abogados afines dentro del expediente. Florencia Casamiquela, por entonces de estrecha relación con el intendente Julio Pereyra, asumió el patrocinio de una las víctimas y Giaquinta, abogado de la Dirección de Derechos Humanos del municipio, asumió la defensa del “Turco” Abraham, uno de los detenidos.
La investigación fue archivada, pero ¿qué pasó con los protagonistas de la Masacre de Senzabello?
El jefe distrital logró un último ascenso y se jubiló, pero al poco tiempo Julio Pereyra lo designó secretario de seguridad del municipio, el fiscal Bustos Rivas a pesar de que la propia justicia lo condenó a pagar alimentos a sus pequeñas hijas siguió siendo fiscal, Gisella Orzeniecky sigue siendo jueza correccional, la fiscal Dongiovanni siguió siendo fiscal y Julio Pereyra dejó la intendencia para ser Diputado Provincial, nada había pasado en la ciudad donde reina la impunidad.
Mientras muchos de estos personajes continuaron en sus funciones replicando sus vergonzosas actuaciones en otras causas emblemáticas como las de Nahuel Sanabria, Lucas y Lautaro, Josué y Paloma; las bandas de narcomenudeo siguieron presentes en la ciudad, las pibas de la Masacre de Senzabello aún no obtuvieron justicia y un nuevo narcofemicidio conmovió a toda la comunidad varelense y al país, dejando la amarga intuición de que este crimen no sucedió en este lugar por casualidad.
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