LA LUCHA POR LA APERTURA DE LOS ARCHIVOS MUNICIPALES DE LA DICTADURA EN VARELA

La apertura de los archivos municipales de la dictadura no fue una política de estado, fue una lucha de seis años por parte de ex detenides desaparecides, familiares de detenides desaparecides y organismos de derechos humanos.

Existe en nuestro distrito el Espacio para la Memoria municipal, lugar donde se resguardan los archivos de la dictadura y donde los vecinos y vecinas pueden acudir para su consulta.
Curiosamente, la municipalidad relata los orígenes de este espacio haciendo referencia a tres acciones puntuales: la firma de un convenio de cooperación en 2009 que promovía el acceso a los archivos municipales, la adhesión a dicho convenio en 2011 y finalmente la ordenanza que crea el Espacio para la Memoria en 2012, el cual fue inaugurado en 2016.
Queda fuera de esa historia el pedido que duró 6 años iniciado en 2010 por ex detenides desaparecides, familiares de detenides desaparecides junto con la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Fcio. Varela y el apoyo de diversas instituciones entre las que se encontraban la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).


En mayo de 2010 hubo una primera entrevista con el entonces Intendente Julio Pereyra durante la cual el funcionario afirmó sin ningún pudor: “yo descubrí esto de los derechos humanos por Néstor”, y se comprometió junto con el director de Derechos Humanos Guillermo Ñañez a realizar todas las gestiones pertinentes para responder al pedido presentado.
Luego de esa primera entrevista comenzaron las dilaciones tanto en el acceso a la documentación como a su localización, lo que llevó al desarrollo de diferentes actividades como solicitudes de nuevas audiencias que pronto dejaron de ser respondidas, una masiva movilización en el año 2012, presentación de una propuesta para el Espacio que fue rotundamente ignorada, conferencias de prensa, entrevistas con diversos organismos de Derechos Humanos como la CPM y el Archivo Nacional de la Memoria y el inicio de una Campaña Gráfica y radial por la apertura de los archivos de las que participaron familiares de detenides desaparecides y reconocidos luchadores populares como Osvaldo Bayer, Vanesa Orieta (Familiares y amigos de Luciano Arruga), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora), entre otres.


En la página de la municipalidad que presenta el espacio también se puede leer: “La gestión está comprometida en la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos y entiende que el conocimiento del pasado es una tarea que a la vez supondrá una reparación ética y política.”, lamentablemente los hechos no acompañan esas palabras ya que esa misma gestión nada dice de los públicamente conocidos colaboradores de la dictadura y denunciados por crímenes de lesa humanidad como son el juez Luis Genoud, Francisco “Chicho” Basile y Julio Carpinetti, personajes que desde hace años sostuvieron y sostienen vínculos políticos y económicos con el gobierno municipal.
Quien hoy presenta con orgullo la gestión del Espacio para la Memoria, Guillermo Ñañez, en aquellos primeros pasos dio una vergonzosa respuesta a los reiterados reclamos de familiares y organismos: “No sé para qué insisten tanto, ahí no van a encontrar nada, no va a decir fulanito fue represor o menganito fue secuestrador. Son documentos administrativos nada más”. Pero la mirada de quienes exigían el acceso a esos documentos venía de la experiencia de más de 10 años de investigación y de reconstrucción de la memoria histórica local, y sabían que tal como lo afirmó el psicólogo e investigador Marcelo Valko: “En los archivos administrativos existen huellas del genocidio, las huellas están…hay que saber mirar, pero para eso nos tienen que dejar mirar”.
Las huellas del Terrorismo de Estado están en las memorias, en los cuerpos y en los documentos en los que quedaron registradas acciones y personas, crímenes y responsables. El tiempo dio la razón a les insistentes y se encontraron en esos archivos documentos como el decreto firmado por el Intendente Julio Carpinetti en 1983 en el que designaba a su Secretario de Gobierno Francisco Basile y a Graciela Giannettasio como responsables de la investigación de los NN inhumados ilegalmente en el cementerio municipal denunciados por el concejal Bagliani. Investigación que lógicamente nunca prosperó, hoy se cuenta con el decreto que junto con los archivos de los Juicos por la Verdad y los documentos periodísticos del CELS explican dicho resultado ya que en él se prueba que un secuestrador estaba a cargo de esta.


Otra de las discusiones fue la necesidad que este valioso Espacio no sea una dependencia municipal sino una entidad autónoma y autárquica dirigida por una comisión integrada por representantes de diversos espacios. Para poder garantizar la seriedad, confiabilidad y transparencia en el manejo y acceso a los archivos que la compongan, como así también para resguardar el Espacio de las fluctuaciones e intereses de los gobernantes de turno era indispensable que el mismo funcione de forma independiente con relación al poder político.
La autonomía y autarquía implicaría que la entidad podría definir su política, autoridades, normativa y funciones sin que intervengan otros órganos estatales, y que los fondos para su funcionamiento estarían garantizados y a resguardo de las presiones políticas. Lamentablemente esta propuesta presentada ya en 2012 fue desestimada dejando el Espacio en manos de los caprichos políticos y excluyendo a quienes impulsaron la apertura de los archivos.
La necesidad de resguardar el Espacio fue evidente cuando la Concejal Lucía Romano del Frente para la Victoria durante la sesión de aprobación de la ordenanza afirmó que el mismo sería para lograr una “reparación histórica, no para develar nada, una reparación histórica para las víctimas y los familiares”, descartando toda intención de echar luz sobre los crímenes cometidos durante la dictadura. Bajo esta impronta el Espacio quedó en manos exclusivas del gobierno municipal.
La apertura de todos los archivos de la dictadura es un reclamo histórico de los organismos de Derechos Humanos a nivel nacional, una lucha que no tendrá fin hasta lograr el acceso a toda la documentación producida durante la etapa más oscura de nuestra historia, de forma irrestricta y a resguardo de cualquier revés político. En Florencio Varela esa disputa comenzó en 2010 y tuvo como primer resultado generar la presión necesaria para forzar una decisión política que permita el acceso a los archivos locales.

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