LA LIBERTAD AVANZA DEL LADO DE LOS GENOCIDAS UNA VEZ MAS

El pasado jueves 11 de julio cinco diputados nacionales libertarios visitaron en la cárcel de Ezeiza a un grupo de genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad entre los que estuvieron Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Suárez Mason, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, el “Pájaro” Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, el uruguayo Juan Manuel Cordero, Mario “el Cura” Marcote, Miguel Angel Britos y Adolfo Donda.

La reunión habría estado organizada por Beltrán Benedit con la intención de visitar “excombatientes”, refiriéndose en realidad a ex integrantes de patotas y policías condenados por crímenes de lesa humanidad. Participaron también de esta visita institucional los diputados y diputadas Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo.

Ya que el motivo expresado de la visita es insostenible dados los participantes y que no hubo una comunicación oficial de la misma, solo se pueden suponer los móviles de esta, los cuales no tienen mucho misterio si se consideran las posturas tenidas hasta el momento por el espacio político de La Libertad Avanza (LLA) hacia los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico eclesiástica empresarial militar,

Desde la campaña por la presidencia en 2023 tanto Milei como otres referentes de su espacio han expresado una clara mirada pro-dictadura, la cual se tradujo en acciones concretas una vez obtenido el gobierno nacional.

Uno de los momentos más destacables fue el acto homenaje a militares “víctimas del terrorismo” organizado por la actual vicepresidenta Victoria Villarruel en septiembre de 2023 en el cual se desvirtuó totalmente la referencia de la palabra “terrorismo” para aplicarla a grupos de izquierda que actuaron durante los ’70 en lugar de su verdadero sentido para nuestro país referido al Estado el cual usó todo su aparato represivo para perseguir y aterrorizar a la población.

Sin dudas, el debate presidencial se llevó las expresiones mas depreciables cuando el entonces candidato Javier Milei realizó afirmaciones como “No son 30.000 los desaparecidos, son 8753” y “Para nosotros en los ’70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos”. Dichos que son el eco de los discursos de los criminales responsables del genocidio como el pronunciado por el Almirante Massera en su alegato durante el Juicio a la Junta Militar en 1985.

Esas palabras solo pudieron encontrar aceptación en dos grupos, aquellos que apoyan las dictaduras o quienes por desconocimiento dan lugar a esa manipulación de información. Sabemos que les desaparecides no son 30.000 exactamente ya que la represión fue clandestina y no hay registro oficial de los secuestros, documentación del Departamento de Estado de Estados Unidos revela que en 1978 ya había 20.000 desaparecides y aún quedaban 5 años de dictadura, muchas personas nunca se atrevieron a denunciar lo sucedido a ellas mismas o sus familiares, y si además consideramos que en nuestro país hubo cerca de 800 Centros Clandestinos de Detención (CCD) y que por el  CCD Pozo de Quilmes, uno de los más pequeños que estuvo en funcionamiento hasta 1979 solamente, pasaron alrededor de 250 personas mientras que en la ESMA, uno de los más grandes, pasaron alrededor de 5000 personas claramente se ve que la cuenta excede los 30.000 en todo el país con mucha facilidad.

El otro punto es el de la “guerra” entre dos bandos y los “excesos”. No hubo bandos, hubo grupos de personas militantes de diferentes espacios perseguidos, secuestrados, torturados y asesinados ilegalmente por un Estado que puso toda su estructura al servicio de la represión, además de cometer delitos como robo de propiedades y de bebés. Todo lo sucedido fue parte de un plan sistemático que cruzó fronteras ya que Argentina fue parte del Plan Cóndor mediante el cual se establecían vínculos con otras dictaduras del continente.

Ya siendo gobierno LLA siguió reafirmando sus posiciones al expresar sus intenciones de buscar la libertad de los genocidas responsables del terrorismo de Estado o al desmantelar toda política pública y toda institución que trabaje en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia por los delitos de lesa humanidad sufridos por el pueblo argentino.

Este hecho inevitablemente trae a los y las varelenses el recuerdo de la visita del rector del Instituto Santa Lucía, Modesto Evaristo Rodríguez, al dictador Videla en la cárcel de Magdalena en los ’80. Al igual que los actuales diputados nacionales de LLA, Rodríguez era un representante del negacionismo, con una clara postura golpista, que justificaba la represión, defendía genocidas y ponía sus proyectos al servicio del orden conservador en una ciudad que al finalizar la dictadura contaba con mas de cien detenides desaparecides.

En la actualidad tampoco se puede dejar de lado los antecedentes de visitas a genocidas de la propia vicepresidenta y sus supuestas promesas de libertad para estos criminales; así como su contacto con el exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense Etchecolatz durante su juicio en 2006 por los crímenes cometidos durante dictadura.

Ese repudio que despertó las acciones de Rodríguez en los ’80 es el mismo que quienes creen en la democracia, la justicia y la libertad para todes expresarán hoy hacia los y las funcionarias que pretenden atacar los logros que la lucha por la defensa de los Derechos Humanos obtuvo de manera ejemplar en nuestro país.

 Hoy la ley 27.156 impide que condenades por lesa humanidad tengan acceso a prisión domiciliaria, reducción de penas o su nulidad. Hoy hay miles de personas dispuestas a defender esta ley y hacerla cumplir, así como fueron miles quienes lucharon por la nulidad de las leyes inconstitucionales de Obediencia y Punto Final, o el 2×1 que intentó el gobierno macrista.

Por la memoria de les 30.000 detenides desaparecides, por los mas de 500 niños y niñas apropiadas en dictadura, por quienes sufrieron secuestros y todo tipo de tormentos, por las miles de familias empobrecidas con las políticas de hambre y exclusión, hoy es necesario afirmar con claridad: prisión perpetua, común y efectiva para todos los genocidas, ni un paso atrás.


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