En Argentina, en general hay una lamentable tendencia del poder político a designar funcionarios judiciales, sobre todo en el ámbito penal, que garanticen que ante una denuncia protegerán al poder político que lo designó. Florencio Varela claramente es parte de esas dinámicas políticas, pero como toda institución la justicia no es uniforme, ni todos son malos funcionarios ni todos son buenos.
El crecimiento poblacional de numerosos distritos de la provincia de Buenos Aires fue obligando que se generara un proceso de descentralización de la justicia tanto penal como civil creando varias dependencias. Uno de los relatos construidos por el poder político local es «gracias a Luis Genoud llegaron las dependencias judiciales descentralizadas a Florencio Varela», eso es mentira ya que todos los distritos en paralelo fueron accediendo a esas dependencias. Berazategui, Almirante Brown, Ezeiza o Esteban Echeverría, por solo nombrar algunos distritos, tuvieron las mismas dependencias que Varela.
Para entender la realidad del poder judicial de la ciudad hay que comprender el proceso político que enmarca la creación de las dependencias judiciales.
En 1992 se consolida la estructura de poder que domina la escena política de la ciudad de una manera absoluta y cada espacio institucional se transforma en un «lugar a controlar». Florencio Varela tiene notables logros como la creación de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y el Hospital Dr. Néstor Kirchner, pero también se diseñan mecanismos para tener el control sobre todo de la justicia.
El rol de Luis Genoud como miembro de la Corte Suprema de Justicia, sus aceitados vínculos dentro del poder político provincial y su alianza con la histórica procuradora “Pochi” Falbo le permitió decidir quiénes serían jueces, fiscales y defensores en el ámbito penal que era el de mayor interés. A pesar de la resistencia del fiscal general de Quilmes Marcelo Draghi a diversas designaciones que no reunían la experiencia, capacidad o ética necesarias, en muchos casos se impuso la voluntad de Genoud sumando un «puñado de fieles funcionarios». Todos estos años ese puñado de funcionarios obedientes a los pedidos del poder político ningunearon el rol del fiscal general y fueron quienes se vieron envueltos en diversos escándalos.
Está claro que la actividad judicial como toda actividad humana puede tener aciertos, errores y resoluciones que parte de la población puede no estar de acuerdo, pero proteger a los miembros del poder político y sus tramas de ilegalidad es otra cosa muy distinta. Entre los funcionarios y funcionarias judiciales de la ciudad hay gente proba y honesta de los cuales la sociedad no conoce sus nombres, entre otras cosas porque no son parte de decisiones escandalosas. Pero lamentablemente un puñado que pone la obediencia al poder político y la protección de sus intereses por sobre la justicia construye la idea de que toda la justicia de la ciudad es igual.
Las escandalosas investigaciones penales de la Masacre de Senzabello, Lautaro y Lucas, Nahuel Sanabria, y Paloma y Josué dejan al descubierto que hay funcionarios judiciales que trabajan para que las investigaciones no afectan al poder y cuentan con la policía bonaerense que también como nunca responden al intendente de turno.
Ese puñado de funcionarios judiciales que hace años responde al poder decidió denunciar al Dr. Carlos Diéguez, y el brazo ejecutor fue el fiscal Bustos Rivas, el mismo al que la justicia tuvo que ordenar que pase los alimentos a sus hijas ya que por propia voluntad no cumplía con sus obligaciones. Bustos Rivas denunció a Diéguez por supuestas amenazas que lo atemorizaron realizadas durante una audiencia entre el funcionario y el abogado. A partir de esta denuncia ningún abogado se puede sentir seguro en una audiencia con un fiscal ya que si actúa como Bustos Rivas los únicos testigos son los empleados del fiscal, indudablemente cruzaron todos los límites.
Esta actitud podría leerse como una acción desesperada ante un cambio de época en la que la justicia comienza a pesar más que los intereses sectoriales y se logran importantes avances como la condena al ex concejal Daniel Zisuela por trata de personas, o el procesamiento al comisario mayor Centurión y otros integrantes de la Policía Bonaerense por el asesinato de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante, o el juicio político a la ex titular de la Fiscalía N°2 de Florencio Varela, Mariana Dongiovanni por su cuestionable actuación en tres de las causas mas sensibles de la ciudad al posibilitar la pérdida de pruebas vitales que podían afectar las tramas del poder y mostrar cómo interactúan sectores de la política, redes de ilegalidad, policías y algunos empresarios.
Se terminó una época, la muerte de Luis Genoud dejó sin respaldo a la «pata judicial» del poder político, es necesario que la justicia sea justa.
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