Florencio Varela, año tras año, se vuelve más violenta y compleja porque operan el narcomenudeo y las tramas mafiosas diversas que tienen vínculos con sectores del poder político, policial y/ o judicial. En general, ante esta afirmación muchxs de los involucradxs se “ofenden” fácilmente.
La justicia de Florencio Varela se construyó a la medida del “cortesano” Luis Esteban Genoud que realizó “pagos” a políticos, a los amigos del poder y a las familias que consideró importantes a través de cargos que otorgó pero, siempre, con la condición y exigencia de lealtad entendida como garantía de “no tocar nunca sus intereses”.
Así, muchxs de los funcionarixs judiciales resultaron “obedientes” pero, además, vale aclarar que en un país serio no serían funcionarixs por falta de idoneidad técnica y moral. Por lo pactado, entonces, una parte del poder judicial local estuvo a la altura de las circunstancias a pesar de, (igualmente) padecer la sombra amenazante del cortesano “Genoud” al que le gustaba hacer llamadas o caer en los despachos a indicar medidas.
Entre las causas más graves de los últimos tiempos en nuestra ciudad están: la “Masacre de Senzabello” y “el secuestro y desaparición de Lucas Escalante y la desaparición seguida de muerte de Lautaro Morello”. Ambas recayeron en la Dra. Dongiovanni (fiel exponente de Genoud). La primera investigación terminó sin un solo acusado por los crímenes y de la segunda (luego de meses de escandalosa protección a la policía bonaerense) se apartó haciéndose la víctima.
En el caso del homicidio de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante queda claro que sobraban pruebas, ya que, el Fiscal Daniel Ichazo llevó tras las rejas a numerosos funcionarios policiales que Dongiovanni NO investigó .
Y como si esto fuese poco, el 19 de diciembre del 2023 aparece muerto Nahuel Sanabria dentro del moderno galpón de la empresa EMICAT, en horario comercial y con una enorme cantidad de golpes.
Aquí, una vez más, entra en acción el mal accionar de la Fiscal Dongiovanni quien, ante la declaración de los tres hermanos Sterle (dueños de EMICAT), no verificó el funcionamiento de las cámaras internas y externas del lugar donde murió Nahuel. Es raro que confiara en desconocidos o, en realidad, ¿los conoce? ¿Por qué confió tanto en la palabra de los que tenían un muerto adentro de su negocio y no se ocupó de confirmar sí lo que estos declararon (“que no había filmaciones disponibles”) era cierto?
Una de las cosas que todx fiscal sabe es que la mayoría de los registros fílmicos de las cámaras privadas tienen una corta duración. Ante eso solicitan rápidamente las filmaciones de la zona. En este caso, para variar, además de las cámaras de EMICAT, había dos depósitos más dentro del mismo predio que tenían domos internos y externos. Estas tampoco fueron solicitadas por la titular de la Fiscalía 2. Frente a esto, no es de extrañar que se hayan perdido evidencias importantísimas para este caso, el contenido de tres cámaras: vital para determinar que Nahuel no tenía golpes cuando entra al galpón, que no levantó la enorme y pesada persiana y que fue salvajemente golpeado por los tres propietarios Sterle y un empleado. ¿Por qué Dongiovanni nunca pidió las grabaciones? ¿Por qué no le llamó la atención que, supuestamente, empresas como las tres del gran predio no tuvieran cámaras? ¿Por qué nuevamente “creyó” (“mujer confiada sí las hay”) en una versión (en esta oportunidad la del Servicio de Calle de la Comisaría 3ra.) que negaba lo obvio (la existencia de las cámaras, de igual manera, visibles)? ¿Todo es complicidad o impericia grave?
A esto debemos sumarle que, además, el último día hábil del año 2023 la familia de Nahuel se hizo presente en el Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) del poder judicial y solicitó que se pidieran los films de EMICAT, de la panificadora “pegada” a ésta y de la distribuidora de alimentos dietéticos contigua a ambas. En la presentación al CAV, también, se incluyó la petición de la filmación del domo municipal que está en la ruta 36 y la calle Teniente Abraham, lo registrado por ese domo (como sucede con todos los municipales), asimismo, dura 30 días y luego se borra si la autoridad judicial no lo pide.
En este punto, si quisiéramos ser benévolxs con Dongiovanni y pensar que “solo se equivocó” tampoco podríamos serlo, pues, acá vemos como hasta los familiares de Nahuel solicitaron lo evidente. Dongiovanni, finalmente, no dio lugar a estos pedidos en tiempo y forma (recién lo hizo el 7 de febrero del 2024 cuando ella sabía que ya no habría imágenes) y a los 30 días se borraron todas las evidencias posibles que hubiesen ayudado a esclarecer qué le hicieron al joven, aquel jornada fatídica.
Estas averiguaciones, en suma, muestran como la Comisaría Tercera y la Fiscal Mariana Dongiovanni encubren a los responsables de los hechos que son empresarios locales. Es muy notorio que ningún Servicio de Calle puede no saber del domo municipal en la ruta 36 y ninguna fiscal puede desconocer que lo que contiene desaparece al mes de haber sido registrado.
Las familias víctimas de Mariana Dongiovanni decidieron avanzar con el pedido de juicio político y la denuncia ante la oficina de Control Reglamentario de la Procuración de la Provincia de Buenos Aires.
La meteórica carrera de la por entonces joven funcionaria judicial que llegó a Secretaria del Juzgado de Garantías 5 y luego, llamativamente, fue designada Fiscal empieza a tambalearse.
Los miembros honestos del poder judicial entienden perfectamente la gravedad de los hechos, la sociedad está harta de la protección a los poderosos. Esperamos que sean escuchadxs y que haya justicia en cada caso en los que Dongiovanni se desempeñó de manera nefasta.
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