LA DESMEMORIA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

A partir de la recuperación de la democracia el 10 de diciembre de 1983, fue necesario construir diversos acuerdos democráticos en la sociedad post dictadura y uno de ellos fue la defensa de los derechos humanos.
Lamentablemente, en las últimas décadas esa defensa irrestricta de los derechos humanos empezó a estar sujeta a dos variables: quiénes fueron la víctimas y cuál era el color político del gobierno que violara ese derecho humano.
Esa práctica política de defender los derechos humanos si conviene políticamente, dañó la credibilidad de la sociedad y colocó a la defensa de los derechos humanos dentro de las tácticas de acumulación de poder político de algunos sectores partidarios.
Esa práctica se ve con muchísima claridad en Florencio Varela dónde en los últimos años tanto Julio Pereyra como Andrés Watson se muestran como defensores de los derechos humanos si la violación la práctica un gobierno de signo político contrario pero, ante las violaciones a los derechos humanos realizadas por las fuerzas de seguridad del actual gobierno nacional o provincial guardan un silencio cómplice.
Ese modo de actuar quedó claramente de manifiesto ante las denuncias de violaciones de derechos humanos que involucran a socios políticos del gobierno municipal como Francisco Chicho Basile o Luis Genoud, y la respuesta política fue sostener la protección e impunidad.
En los últimos tres años, Florencio Varela se vio sacudida por dos hechos dónde las fuerzas de seguridad asesinaron jóvenes Varelenses. Hechos que tuvieron mucha repercusión pública y por lo cuales hay policías condenados en un caso y procesados/detenidos en otra.
El 17 de noviembre 2021 la Policía de la Ciudad de Buenos Aires baleo un auto y fraguó pruebas para inculpar a un grupo de jóvenes jugadores de fútbol del Club Barracas Central, en ese hecho fue asesinado el varelense Lucas González.
El 9 de Diciembre de 2022 en horas de la noche fueron secuestrados Lautaro Morello y Lucas Escalante, a los días Lautaro fue encontrado asesinado y Lucas permanece desaparecido .
Por el hecho hay seis policías bonaerenses detenidos siendo el Comisario Mayor Francisco Centurión y el Comisario Inspector Sergio Argañaraz los de mayor rango.
Sin dudas, ante la muerte violenta de dos jóvenes varelenses y la desaparición de otro, el gobierno municipal debería fijar una postura clara, atendiendo y asistiendo a la familia y exigiendo celeridad al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires .
En el caso de Lucas González el municipio atendió y asistió a la familia, difundió los hechos relevantes en las redes oficiales e incluso muchísimos militantes acompañaron en el juicio donde los policías fueron condenados.
En el caso del asesinato de Lautaro Morello y la desaparición de Lucas Escalante el gobierno municipal actuó de un modo distinto, no acompaño ni difundió los pedidos de justicia de las familias.
Esa práctica política de mostrarse activos en defensa de los derechos humanos frente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y guardar silencio y distancia frente a uno de los hechos más graves sucedidos en nuestra ciudad deja en claro el oportunismo del gobierno municipal .
El dia de hoy, la Secretaria de DDHH de la Nación, homenajeo a Lucas Gonzalez colocando una señalizacion contra la violencia institucional, en el Paseo de la Memoria en el límite entre Varela y Berazategui. El intendente Andres Watson estuvo presente acompañando a la familia de Lucas González e hizo mención de la necesidad de defender los derechos humanos y las ejemplares condenas.
El 9 de diciembre se cumplirá un año de la desaparición de Lautaro y Lucas, todavía no hubo un pronunciamiento del intendente sobre la detención de seis policías algunos de alto rango y sobre el hecho que Lucas permanece desaparecido .
¿Serán oportunistas que dañan el valor de la defensa de los derechos humanos? ¿o sera que las tramas mafiosas que asesinaron a Lautaro Morello y desaparecieron a Lucas Escalante tienen vínculos con las tramas de poder político local ?
Una sociedad democrática requiere no banalizar la defensa de los derechos humanos y en nuestra ciudad hace décadas es la práctica habitual del gobierno municipal con la defensa selectiva de las causas que les convienen y las que no.