Desde que comenzó el gobierno de Javier Milei anunció que terminó con la pauta oficial a los medios de comunicación y ante cada crítica de algún periodista responde que es porque no cobran más.
Pero ¿qué es la pauta oficial? Los gobiernos están obligados a hacer públicos los actos de gobierno y una de las formas es a través de los diferentes medios de comunicación. La pauta debe estar sujeta a los principios de transparencia, federalismo, interés público, pluralismo informativo, veracidad, razonabilidad, objetividad y eficacia en el gasto público, por lo cual la pauta a los medios de comunicación a nivel nacional, provincial y municipal son parte del funcionamiento del sistema democrático.
Pero Milei sostiene que » ya no existe la pauta oficial porque era un gasto que recibían los periodistas ensobrados”, lo cual es una mentira absoluta.
A pesar de que el gobierno limitó el derecho al acceso a la información se hizo público que el gobierno nacional gasta millones en publicidad de modo discrecional.
El Banco Nación cuyos funcionarios responden a Santiago Caputo firmó un convenio con la consultora Alejandra Rafuls que aparece vinculada al histórico dirigente radical Enrique Coty Nosoglia y a los hermanos Lugones, dueños del Sanatorio Güemes y uno de ellos actual secretario de salud. Mediante ese convenio el Banco Nación gira a la consultora $ 2.800 millones y esta deriva $1.600 millones en publicidad y $1.200 millones para publicidad en redes sociales. A los millones mencionados se suma que también YPF invierte $50.000 millones y Aerolíneas Argentinas otros $400 millones en publicidad oficial. Estos datos surgen del presupuesto nacional que el presidente Milei envió al Congreso Nacional.
Una vez más dos afirmaciones de Milei son mentiras «no hay más pauta oficial» y “no hay plata», lo cual queda demostrado en el presupuesto 2025 enviado por Milei.
Por supuesto el reparto de la pauta oficial es «totalmente discrecional» y está marcado por la permanente descalificación hacia los periodistas que publican cualquier critica al gobierno y eso incluye a Lanata, Tenembaun, Longobardi, María O’ Donnell, María Laura Santillán, Alconada Mon y decenas de periodistas de las diferentes miradas ideológicas quienes son castigados al grito de ensobrados, mentirosos o comunistas.
Gran parte de ese dinero llega a numerosos personajes que son parte de un grupo de influencers que en algunos casos también han sido contratados en el gobierno nacional.
Frente a este uso discrecional de dinero público y la permanente persecución de periodistas un sector importante de la política que antes marchaba en defensa de la libertad de prensa ahora guarda un estruendoso silencio.
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