En nuestra ciudad hace décadas se viene generando una olla a presión que contiene a miles de familias que, con o sin trabajo formal, no pueden acceder a una vivienda o a un lote que incluya servicios públicos básicos.
Por un lado, existe una “burbuja inmobiliaria” que fija el precio de la tierra en valores que (aún teniendo un sueldo en blanco) hacen imposible que cualquier trabajador o trabajadora pueda acceder a un lote. De esta forma, las familias humildes del partido varelense pierden la posibilidad de garantizar un derecho humano elemental: la tierra y la vivienda propia. A esto se le suma algo no menor, claramente, que es la devaluación de los salarios.
El Estado Nacional, Provincial y Municipal deben dar cumplimiento al artículo 14 bis de la Constitución Nacional que sostiene que “se debe garantizar el acceso a la vivienda digna “. Además, están vigentes los Pactos Internacionales de Derechos Humanos que tienen, también, rango constitucional y que, en la vida cotidiana, no se respetan.
En la misma línea, sabemos que la profunda crisis económica, acentuada por el actual gobierno; deja sin posibilidad de pagar alquileres (o de acceder a créditos hipotecarios) a miles de familias que sobreviven hoy hacinadas, en casas que obviamente no son propias.
Durante los últimos años, en los que el gobierno municipal tuvo la posibilidad de acceder a programas nacionales o provinciales para generar loteos sociales con servicios públicos, priorizó otras obras dejando que se sigan sumando ingredientes tóxicos a la olla a presión.
En paralelo, se desarrolló un formidable sistema de loteos ilegales que no pueden ser concretados sin la complicidad de funcionarios municipales y de las fuerzas de seguridad. Estos dejan un saldo enorme de cientos de familias estafadas que, actualmente, viven “enganchadas” de la luz y del agua. Por tanto, viviendo en condiciones precarias de habitabilidad y en peligro constante de desperfectos domésticos y accidentes que esta situación provoca. En definitiva, conviviendo en un clima de más desigualdad social, más segregación espacial e impacto ambiental negativo.
Cuando vemos que una funcionaria municipal sostiene que hay 102 loteos ilegales en todo nuestro Partido Varelense nos preguntamos ¿por qué no existe la misma rapidez (de parte del municipio, las fuerzas de seguridad y la justicia) para para frenar estas estafas cómo la que existe para llevar adelante los desalojos de las familias desesperadas que (ante la falta de respuestas) tomas tierras?
Centenares de grupos familiares y vecinas y vecinos esperan que el Estado Municipal cumpla los acuerdos firmados por Julio César Pereyra para ser trasladadas a lotes sociales, más de 30.000 familias están anotadas en Emergencia Habitacional y otro gran porcentaje vive en loteos ilegales que nadie controla ni regulariza.
¡La enorme mayoría son familias trabajadoras que no pueden acceder al mercado inmobiliario y la única respuesta posible no puede ser el desalojo y la represión institucional!
Es necesario declarar oficialmente la “emergencia habitacional” y poner a disposición recursos municipales posibles que aseguren una solución concreta; además, gestionar fondos provinciales y nacionales que son destinados para ello. Antes que la olla a presión estalle y sea demasiado tarde, de una vez por todas, deberían accionar.
El acceso a la tierra y vivienda propia es un derecho irrenunciable, no implica solamente algo material sino que representa el derecho a la ciudad, a una ciudadanía plena e igual para todos.
No basta con discursos vacíos que prometen ser garantes de esto, hay que terminar con la especulación fundiaria (de tierras) e inmobiliaria (terrenos/ casas) que genera constantes aumentos en los precios del suelo urbano; siendo estos (como hemos dicho) inalcanzables.
El Municipio varelense debe dejar de favorecer a propietarios, empresarios, políticos locales y/ o a otros personajes sin escrúpulos que están a la orden del día para engañar en su buena fe a las y los más vulnerables. Debería expropiar tierras que están en poder de estos actores sociales criminales que toman a la vivienda como un bien de cambio, como un objeto- mercancía a negociar para obtener ganancias. Es urgente que se cumplan las leyes de uso del suelo sustentable y las reglamentaciones acerca de la planificación urbana que eviten loteos ilícitos o con un mínimo de inversión en infraestructura.
Un sistema político que produce viviendas que serán sobreocupadas por varias familias, cuyas construcciones son pésimas para ahorrar en gastos de construcción, que se basa en una escasez habitacional adrede que eleva los precios a niveles insoportables; al que no le interesa (por todo esto) producir tierra y viviendas para los sectores populares; promueve mayor desigualdad e inequidad social y espacial.
Estas políticas (no) públicas municipales responden solo al feroz negociado de los desarrolladores inmobiliarios y de los políticos que, junto a la complicidad estatal, originan ganancia pura solo para ellos.
¡La vivienda no puede ser un privilegio, un bien asegurado solo para algunos. Fracciones enormes de ciudadanos varelenses no tienen acceso, no pueden pagar un alquiler decente y, mucho menos, comprar un terreno o casa!
¡Desde el Espacio de Tierras Agustín Ramírez- Red de Centros Comunitarios Monseñor Enrique Angelelli exigimos que se ponga empeño en garantizar el acceso a la vivienda y no a perfeccionar el accionar represivo! ¡Exigimos que sea, efectivamente, un bien y un derecho común!
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