Hace una semana la ciudad de Florencio Varela se vio sacudida por la detención de 11 funcionarios y empleados municipales por el robo de más de $70.000.000 de las cajas de cobro municipales.
Ese monto es un aproximado ya que la investigación abarca solo cuatro meses, de enero a abril 2023.
Desde la Agencia de Noticias La Barriada les contamos cómo funcionaba el sistema informático MEIOR que permitía que los cajeros pudieran quedarse con dinero cambiando los tickets de pago.
Es sumamente llamativo que un grupo de cajeros se pongan de acuerdo para realizar un robo millonario y que los numerosos funcionarios que deben controlar no se den cuenta del millonario faltante.
El accionar de la Fiscalía N° 1 a cargo del Doctor Dario Provisionatto solicitó la detención de 11 personas involucradas, incluído el Tesorero Municipal Eduardo Telechea, brindando el arresto domiciliario a dos mujeres embarazadas de acuerdo a lo previsto en el Código Procesal Penal.
Hasta este punto, la investigación avanzaba con claridad sobre quienes recaudaban el dinero y los funcionarios, como el Tesorero Municipal Eduardo Telechea, y probablemente otros funcionarios de mayor rango que pudieran correr igual suerte.
En medio de la investigación, el municipio de Florencio Varela se presentó como particular damnificado y el Secretario de Gobierno, Daniel Dono Leidi, de quién depende la Agencia Municipal de Ingresos Públicos (AMIP) que es la instancia fundamental de control, daba notas en medios nacionales jurando ir hasta las últimas consecuencias.
Desde la Agencia de Noticias La Barriada venimos compartiendo diferentes análisis de cómo una parte del poder judicial de nuestra ciudad fue construido por el ex Miembro de la Corte Suprema de Justicia Luis Genoud con el criterio de “reparto de favores a leales” ante eventuales futuras investigaciones.
Desde el momento de la detención empezó a circular un creciente rumor de que algunos de los detenidos no estaban dispuestos a hacerse cargo de un sistema de recaudación que tributaba a “las cajas negras de la política y por ende a personajes poderosos de la política local”
A mediados de la semana pasada surgió el rumor de que se estaba negociando la excarcelación de las personas detenidas para garantizar el silencio, y que la investigación no se salga de carril y ponga en peligro al poder político local.
La única salida ante la posibilidad de que alguno de los 9 detenidos se quiebre, era la excarcelación ya que dos mujeres embarazadas habían obtenido el arresto domiciliario de forma inmediata.
Está decisión fue tomada de forma rápida por pedido de la defensa de las personas detenidas y acá comienza una nueva etapa en la investigación, determinada por el rol del Juzgado de Garantías N° 8 y el Municipio de Florencio Varela.
El pedido de excarcelación de los defensores lo decidió el Doctor Marcelo Villagra y su secretaria, Natalia Bruzzone, cuñada del actual intendente Andrés Watson, ambos vecinos de nuestra ciudad y estrechamente ligados al sistema de poder construido por Julio Pereyra y Luis Genoud. Por supuesto, la respuesta fue dar la libertad de los detenidos a cambio de una fianza de entre $800.000 y $2.000.000.
Si observamos la cantidad de fianzas mediante pago de dinero que brinda el Juzgado de Garantías N° 8 a otros detenidos es muy escasa y se niegan por dos motivos “darse a la fuga y entorpecer la investigación”. En este caso, con la investigación recién iniciada y con la gravedad que tiene, llamativamente el Doctor Villagra no vio ninguna de las dos amenazas.
El otro hecho insólito es que el Municipio de Florencio Varela no salió a viva voz a repudiar la libertad de los detenidos que hoy ya están en la calle.
Empleados y funcionarios que amenazan hablar o pueden quebrarse y contar el sistema de recaudación, un juzgado a la medida del poder que rápidamente y por un puñado de pesos los deja en libertad y el municipio, la víctima, que guarda silencio a lo que podemos sumar 24 concejales que fingen demencia y no se enteran.
En una población donde aumenta la pobreza fruto de las políticas del gobierno nacional donde el gobierno municipal dice no contar con recursos para mejorar la vida de los varelenses, funcionarios políticos y judiciales acuerdan un nuevo pacto de silencio.
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