El domingo se conoció el primer caso de COVID-19 en un detenido alojado en la Unidad Penitenciaria Nro. 42 de Florencio Varela que además constituye el primer caso en contexto de encierro en todo el país.
Este primer caso “lamentablemente llega en el peor momento histórico en cuanto hace a la sobrepoblación del sistema”, según advirtió en entrevista con FM La Barriada el coordinador del Área de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Trufó.
Al respecto señaló que en un contexto donde lo único que se puede hacer para prevenir el contagio es el distanciamiento social, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) llega con una sobrepoblación del 110 por ciento.
“Hay más del doble de la cantidad de plazas que tiene el Servicio. A esto se suman casi 4 mil personas detenidas en comisarias del conurbano y del interior de la provincia”, denunció, recalcando que hay estudios que alertan que si un sistema penitenciario tiene más de un 75 por ciento de ocupación, resulta imposible practicar el distanciamiento.
Además, destacó que cuando empezó la emergencia sanitaria se elaboró una lista de aproximadamente 1200 personas que por ser grupo de riesgo deberían ser liberadas para cumplir el resto de la pena en sus domicilios, pero que el proceso judicial “se empezó a hacer extremadamente lento” porque los jueces demoraban, yendo caso por caso.
“Tendría que haber sido una decisión general, de decir que todas las personas que por la edad, por estar enfermas o ser mujeres embarazadas, tienen que salir”, opinó, señalando en consecuencia se presentó un Habeas Corpus para acelerar el proceso.
No obstante, explicó que aunque el Tribunal de Casación de la provincia le dio curso, el fiscal apeló, con lo cual “el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires está tratando de que no se hagan esas liberaciones”.
“Es una situación muy compleja, porque hay actores dentro del propio sistema que están frenando la cuestión, entonces todo se dificulta muchísimo”, declaró.
Trufó resaltó además que desde que empezó la crisis sanitaria, se empezaron a tomar medidas, algunas de las cuales fueron iniciativa de los propios detenidos, como renunciar a las visitas para limitar los contactos con la gente del exterior, aunque destacó que al no poder recibir alimentos de parte de sus familiares surgió otro problema, dado que “la mayor parte de lo que comen los presos es lo que llevan sus familiares”.
“Los inconvenientes que trae la cuarentena son mucho más graves en la situación de encierro. Van apareciendo todos estos problemas en una situación que ya era gravísima y que se agrava con la cuarentena”, consideró.
Para escuchar la entrevista completa, hacé click aquí.
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