EL RECORTE PRESUPUESTARIO A LAS PROVINCIAS DAÑARÁ LA VIDA DE MILLONES DE FAMILIAS

La Argentina vive un AJUSTE BRUTAL, con RECESIÓN y ALTA INFLACIÓN, lo cual es un escenario de un alto impacto inmediato para la población.

En medio de esta situación se discute en el Congreso de la Nación “la denominada Ley Ómnibus“, un paquete de disposiciones plagado de temas con aspiraciones fundacionales a la medida del Presidente Javier Milei.

En el marco del debate acerca de la ley en general (dónde queda claro, día tras día, el destrato del presidente a las bancadas amigables) el gobierno decidió retirar el capítulo fiscal y empezar un proceso de castigo a los gobiernos provinciales.

Éste capítulo impulsaba un feroz ajuste centralmente dirigido a los jubilados y a lxs trabajadores que resultó hasta inadmisible para dichos “bloques amigables y afines al libertario”. Cuando se retira el capítulo fiscal el Ministro de Economía (Luis Caputo) advirtió que, entonces, “el gran ajuste lo pagarían las provincias”. Es de destacar que una parte importante de la población argentina aplaude estos brutales recortes cómo sí estos no afectaran a la salud, educación, seguridad, justicia, programas sociales, etc. Resulta importante comprender que el impacto afecta a las millones de familias que habitan nuestra nación sin distinción de color político. El apoyo que, aún así, encuentran estas medidas debería ser revisado por los psicólogos y/ o, mínimamente, planteado con fines informativos/ reflexivos para que lxs vecinxs puedan entender de qué se trata todo esto.

Y colaborando con ello y como toda discusión política debe ser dada con datos certeros y aclarando la fuente, en este caso tomaremos la información del Instituto Argentino de Análisis Fiscal quienes se encargan de analizar, entre otras cosas, los giros de dinero del gobierno central a las provincias. Si tomamos el registro interanual de enero 2023 a enero 2024 la plata girada por el gobierno central, por fuera de la coparticipación, cayó un 98% habiendo girado en enero pasado solo 13.322 millones de pesos.

Así, de las 23 provincias argentinas, las que más porcentajes perdieron son: Córdoba un 92%, Corrientes un 26% y Chubut un 30%, mientras que (peor aún) 13 de ellas tuvieron cero transferencia durante enero del 2024. El recorte total sufrido por todas alcanza un 1,8% del PBI (Producto Bruto Interno). Por su parte, sí tomamos el caso de la Provincia de Buenos Aires (y comparamos lo transferido con la cantidad de población) está en el puesto 11 siendo la que más aporta al gobierno central.

Ahora bien, la decisión de quitar las transferencias por fuera de lo establecido en la Ley de Coparticipación no es ilegal, ni representa un gasto, teniendo en cuenta que somos un país Federal. Sin embargo, son las provincias las que sostienen al gobierno central y reciben a cambio una porción de lo que aportan y no al revés, todavía se escucha la frase del Vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti: “¿sí le cortamos el gas y la luz al gobierno central que van a hacer?”.

Entonces, si no se busca una alternativa de financiamiento para las provincias sufriremos las consecuencias en el deterioro de los servicios estatales y en cada uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires (recordemos: la provincia que más aporta) donde muchos no podrán pagar sueldos y eso incluye, insistimos, a todos los signos partidarios.

Es urgente, por lo tanto, que muchísimos bonaerenses dejen de aplaudir (y/ o justificar) el terrible ajuste. ¿Por qué?: y, cómo mínimo, deben caer en la realidad de que LA RESPUESTA ES SU PROPIA TRAGEDIA, experimentada en carne propia.