Por: Verónica Jaramillo Fonnegra*
Cuando llegó el macrismo en 2015 pensamos que existía el riesgo de que la política migratoria argentina -que gozaba gran prestigio en el mundo- cambiara. Nunca imaginamos cuánto. El viaje al pasado nos llevó a tiempos de la ley “Ley Videla” cuando vimos concretarse en enero de 2017, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/17).
Este decreto expedido al margen del consenso social -del cual había gozado la ley de migraciones 25.871- melló los derechos al acceso a la justicia, las garantías judiciales, la unidad familiar, de defensa y desconoció el principio de inocencia para las personas migrantes.
La xenofobia se volvió a sentir en las calles, los colectivos, en las marchas en los espacios de trabajo, en los bares. Las personas migrantes nos metimos en la máquina del tiempo y revivimos viejas situaciones vivenciadas en los años 90`s.Paralelamente al rebrote xenófobo, la idea de la irregularización volvía a tomar fuerza en el gobierno de cambiemos.
Con la puesta en marcha de un sistema de radicación a distancia (RADEX) se estratificó la obtención de DNIs, aumentó el valor de las tasas migratorias un 500% desde 2016. Les migrantes pobres y con menor acceso a la tecnología tuvieron serios problemas para regularizarse. Algunes encontraron ayuda entre las organizaciones de migrantes y de la sociedad civil, que se dedicaron casi exclusivamente a ayudar a la población para que no quedara irregular y abandonaron sus agendas de lucha para paliar la contingencia irregularizadora.
¿Qué nos dejó esta vuelta atrás en cifras? En primer lugar el Estado dejó de cumplir su obligación de regularizar a las personas migrantes hizo, caros, lentos y engorrosos los procedimientos de regularización y después les expidió cientos de órdenes de expulsión por no tener DNI. De hecho, en este periodo, por cada DNI permanente que el Estado imprimió dictó 4 órdenes de expulsión. Y peor aún, desde 2016 se multiplicaron por 5 las expulsiones por razones administrativas. Es decir, entre 2016 y 2018 más de 250 personas fueron expulsadas sin haber cometido delito alguno
El país recibe a “los que vengan a trabajar no a delinquir” decía la Ministra de Seguridad. Pero las cifras nos indican que el Estado no se dedicó a perseguir a “criminales migrantes” sino a migrantes que no tenían al día a su documentación. Ya que el número de extrañamientos, que son las expulsiones de quienes cometieron delitos, tuvo apenas un leve aumento del 7%. Es decir, el Estado se dedicó a criminalizar la migración.
Por otra parte, muchas de las órdenes de expulsión han recaído sobre grupos no caucásicos, por ejemplo, 1 de cada 3 migrantes a los que el Estado decidió emitirle una orden de expulsión, era de nacionalidad china. Por cada senegalés que recibió un DNI permanente otros 10 recibieron una orden de expulsión. Lo que comparado con otros grupos representa un ensañamiento de hasta 350% veces más. Es decir, se usó la política migratoria como un plan de “blanqueamiento” social.
La comunidad boliviana también sufrió un gran ataque en sus lugares de trabajo, tanto en las quintas como en los talleres familiares fueron perseguidos. Los operativos de control de permanencia aumentaron brutalmente para el grupo entero de personas migrantes, pasaron de 7.475 en 2014 a 27.425 en 2018, la mayoría de ellos realizados de oficio, sin orden judicial.
Otro cambio de la política tuvo que ver con el incremento de órdenes de expulsión contra mujeres, que casi se triplicaron desde fines de 2015 y hasta septiembre de 2018. En estos contextos se han reportado casos de ensañamiento cruel, al detenerlas de maneras engañosas, realizar expulsiones sin garantías judiciales y separarlas de sus familias e hijes. El caso de Vanesa Goméz Cuevas así lo evidenció.
Finalmente, en estos 4 años les trans y travestis migrantes sufrieron la más brutal represión en las calles, con causas armadas por narcotráfico, confinamientos prolongados sin garantías judiciales, abandono en las cárceles sin medicación -lo que llevó a que varias perdieran la vida- este fue sin duda uno de los colectivos más afectados.
Este es el contexto que encuentra el nuevo gobierno, depende del nuevo conductor de la máquina del tiempo hacer realidad los derechos de la población migrante. Quien deberá entender que la Argentina es desde su inicio un país construido por personas migrantes.
¹CELS (2017) Migrantes: de la protección a la criminalización. Informe anual.
²Datos brindados por la DNM al Programa Migración y Asilo de la UNLa en el marco del Proyecto Oscar Varsavski llamado “¿Regresividad en Derechos Humanos? El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/17 y su impacto en el acceso a la justicia de las personas migrantes frente a los procedimientos de expulsión y detención”.
*Migrante, Abogada, Magister en DDHH y Dra. En Ciencias Sociales.
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