¡EL FONDO FIDUCIARIO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA NO ES UNA CAJA POLÍTICA!

El Presidente Javier Milei promueve la instalación en redes sociales, y medios de comunicación afines, de afirmaciones que en la mayoría de los casos son parcial o totalmente ¡una mentira!.

Uno de los flagrantes engaños que esparce es aquel que asegura que el FONDO FIDUCIARIO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA (FISU) ES UNA CAJA POLÍTICA que maneja discrecionalmente el Dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) Juan Grabois.Esto es UNA FALACIA.

Muchísimas personas desconocen en absoluto que es el FISU. Por lo tanto, es necesario compartir algunos datos para entender en qué consiste y no dejarse llevar por mentiras de LLA. Fue creado por el Decreto 819/ 19, del entonces presidente Mauricio Macri,para llevar adelante la urbanización de cientos de barrios populares de todo el país. Está financiado con el 30% de lo recaudado por el  Impuesto País (que fue creado por la Ley 27.541) aplicado a quienes gasten con tarjeta en el exterior.

Entonces, el FISU y su financiamiento son parte de grandes acuerdos entre los movimientos sociales y el gobierno del ex presidente Macri. Esos consensos incluyen, además, la aprobación por unanimidad en votos (diciembre del 2018) de la Ley 27.453 que establece la regularización dominial para la integración socio- comunitaria de los barrios populares inscriptos en el ReNaBap (Registro Nacional de Barrios Populares). Con el dinero aportado al FISU desde el impuesto país se realizaron más de 1500 obras vitales para los barrios populares como construcción de espacios comunitarios, polideportivos, plazas, obras de conexión segura de agua/ energía eléctrica y procesos de regularización dominial.

Queda claro, así, que las legislaciones y decretos que construyeron este importante FONDO FIDUCIARIO fueron parte de un conjunto de decisiones colectivas democráticas en el Congreso de la Nación y, a su vez, del ya nombrado Decreto 819/ 19 del ex presidente del PRO. Nadie de modo honesto puede discutir la enorme legitimidad que tiene el FISU ni el contenido legal que contiene la política de integración socio- urbana. Sin embargo, Milei pretende destruir esos acuerdos democráticos.

Y, para fijar aún más la transparencia de dicho organismo, vale destacar que la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) estuvo a cargo de Fernanda Miño (una dirigente social que milita en el Partido Patria Grande que tiene como referente al ya mencionado Juan Grabois) pero que eso nunca implicó que el acceso a los fondos FISU esté mediado por ninguna incumbencia partidaria. De esta forma, la SISU tiene dos líneas de financiamiento a  municipios y organizaciones sociales y, sí se observa quienes ejecutaron proyectos, notaremos que hay municipios de los diferentes signos políticos y gran cantidad de organizaciones que no tienen ninguna pertenencia política partidaria.

Ahora bien, vayamos al caso local: ¿qué pasó en Florencio Varela con lo recaudado por el FONDO FIDUCIARIO DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA?: el municipio varelense tiene en ejecución un proyecto en el loteo social “Los Pilares” que se encuentra en consumación pero, también, se realizó un polideportivo y centro comunitario de la Red de Organizaciones Comunitarias Monseñor Enrique Angelelli en el “Barrio Luján” y otro de Cáritas Quilmes en  el “Barrio La Carolina”, por solo citar algunos ejemplos. Sin ir más lejos, en la actualidad existen más proyectos en curso gestionados por el municipio y organizaciones sociales que claramente tienen una relación con profundas diferencias con el gobierno comunal como es el caso de la Red de Organizaciones Comunitarias Monseñor Enrique Angelelli.

Ante este panorama, sin ningún lugar a dudas, vemos como la SISU (durante la gestión de Fernanda Miño)fue un área donde se pudo acceder al financiamiento de proyectos sin que nadie exigiera pertenencia política alguna y donde los niveles de control de los gastos tuvieron y mantienen mayores observaciones que otros programas estatales.

Como en otros casos, el objetivo de JAVIER MILEI ES DESTRUIR. En esta oportunidad intenta aniquilar el proceso de urbanización de los barrios populares dañando a millones de familias y desterrando los marcos legales que son fruto del consenso de las fuerzas democráticas de este país.