En las últimas horas trascendió la noticia de la denuncia al ex presidente Alberto Fernández por Violencia de género lo que motivó el repudio inmediato de organizaciones, espacios y referentes feministas. También diversos espacios partidarios se sumaron al repudio público, incluidxs aquellxs que defenestraron las luchas feministas, que fueron los responsables de los recortes en políticas públicas en materia de género e incluso lo festejaron.
Varias cuestiones se pueden analizar de estos hechos: en primer lugar, la violencia machista estructural de la sociedad que hace que la violencia pueda ser ejercida por un ciudadano anónimo o por una figura de poder, como es el presidente. En segundo lugar, el uso político que algunos espacios partidarios hicieron de las luchas feministas en pos de horizontes electorales. En tercer lugar, la falta de perspectiva de género para el tratamiento mediático del caso, que se basó en revictimizar a la denunciante difundiendo datos e imágenes de la causa penal, antes que ella misma lo hiciera. En cuarto lugar, la indignación selectiva y oportunista de los sectores de la derecha; y, derivado de todas estas cuestiones, la importancia de tener políticas públicas en materia de género y específicas para prevenir y erradicar la violencia por motivos de género.
Desde la Asociación civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) se elaboró un informe en el que se comparan el presupuesto nacional 2023 y 2024 en políticas públicas en perspectiva de género, donde afirman que, en general, en las políticas públicas que apuntan a reducir la desigualdad de género, el gasto fue, en lo que va de 2024, un 26,8% más bajo que el año pasado.
Pero veamos los datos más detalladamente, el gasto en políticas públicas en materia de género se dividen en: gasto contra la violencia por razones de género, el gasto en cuidados y el gasto en protección social.
En las políticas tendientes a la erradicación de la violencia por razones de género:
- El programa Acompañar, ejecuto (esto quiere decir que se inició el gasto indicado para tal programa) de $17. 529 millones entre enero y abril, pero en términos reales esta cifra representa un ajuste del 79% respecto al mismo periodo del año anterior.
- El “fortalecimiento” de la línea 144, ejecutó $443,8 millones entre enero y abril, con un ajuste del 25% respecto al año anterior. Además, este presupuesto no fue actualizado con la inflación, además del despido de más de la mitad de las trabajadoras.
- Acciones de ayuda urgente para familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y travesticidios, no ejecutó presupuesto en los primeros 3 meses del año, aun cuando se registraron 85 femicidios y travesticidios en ese periodo.
- El programa de rescate de acompañamiento a víctimas de trata, ejecutó un 90% menos de presupuesto que el año pasa
- El programa de Afianzamiento de la justicia del Ministerio de Justicia, ejecutó un 72,11 por ciento menos que en el primer cuatrimestre de 2023.
El gasto en cuidados:
- El programa de fortalecimiento de la infraestructura social, del cuidado y sanitaria, dependiente del Ministerio de Infraestructura, sigue sin ejecutar ningún recurso en el 2024
- El programa de fortalecimiento edilicio de jardines de infantes inició el gasto del presupuesto que representa menos del 1% de lo ejecutado en los mismos meses de 2023.
El gasto en protección social:
- El presupuesto para moratorias previsionales, asignación universal por hijo y por embarazo, tarjeta alimentar y pensiones no contributivas para madres de siete o más hijos, registraron recortes de 40,2% en Pensiones no contributivas, y del 32,2% en Moratorias.
- El desembolso de AUH Y AUE subieron un 13,5%, pero el de la prestación Alimentar cayó un 10%.
Estos datos reflejan un recorte muy grande en materia de políticas públicas relacionadas al género en el año 2024, respecto a lo gastado en 2023. Y a esto se le suma la falta de transparencia en los datos, ya que desde inicios de 2024 no se actualizan los monitores oficiales donde se pueden ver y hacer un seguimiento diario a las partidas de género, niñez, discapacidad y acción climática.
Nuestro país registra un femicidio cada 36 horas, el estado nacional recorta presupuesto no solo de los programas de prevención, sino de los programas para mujeres y diversidades que intentan salir de la violencia, así como programas con perspectiva de género; representantes de LLA que niegan la violencia machista como una problemática estructural y mientras tanto, en nuestro país, 120 mujeres fueron asesinadas por esa violencia negada y fomentada desde los estados.
Para leer el informe completo:
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