El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) realizó dos presentaciones frente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de los anuncios de la Ministra de Seguridad.
El jueves 14 de diciembre la actual Ministra de Seguridad Patricia Bullrich dio a conocer en conferencia de prensa el “Protocolo para el mantenimiento del orden público” (Resolución 943/2023), el cual se centra en la actuación estatal frente a la protesta social con una fuerte impronta represiva.
El protocolo fue dado a conocer de manera completa en el Boletín Oficial (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/300917/20231215) y entre los puntos destacables se pueden mencionar:
- Intervendrán las fuerzas policiales y de seguridad federales frente a cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación sujetas a la jurisdicción federal.
- Las intervenciones se desarrollarán hasta dejar totalmente liberado el espacio destinado a la circulación.
- La fuerza empleada por los efectivos será la mínima necesaria y graduada en proporción a la resistencia y con armas no letales.
- Se identificará a autores, cómplices e instigadores, como así también los vehículos utilizados para el transporte de manifestantes remitiendo la información al Ministerio de Seguridad. Con esa información se creará un registro de las organizaciones que participan de las acciones “así como del número de infractores identificados de cada una de esas entidades, sin inclusión del nombre de las personas físicas hasta tanto no exista resolución judicial sobre ellas.”
- En caso de identificarse a extranjeros con residencia provisoria se enviarán los datos a la Dirección de Migraciones
- Se contemplarán los actos que puedan ocasionar daño ambiental y la presencia de menores en las manifestaciones
- El Ministerio de Seguridad podrá demandar a las organizaciones o personas individuales por el costo de los operativos desplegados
- Se deroga la Resolución del Ministerio de Seguridad N° 210 de fecha 4 de mayo de 2011 que fijaba reglas y pautas de actuación policial y estatal acordes a los estándares internacionales de derechos humanos en materia de derecho a la protesta social.
¿Por qué este protocolo deriva en una presentación frente a organismos internacionales? Básicamente porque viola tanto derechos constitucionales como los establecidos en las declaraciones y acuerdos internacionales.
Lo que mencionan como “mantenimiento del orden” es control y represión, criminalización de la protesta que consiste en el uso de la represión física, y de mecanismos legales y judiciales, contra organizaciones y movimientos sociales para desactivar todo intento de resistencia a las medidas que anuncian la profundización del hambre y la pobreza para el pueblo.
Justamente este protocolo fue dado a conocer luego de que hagan públicas las medidas económicas según las cuales el ajuste cae sobre las y los trabajadores y los sectores mas vulnerables, ante lo cual se lanzó una convocatoria a movilizar el miércoles 20 de diciembre próximo.
En este escenario el CELS realizó dos presentaciones ante la ONU y la CIDH informando la grave situación de nuestro país y solicitando su intervención, en las mismas se desarrollan las críticas que el organismo realiza al nuevo protocolo que se resumen en cuatro aspectos:
1. La protesta social como un delito y no como un derecho
2. Retroceso en la regulación de la actuación de las fuerzas de seguridad y ampliación de las facultades discrecionales de la policía
3. Criminalización, persecución y estigmatización de quienes participen en protestas y sus organizaciones
4. Derogación de la resolución 210/2011. El aumento de los riesgos en la afectación del derecho a la vida y la integridad física de aquellas personas que se manifiestan.
El CELS también elaboró un formulario para la recepción de adhesiones a los petitorios presentados al cual se puede acceder fácilmente mediante el siguiente enlace: https://forms.gle/PvPn6vQY5Q8RAS7g8.
Una vez mas el espacio político que hoy gobierna toma un legítimo malestar social, en este caso el corte de calles y los contratiempos que traen para las personas que necesitan circular por esos espacios, para sentar en eso las bases de medidas que atropellan contra nuestros derechos.
Lejos está su interés en que las personas lleguen a trabajar o los chicos a la escuela como manifiestan, su objetivo es controlar a la población y evitar a toda costa que pueda manifestarse para defender los derechos adquiridos y oponerse a las medidas hambreadoras que pretenden implementar. El ajuste no entra sin represión, lo hemos aprendido de sobra tanto en dictadura como en democracia.
A nadie le gusta estar horas en las calles bajo el sol, la lluvia o el frío para poder acceder a lo básico para una vida digna como el alimento, el trabajo o la vivienda. Pero menos le gusta no poder pagar la olla, ni solventar los aumentos de impuestos o del transporte, perder el trabajo o tenerlo precarizado, que el sueldo se congele y no llegue a la canasta básica, quedar librado a la voluntad de los privados para acceder a la vivienda, que la inflación la pague el pueblo mientras los poderosos no ven modificados sus privilegios ni un milímetro.
Ante el ajuste lucha y organización. Ni un paso atrás.
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