Desde la vuelta a la democracia el 10 de diciembre de 1983, la ciudad de Florencio Varela se vio involucrada en numerosos y diversos hechos de violencia y la gran mayoría no fueron denunciados.
Algunos lamentables, como los golpes que le propinaba el Intendente Julio Carpinetti a su pareja de entonces Graciela Gianettassio no generaban repudio social eran otras épocas donde todavía era común la idea de “violencia doméstica”.
En los últimos años, salieron a la luz hechos que dejan al descubierto de que manera personajes del poder político ejercieron y ejercen violencia o aparecen involucradas en hechos violentos, pero la respuesta estatal no es la misma para todxs los funcionarioñxs.
Cuando el 3 de septiembre del año 2021, un Tribunal condenó a Daniel Zisuela por liderar una red de trata se abría una nueva investigación sobre funcionarios municipales relacionados, con el delito de facilitación y promoción de trata de menores y mayores, algunos de ellos, Franco Risso e Isabelino Barraza, continúan en los cargos.
El año pasado el Subsecretario de Jefatura de Gabinete de la UNAJ y hombre de larga trayectoria política junto a Carlos Kunkel y Julio Pereyra fue denunciado al 911 por su pareja, cuando llegaron los efectivos policiales al hogar de la denunciante lo encontraron en calzoncillos y con un pistolon. A pesar del creciente hartazgo de muchas funcionarias y docentes de la UNAJ, se decidió mantenerlo en su cargo.
Frente a los hechos mencionados queda claro que se decidió proteger a los responsables y violentos, pero no sucede lo mismo cuando las personas implicadas no tienen el respaldo político necesario: trascendió un hecho donde el Secretario de Cultura, Recreación Y Deportes del municipio ejerció violencia contra una empleada municipal, y fue despedido del cargo de modo terminante. En este caso además, de modo correcto, se aplicó el protocolo de la ley Micaela; pero en los dos casos mencionados anteriormente, el aparato político que controla Julio Pereyra decidió protegerlos.
En las últimas semanas la secretaria de Desarrollo Social, Laura Vivas, quien además es Directora del Hogar Nomadelfia queda expuesta ante el fallecimiento de un niño y la investigación está en curso.
El aparato político del peronismo que conduce Julio Pereyra decidió proteger a los propios en todos los lugares donde pueda, sea en la UNAJ o dentro del municipio, y Andrés Watson solo pudo aplicar la ley Micaela a Mauricio Rodríguez, uno de los funcionarios que respondía al Intendente Municipal.
Mientras el aparato pereyrista sigue protegiendo a los propios, es el gobierno de Andrés Watson el que paga los enormes costos políticos.
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