En un contexto político en el que deliberadamente se desarrollan políticas de olvido e impunidad en el día de ayer, miércoles 14 de agosto, el Ministerio de Justicia de la Nación cerró la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencia del Accionar del Terrorismo de Estado dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).
La CONADI funciona desde el año 1992 bajo la órbita del entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con el objetivo de promover la búsqueda y localización de niñes desaparecides durante la última dictadura cívico militar eclesiástica empresarial. A partir de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) ahora el ministerio es solo Ministerio de Justicia, y la CONADI está siendo desmantelada.
En el artículo N°2 del decreto de creación de la Unidad de Investigación dentro de la CONADI en el año 2004 (D 715/04) se manifiesta que a partir de ese momento la Unidad “asistirá de modo directo los requerimientos de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) regulada por Ley Nº 25.457, como asimismo las peticiones judiciales o provenientes de fiscales, que se formulen en las causas instruidas en ocasión de los hechos citados en el artículo precedente (…) Podrá también efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal”.
También manifiesta en su artículo N°4 que para la ejecución de sus tareas la Unidad podrá “acceder en forma directa a todos los archivos de los organismos dependientes del PODER EJECUTIVO NACIONAL incluidos los de la PRESIDENCIA DE LA NACION, de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, sus organismos dependientes, Fuerzas Armadas y de seguridad y los organismos registrales.”
Ambos aspectos fueron tomados por el gobierno nacional para fundamentar el cierre de esta Unidad a través del Decreto 727/2024 alegando que la misma es incompatible con la Constitución Nacional porque iría contra la división de poderes al ser un organismo del Poder Ejecutivo cumpliendo funciones del Poder Judicial, además de violar el derecho a la intimidad de las personas al tener el poder de acceder a la información.
Dos argumentos tan falaces como los que cotidianamente utilizan para intentar justificar sus posturas negacionistas y antipopulares. En primer lugar, la Unidad no suplanta ninguna función, sino que fue creada para asistir, es decir que no cumple por sí misma ninguna de las funciones correspondientes al Poder Judicial, sino que realiza tareas de investigación que pueden aportar a la tarea tanto de la CONADI como de los procesos judiciales. Por otra parte, la intimidad de las personas no está en riesgo ya que la información a la que puede acceder de forma directa es a la producida por los organismos estatales del Poder Ejecutivo Nacional la cual es información pública al estar producida en el marco del ejercicio de las funciones de funcionarios y funcionarias públicas (no sobre su vida privada) además de estar protegida por la Ley 25.326 de Protección de los datos personales.
La discusión sobre esta nueva medida de gobierno no puede darse sin considerar la extensa lista de acciones que atentan directamente la lucha por los Derechos Humanos y la búsqueda de Justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar eclesiástica empresarial. Para mencionar solamente algunas de estas acciones: el acto homenaje a los militares “víctimas del terrorismo” de la vicepresidenta Victoria Villarruel en 2023, las declaraciones públicas del gobierno sobre la voluntad de otorgar la prisión domiciliaria a los genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad, el desmantelamiento de los sitios de memoria, la visita de diputados y diputadas de LLA a genocidas en la cárcel de Ezeiza.
La discusión sobre esta nueva acción excede el marco legal, es de lleno una discusión política entre quienes defienden el terrorismo de estado buscando la impunidad de los genocidas y la reivindicación de su plan económico hambreador, y quienes lo condenan buscando justicia por los crímenes cometidos y rechazan el plan de hambre y pobreza para el pueblo.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, manifestó que “este Gobierno respeta la división de poderes y vela por la protección irrestricta de los derechos fundamentales: la vida, la libertad y la propiedad privada”, lo que abre algunos interrogantes: el trabajo de la Unidad de Investigación durante 20 años que aportó a la restitución de 133 niñes apropiades ¿contra la vida, la libertad y la propiedad privada de quién atentó? ¿Alguien más que apropiadores y apropiadoras se vieron “perjudicadas” por esta labor? ¿Alguien más que las personas que tenían sus identidades robadas se vieron beneficiadas?
Insulta a la inteligencia y la memoria de nuestra sociedad que piensen que vamos a creer que el desmantelamiento de la CONADI tiene algún argumento válido que la avale, que haya alguna motivación más allá de su profundo espíritu negacionista y pro militar.
Resta recuperar la identidad de mas de 300 personas que hace 48 años tienen su identidad robada, que hace 48 años tienen una familia que los y las busca, que hace 48 años viven con los asesinos de sus padres, resta la condena de cientos de apropiadores y apropiadoras y no vamos a dar ni un paso atrás.
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