A 5 meses del comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio, crecen las consultas por parte de trabajadoras de casas particulares respecto a distintas problemáticas que atraviesan producto de la pandemia.
Según manifestó, en entrevista con FM La Barriada, la abogada laboralista Mariela Pisano, quien asesora a trabajadoras de casas particulares desde la organización AMUMRA, hay muchos casos en los que el empleador manifestó que ya no puede pagar más y otros en los que al inicio de la cuarentena las empleadas se encontraban en la casa donde trabajan y “no pudieron o no las dejaron salir”.
“Obviamente tenían derecho de irse del hogar. Si por voluntad decidían quedarse, la situación hubiera sido distinta, pero hubo muchos casos donde les dijeron que se quedaran porque de lo contrario no volverían”, planteó.
“Esto genera mucha angustia e incertidumbre, porque por el miedo de perder el trabajo aceptaron condiciones que no son las que corresponden legalmente”, refirió.
En este sentido, recordó que desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio en marzo, se dispuso que los trabajadores debían quedarse en su domicilio con el derecho al cobro del salario íntegro, con excepción de los esenciales.
“En el caso de las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares, la única excepción –que es la que continúa hasta hoy- es la que autoriza la asistencia y el cuidado de personas adultas y de niños discapacitados”, indicó.
“Las trabajadoras de categoría quinta, que es la de tareas generales -en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)- aún hoy siguen sin estar autorizadas para concurrir a sus trabajos”, recalcó.
No obstante, expuso que algunos empleadores les otorgaron permisos de circulación por categoría cuarta a trabajadoras de la numeración quinta, pese a no reflejar la realidad y aún cuando la autorización no coincidía con el registro laboral.
Esta circunstancia, según apuntó Pisano, pone a las trabajadoras “en riesgo” porque en caso de tener algún accidente en el camino o contagiarse COVID, no tienen la posibilidad de hacer el reclamo en la Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART) dado que “la realidad es que está prohibido ir a trabajar con la categoría quinta”.
Además, insistió en que “aún con la licencia de no ir a sus puestos”, las trabajadoras “deben cobrar su salario íntegro”, aunque señaló que desde mayo “algunos empleadores expresaron que ya no podían o no querían pagarles”.
“Hay situaciones donde realmente hay buena fe de parte del empleador pero no puede abonarle el salario, porque el aislamiento se fue complicando cada vez más para todos”, declaró.
Por otra parte, remarcó que en otros casos los empleadores les dijeron a trabajadoras sin registración que no fueran más y les dejaron de pagar, por lo que perdieron sus ingresos.
“Hay que tener en cuenta que las trabajadoras y los trabajadores de casas particulares tienen un alto porcentaje de clandestinidad. Alrededor del 65 por ciento no están registrados, y esto es una complicación porque impide hacer el reclamo legal y laboral que corresponde”, advirtió.
Foto: Canal Abierto
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