Diferentes organizaciones y defensores/as de derechos humanos de la Argentina que forman parte de la Red Nacional de contra la Tortura enviaron una nota al Comité contra la Tortura, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a la Corte Suprema de la Nación y a autoridades ejecutivas y judiciales provinciales, manifestando preocupación por la situación de las personas privadas de la libertad alojadas en unidades penitenciarias y dependencias policiales del país, y el impacto que puede tener el avance de la pandemia COVID-19 en dicha población.
El escrito presentado hace hincapié en la necesidad que haya un organismo, institución o comité de emergencia que centralice, coordine y monitoree la aplicación de las medidas preventivas y de contingencia del COVID-19 para la población en lugares de encierro.
Dentro de las necesidades que plantea esta solicitud se encuentra la coordinación entre los distintos poderes del estado, en especial con el Poder Ejecutivo. Plantea también el otorgamiento de prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas o con hijos en Unidades Penitenciarias. Además solicitan otorgar libertades o prisión domiciliarias a quienes están con salidas transitorias, y también conceder los mismos beneficios a quienes, conforme al tiempo de condena transcurrido, están en condiciones de obtenerlas.
Estas medidas darían un impacto de disminución de la sobrepoblación, lo que debería acompañarse con una revisión de las prisiones preventivas y de las condenas por delitos leves y no violentos. También dicha solicitud hace mención a los reclamos históricos como es garantizar el acceso a una alimentación adecuada, elementos sanitarios para la higiene y la atención de la salud.
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