¿CÓMO AFECTA A NUESTROS BARRIOS LA PRIVATIZACIÓN DE AYSA?

Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), es la empresa concesionaria de servicios públicos de agua potable y tratamiento de desagües cloacales para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, entre los que está Florencio Varela.

AySA se creó el 21 de marzo del 2006 por el Decreto 304/ 2006 del Poder Ejecutivo Nacional y, luego, fue ratificada por el Poder Legislativo mediante la Ley N° 26.100.

Su composición específica está conformada por el Estado Nacional con un 90% del capital social, mientras que el 10% restante corresponde al personal a través de un Programa de Participación Accionaria (PPA), único en su tipo.

Pero mucho antes de que AySA tenga esta particularidad otra fue la historia. En los años ’90 todo fue más oscuro debido a las privatizaciones del menemismo.

En ese tiempo, la empresa se llamaba Obras Sanitarias de la Nación (OSN) y, posteriormente, Aguas Argentinas. OSN fue la primera compañía nacional que se encargó de los servicios de agua y cloacas en nuestro país. En 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, se otorgó la concesión de los servicios a Aguas Argentinas, un grupo cuyo principal accionista era el grupo francés Suez. En 2006, el gobierno argentino rescindió el contrato debido a la desastrosa gestión que realizó esta empresa privada.

Suez había prometido reducir las tarifas, pero las aumentó un 88,2 %, cuando en el país tan solo la inflación era menor al 10. Además, solo invirtieron el 57 % del dinero estipulado. A su vez, también manifestaron que iban a hacer una cobertura de cloacas que alcanzase un 74 %. No obstante, concretaron solo un 63%. En cuanto al tema de cobertura de agua potable cumplieron con un 74 % frente al 88 % al cual se habían comprometido.

Este incumplimiento llevó a que se le saque a Suez la prestación de agua y cloacas. Esto último ocasionó un litigio internacional con los Suez y otras empresas. Finalmente, se llegó a un acuerdo y Suez recibió una indemnización de 220 millones de euros, dando por terminado el conflicto. La gestión del servicio fue retomada por AySA.

Más allá de este recorrido histórico de la primera privatización del agua en Argentina, es importante reflexionar sobre como afectaría nuevamente a nuestras vidas cotidianas si volviese a suceder algo similar a lo ocurrido en los ’90. Después de leer los párrafos anteriores podemos darnos una idea de lo desastroso que sería.

El agua es un derecho esencial, un derecho humano. Pero en el Artículo 7 de la LEY BASES, que votó nuestro Congreso Nacional, se destacan atributos que tiene el presidente Javier Milei de no solo privatizar la empresa de agua, sino de sacar los subsidios a las familias que no pueden pagar la tarifa completa. Uno de los puntos más sensibles del plan es la propuesta de habilitar el corte del servicio de agua corriente a usuarios en caso de morosidad. La nueva norma incluiría esta medida en los contratos con los futuros concesionarios, lo que podría afectar el acceso a un servicio esencial para muchos hogares de nuestros barrios. De igual manera, se plantea que las tarifas se actualicen de forma automática cada tres meses, en función de la inflación y los costos de obras, lo que podría generar incrementos significativos en las facturas de las familias. Esto se hace para atraer nuevos concesionarios pero en perjuicio de les trabajadores y vecines.

De hecho, una de las obras que estaba realizando Aysa junto a los municipios era la apertura de pozos de agua para aquellos lugares donde no llega en Florencio Varela. Y estas obras, en lo últimos años, se paralizaron porque que se requiere del Programa Agua+ Trabajo el cual fue desmantelado por el mismísimo Milei.

A esto se debe sumar que por cada dólar que se invierte en agua potable se ganan 2,5 dólares más, tanto para el sistema de salud como para otros sistemas de cuidados de la ciudadanía. Y esto es así porque la falta del servicio de agua condiciona la reproducción de la vida cotidiana, multiplica la mortalidad infantil, sobrecarga de tareas de cuidados a las mujeres, entre otros.

Otro ejemplo muy destacable apunta a que los elementos más importantes en plena pandemia de Covid- 19 fueron las vacunas y el agua, ¿imaginemos lo que podría llegar a pasar si no tuviéramos un buen servicio y estuviésemos frente a una nueva emergencia sanitaria?

Asimismo, con la privatización de los años ‘90, nunca se sumaron nuevos usuarios, esto es una preocupación que todes tenemos ante un nuevo posible contrato; es “la letra chica” como se dice comúnmente.

Los antecedentes hablan: tarifas caras, falta de inversión, escasez de agua y cloacas, ausencia de más beneficiaries. Todo acompañado de la locura del gobierno nacional por conseguir dinero. Gobierno que va a vender “las joyas de la abuela”, que son las empresas del Estado Nacional, que tanto nos costó a todes volver a recuperar. Mas allá de las fallas que pudieron tener en los diferentes gobiernos hasta nuestros días y la irresponsabilidad política de los diputados y senadores nacionales que acompañan esta iniciativa privatizadora, esto no se puede permitir.