ABUSOS, VIOLENCIAS Y EL PODER POLÍTICO: UNA TRAMA DE ESTRUCTURAS PATRIARCALES QUE AVASALLAN A LAS MUJERES Y PERPETÚA LA IMPUNIDAD DE LOS FUNCIONARIOS IMPLICADOS

Desde el escandaloso “caso de Alberto Fernández”, pasando por otros tantos “altos funcionarios”, hasta llegar a “Franco Risso”, “Diego Giménez”, “Isabelino Barraza” y “Mario kanashiro” en Florencio Varela. Las víctimas suelenser re- victimizadas, expuestas al escarnio público, a ser calladas una y otra vez y/ o a no obtener nunca la JUSTICIA que realmente merecen.

El patriarcado es un sistema social y estructural por el cual el hombre, el “patriarca o padre” comúnmente ha tenido poder y dominio real, ha mandado y ordenado por sobre las mujeres, niñxs y disidencias (comunidad LGTBIQ+). Ha sido el “centro de la escena” con enormes privilegios y ocupando exclusivamente el espacio público (oficina, fábrica, cargos jerárquicos y políticos, etc.; más lugares de recreación y esparcimiento) mientras que a la mujer solo se le asignaba el espacio privado (doméstico, la atención de la casa y cuidado de lxs hijxs y adultxs mayores) como su único rol de género en la sociedad.

Implica, entonces, un conjunto de relaciones sociales sexo– políticas basadas en diferentes instituciones públicas y privadas que lo avalan y en la solidaridad de un género instaurado por los varones hegemónicos (los de “siempre”, los considerados históricamente “masculinos o con características de machos”), quiénes como grupo social (en forma individual y colectiva), oprimen a las mujeres también de forma individual y colectiva. Se trata de una construcción histórica y social que aún se mantiene vigente en muchísimos aspectos. Se puede transformar, desde luego, por un modelo social más justo e igualitario: esta es la gran lucha y objetivo de los feminismos.

Ahora bien, si hablamos de opresión patriarcal debemos incluir los abusos sexuales y el sometimiento de mujeres al ser explotadas sexualmente. Esto, consecuentemente, vinculado con considerar a los cuerpos de las mismas como objetos a comercializar o mercantilizar. A eso se le suman las violencias por motivos de género (físicas, simbólicas, psicológicas, económicas, patrimoniales, laborales, etc.) ejercidas sobre todas ellas en diferentes ámbitos de la política argentina, a nivel nacional, provincial y municipal.

En las últimas semanas, sin ir más lejos, hemos asistido al escándalo que significó la denuncia judicial de la ex Primera Dama contra el ex Presidente Alberto Fernández por violencia de género. Asimismo, nos han ¡¿informado?! esto (con una clara impronta amarillista y sin siquiera una pizca de perspectiva de género en sus tratamientos), en “cadena nacional”, junto con videos acerca de supuestas visitas clandestinas de varias mujeres famosas que, durante la pandemia de COVID- 19, habrían asistido a la Casa Rosada y/ o a la Quinta de Olivos para mantener relaciones sexo- afectivas con el ex mandatario.

Por otro lado, cabe recordar que ya se han dado otros casos de políticos implicados en violencias por motivos de género, en abusos sexuales o en explotación sexual de mujeres y redes de trata.

Rememoremos los casos de Fernando Espinoza (Intendente de La Matanza) recientemente procesado (y con serias chances de llegar a juicio oral y público) por abusar sexualmente (en 2021) de quién en aquel entonces era su secretaria privada. No es menor que, mediante su abogado defensor, intentase desacreditar a la víctima llamándola “loca con serios problemas psicológicos” o afirmando que era parte “de un servicio de inteligencia” que buscaba perjudicar su desempeño como funcionario.

Otra investigación resonante fue la que terminó con la condena, durante este año, a 16 años de prisión para José Alperovich (tres veces gobernador de Tucumán) por abuso sexual agravado contra su sobrina quien, de igual forma, se desempeñaba como su secretaria.

Por su parte, en Florencio Varela es imposible no tener presente la condena a 13 años de cárcel (en 2021) al ex político, empresario gastronómico y deportivo Daniel Zisuela por ser proxeneta, facilitador y organizador de una Red de Trata y Explotación Sexual de mujeres mayores y menores de edad. De esta causa se desprende una segunda (Zisuela 2) donde están imputados por Promoción y Facilitación de la Prostitución de Mayores de Edad agravada por su condición de funcionario, mediante el ejercicio de amenazas y aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad en su condición de partícipe secundario: Franco Risso, (Subsecretario de Defensa Civil, Coordinación y Logística. Además, Jefe del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios del Municipio de Florencio Varela) e Isabelino Barraza (Director dentro de la Subsecretaría de Defensa Civil, Coordinación y Logística del Municipio de Florencio Varela).

En cuanto a Diego Giménez y Mario Kanashiro (actuales concejales por el PRO), el primero también fue mencionado por las víctimas de la Red de Trata liderada por Zisuela y está acusado de abuso sexual reiterado contra una ex cuñada. El segundo investigado por abuso sexual contra una de sus pacientes.

Como vemos, asistimos al reinado de una impunidad patriarcal enquistada en el poder político en todas las escalas. En la mayoría de los casos, se nota como estos personajes nefastos utilizan su posición de poder (cuando como funcionarios públicos debería ser al revés) para ejercer sus abusos y violencias contra las mujeres que los rodean. La impunidad se traslada, claramente, en que no pierden sus puestos y continúan en sus funciones o, a lo sumo, son reubicados en otras similares. En la misma línea, se ve lo impune en el hecho de que, muchas veces, estos funcionarios enarbolan las banderas de “no a la violencia de género y semejantes”.

No es menos destacable, al mismo tiempo, que las víctimas que toman el enorme coraje de denunciar a sus abusadores (frente, insistimos, medios de comunicación masivos que solo las re- victimizan constantemente y las someten, directa o indirectamente, a las burlas o desacreditación de la opinión pública) son tratadas (por sus propios victimarios, abogados defensores o compañerxs de los partidos políticos y demás) como mentirosas, locas, oportunistas, etc.

Son reiteradas las frases populares: ¿por qué no denunció antes?, ¡debe querer plata!, ¡seguro era la amante o ella lo provocó!, ¡se involucraban con el presidente con la nuestra!, ¡ya decíamos que las políticas de género y el Ministerio de la Mujer eran un curro!, entra tantas otras apreciaciones que, justamente; también responden (así como las estrategias judiciales que usan los acusados aún ante pruebas fehacientes) a todo el sistema de complicidad, impunidad y violencia simbólica patriarcal que sigue vigente en nuestra comunidad y que habrá que desterrar definitivamente si verdaderamente queremos todxs un NI UNA MENOS en todos los sentidos.


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