El pasado miércoles 12 de junio en las inmediaciones del Congreso Nacional, en el marco de la marcha masiva en contra de la aprobación de la “Ley Bases”, las fuerzas de (in) seguridad ejercieron una fuerte represión contra lxs manifestantes. En dicha jornada resultaron detenidxs, injustamente,  33 personas a las cuáles se las acusó de delitos que no cometieron. Actualmente fueron excarceladxs 17 de ellxs mientras que lxs 16 restantes permanecen detenidxs e imputadxs.

Ante esto, familiares y organizaciones estudiantiles, políticas y sociales convocan a una concentración para el día de mañana (martes 18 de junio) en Plaza de Mayo, a las 16: 30 hs. Bajo las consignas “presos políticos, nunca más” y “libertad a los presos por luchar” exigirán la inmediata liberación y desprocesamiento (recae sobre ellxs la prisión preventiva y las nefastas imputaciones del fiscal Carlos Stornelli por los delitos de “terrorismo” y “sedición”) de quiénes aún continúan detenidxs.

Por su parte, las falacias de la Jueza Servini de Cubría incluyen la negativa a la excarcelación de lxs 16 manifestantes porque ellxs “agredieron a la policía, atacaron a bicicletas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lanzaron piedras o proyectiles”. Asimismo, la letrada fundamenta sus dichos impunes aludiendo a que “existen filmaciones donde se observa algún accionar específico e ilegal por parte de estos sujetos”.

Es claro que dichas detenciones (y posteriores decisiones judiciales) son arbitrarias e ilegales y que su trasfondo demuestra un claro mecanismo de ejercicio de la violencia institucional/ estatal de parte del Estado Nacional y, consecuentemente, del accionar de las Fuerzas de Seguridad y de la Justicia.

Esto no hace más que dejar en evidencia que subyace una ferviente criminalización de la protesta y una violación sistemática del derecho legítimo a reclamar y manifestarse con un claro objetivo político de LLA, de la mano de Patricia Bullrich: “infundir miedo a cualquier ciudadanx que se movilice contra éste gobierno que no hace más que hambrear y ajustar al pueblo y a lxs trabajadorxs”.

La lista de los 16 detenidxs está conformada por: Daniel Sica, Patricia Calardo Arredondo, Juan Ignacio Espinetto, Camila Juárez, Nicolás Mayorga, Saya Lyardet, Héctor Mallea, Cristian Darío Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tocaba, Lucía Belén Puglia, Cristian Valiente , Facundo Exequiel Gómez Gabriel Famulari y Roberto María de la Cruz.

Ahora bien, para entender mejor de que se trata esta praxis del oficialismo, es importante rememorar que la criminalización de la protesta consiste en el uso de la represión física, y de mecanismos de la ley y judiciales, aplicados contra manifestantes,  organizaciones y movimientos político- sociales. Su propósito descansa en el “control” de la protesta social.

Estos gravísimos hechos desnudan, una vez más, los rasgos característicos del actual gobierno nacional que incluyen: la judicialización de la protesta, es decir, el uso del entramado de la legalidad y la institucionalidad judicial para “encausar” y procesar a ciudadanxs que se manifiestan, a integrantes de organizaciones y movimientos políticos y/ o sociales, a estudiantes o trabajadorxs en general; por su participación en las luchas llevadas adelante en contra de un gobierno que busca aprobar leyes que benefician a unos pocos y cuyos objetivos apuntan a seguir saqueando nuestro país. De esta forma, el proceso de “criminalizar la lucha” se nutre del uso de la violencia física explícita ejercida por las diversas fuerzas de (in) seguridad mencionadas y garantizadas por el poder político y la construcción mediática. Todxs actores sociales y prácticas político- institucionales que funcionan como encuadre para dicha criminalización.

Y esto, a su vez, ha permitido que tanto el Estado y la Justicia Nacional (como otros sectores beneficiadxs e interesadxs en contrarrestar el ejercicio de la protesta social: las empresas nacionales y transnacionales, lxs grandes empresarixs y grupos de poder político- económico, entre otrxs) recurran a legislaciones ilícitas para mantener privadxs de su libertad e imputadxs a militantes, bajo diferentes figuras jurídicas. Tal como diferentes autores han señalado, en la mayoría de los casos, el fin último de esta acción no es solo conseguir una condena, sino, además, desarticular la protesta social definitivamente. Sin dudas, lo que quiere conseguir Javier Milei.

En suma, frente a este panorama: familiares y allegadxs de quiénes aún no recuperan su libertad manifiestan fuertemente que ¡el silencio es un pacto con la impunidad! y, por ello, mañana convocan a todo el pueblo.

¡No hay que bajar los brazos y seguir luchando y exigiendo la inmediata liberación y la anulación de aquellos crímenes que ningunx de lxs acusadxs ha cometido!