En en Florencio Varela, circulan numerosas empresas de colectivos tanto nacionales, provinciales y municipales. Una variedad interesante pero, cuando uno/a indaga sobre el sistema de ramales, queda muy claro que está pensado para proteger los intereses económicos de las empresas y no de los usuarios.
El servicio de transporte de colectivos estuvo hegemonizado en Varela durante décadas, por la Empresa Treinta de Agosto (cuyos dueños eran empresarios de nuestra localidad, siendo el más notorio Carlos Rimoldi).
El gobierno municipal, y los sucesivos Concejos Deliberantes, mantuvieron dicho esquema monopólico. Ejemplo de ello representan los recorridos de los ramales San Jorge, Bosques, Pico de Oro y vía Km 26; los cuales nunca estuvieron, claramente, pensados en los miles de pasajeros sino en optimizar las ganancias empresariales.
Tal es así que, otro ejemplo, responde a que la gestión a cargo de la Treinta de Agosto, los empresarios y delegados sindicales, impulsaron un Lock Out patronal paralizando el servicio para evitar el ingreso de otras empresas a sus recorridos “exclusivos”. Todavía resuenan en los pasillos los gritos de “Carlucho Rimoldi”: – ¡con la guita que pongo, me quieren cagar!
En los tiempos actuales, la situación del transporte se mantiene mediante ese viejo esquema de acaparamiento por el cual la “Línea 500” traslada por los barrios a los/ as varelenses mientras que las líneas 79, 148 y 129 los lleva a CABA. Sin embargo, también son monopólicas, sobre todo, la 148 y la 324. Esta situación solo se explica por la ineficiencia y/ o la corrupción.
Ahora bien, con la quiebra (en el año 2013) de la Treinta de Agosto Sociedad Anónima (TASA) en medio de un escándalo financiero, quedó demostrado, justamente; como ese tipo de manejos empresariales monopólicos afectan a los y las varelenses dejando incomunicados a nuestros barrios. Ante esto, el municipio intentó buscar un acuerdo con la Empresa Micro Ómnibus Quilmes Sociedad Anónima (MOQSA) que asumió el servicio y luego conformó la compañía San Juan Bautista S.A. que, incluso, el 14 de diciembre del 2018, obtendría una extensión del contrato de concesión por 10 años por parte del Concejo Deliberante. ¡Un extraño premio a quiénes continuaban con la misma metodología de brindar un servicio pésimo!. Cabe destacar que en ese momento se debatió para introducir una cláusula antimonopólica de tal forma que la empresa no pueda tener más de 5 ramales. La intervención del contador Daniel González,ante la presión de los empresarios y delegados, fue dejarla sin efecto. Así, dicha ampliación de 10 años mantuvo, una vez más, el sistema de concentración del servicio en una sola empresa. Ni más ni menos que como hace 40 años. ¡¿Cómo se puede pretender, entonces, que familias no sigan viajando como vacas hacia el matadero?!.
Es muy importante señalar que, además, entre los concejales que intervenían en aquella discusión para aprobarle este beneficio a MOQSA estaba Daniel Zisuela (el mismísimo facilitador y promotor de una Red Local de Trata y Explotación Sexual condenado a 13 años de prisión, en 2021). Y son varias las fuentes judiciales que sostienen que en los teléfonos incautados a este personaje se encontraron numerosos audios que prueban que opositores, y oficialistas, hablaban en “código o clave” sobre el cobro de 50.000. ¿Serían flores o dinero?, ¿nos sorprende de ese tipo de funcionario criminal que tuvo nuestro distrito?.
Sin embargo, lo que sí se creó, en aquella oportunidad, fue una comisión de seguimiento compuesta por concejales de los diferentes bloques. Inicialmente los encargados de controlar fueron Carlos Alberto Boco (actual concejal y candidato de Juntos), Antonio “Tony” Suárez (actual concejal de Unión por la Patria), Héctor Salatino (del Nuevo Encuentro), Gabriela Mancuello (de la UCR y reciente Candidata a concejala con Mario Kanashiro), Néstor Avalos ( del Frente Renovador) y Laura Ravagni (Presidenta del HCD y actual funcionaria de PAMI). Es obvio que dicha comisión y estos personajes políticos no cumplieron con su rol, en los años posteriores. No cumplieron con la obligación fundamental, ninguno de esos 24 concejales oficialistas y opositores, de fiscalizar el cumplimiento del pliego de bases y condiciones de los 9 ramales de la Empresa San Juan Bautista. No se ha verificado lo prometido por lo cual las únicas víctimas son las familias trabajadoras que necesitan que les garanticen el derecho básico (por el que, asimismo, pagan boletos altísimos) de transportarse en unidades limpias, modernas, en condiciones mecánicas y brindando la frecuencia horaria de líneas urbanas según lo establece la ley.
¡Nada de eso chequearon ni garantizaron!.
Mucho menos si pensamos que la mayoría de los concejales hace años que no toman un colectivo (como tampoco lo hacen sus hijos/ as). Y sumémosle que, por otro lado, las grandes avenidas como Thevenet, Eva Perón, Novak o Charcas no cuentan, prácticamente, con servicios de traslado municipal. Esto muestra, entonces, que los mecanismos provinciales y nacionales también son monopólicos.
En definitiva, ¿estamos ante una manifiesta ineficiencia de los concejales que se dicen “oposición”, de los oficialistas y del gobierno municipal?, o los gritos de Carlos Rimoldi “sobre pagos y colectivos para campañas” ¿eran ciertos?.
¡Quizás la culpa la tengan “los 50.000 claveles” que “amarillos y nacionales & populares” repartieron como ejemplo de superación de la grieta!.
Mientras tanto, los responsables de la caótica situación del transporte siguen recorriendo Florencio Varela en opulentos vehículos con choferes en contraposición a una población trabajadora que ¡viaja como ganado!.
La gran problemática del transporte público municipal de Varela es de larga data gracias a la inacción de los funcionarios que permiten los mismos manejos, y métodos, corruptos y fraudulentos de quiénes tienen “en sus manos” el modo en que los y las varelenses deben viajar: un humillante e injusto modo.
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