El gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy expresa prácticas represivas que hace décadas no se veían en el país, y muestran el camino que nuestra sociedad ve con simpatía, eligiendo candidatos de las derechas.
Sin dudas Jujuy es una muestra de lo que nuestro país puede vivir, como respuesta a las protestas sociales, que además cuenta con un alto consenso social en las encuestas que muestran quienes son los candidatos con mayor adhesión.
Es necesario repasar algunos hechos políticos que sin dudas son centrales para consolidar las políticas represivas que se viven en Jujuy, en el caso que las expresiones electorales de la ultraderecha ganen las elecciones.
En 1993 se reformó el código de minería con la mayoría de ambas cámaras y se adecuo a los intereses de las grandes mineras que ahora sí podrían extraer pagando un escaso canon y con mayor libertad para dañar el medio ambiente, sin pagar costos económicos.
La reforma constitucional de 1994 que otorga la explotación de los recursos naturales a las provincias rompe una estrategia nacional de uso de los recursos y transforma a personajes como Morales en señores feudales, que además tienen mucho dinero fruto del extractivismo. Lamentablemente estás detenciones del activismo que se opone al extractivismo minero lo vivimos en menor escala en Catamarca y Chubut.
Esa decisión política en 1994 fue acordada por el PJ y la UCR, incluyendo a la totalidad de los gobernadores, que empujaron está política extractivista actual que no cierra sin represión.
La ley antiterrorista votada por casi unanimidad por la exigencia del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en el 2007 y su reforma en el 2011, es una formidable herramienta represiva que está vigente y nadie está dispuesto a derogar.
A lo antes mencionado debemos sumar que durante el gobierno de Néstor Kirchner se desplegaron fuerzas de frontera en los territorios, como gendarmería, policía aeroportuaria y prefectura naval argentina, medidas que fueron desoídas, cuando organismos de Derechos Humanos decían lo contrario, las cuales dejaron las desapariciones y muertes de los casos Maldonado y Nahuel, por ejemplo.
Durante las gestiones de Néstor Kirchner y en especial de Cristina Fernández de Kirchner, la Gendarmería aumentó su despliegue en operativos de seguridad policiales, con un crecimiento sin comparación, de 17.000 a 34.000 efectivos.
Era muy común escuchar de sectores progresistas que estos actos jurídicos y políticos, si bien no eran lo mejor, los gobiernos progresistas los tendrían bajo control, la verdad fue un infantil análisis.
Hoy que se cuela sobre nuestro país una enorme ola electoral de candidatos de ultraderecha o en el mejor de los casos de derechas moderadas, las políticas extractivistas y represivas cuentan con herramientas represivas de peligrosidad para el pueblo.
Por último en las últimas décadas se rompió la práctica política que establecía que la defensa de los Derechos Humanos se ejerce frente a cualquier gobierno que los viola, como ejemplo tenemos los casos del asesinato de Santiago Maldonado y la desaparición de Facundo Castro, en el primer caso se realizaron marchas multitudinarias y en el segundo la familia lucha en casi total soledad.
Es momento de revisar procesos jurídicos y políticos plagados de errores y ausencias para poder poner freno a Gerardo Morales y a la ultraderecha que amenaza la democracia.
Seguramente alguien al leer dirá, no es el momento de revisiones críticas, como nunca es el momento, llegamos a esta situación y todo puede ser peor.
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