En Florencio Varela, mes a mes, crecen las familias estafadas por los loteos ilegales. A las mismas no les queda otra que “engancharse de las redes de luz y agua y, claro está, no cuentan con recolección de residuos ni mejoramiento de los accesos» en ese tipo de hábitat.
Estamos hablando de más de 30.000 familias que fueron estafadas. Un número realmente alarmante.
El sistema de “loteos ilegales y sus correspondientes estafas” funciona de esta manera:
1) Se crea un nombre de fantasía por ejemplo el de “Mi Lote Mi Casa” y se arma una oficina en el lugar a lotear y que no cuenta, por supuesto, con habilitación municipal.
2) En la mayoría de los casos quien vende no es dueño de la tierra pero hay casos en los que aquel que lotea ilegalmente sí es propietario.
3) En todos los casos «el loteo no está aprobado por el municipio”.
4) Los que arman el loteo ilegal arman la infraestructura criminal a la vista de todo el mundo, colocan postes, miles de metros de cable, cercan el predio, abren calles, colocan un cartel con el nombre del barrio.
5) Se enganchan del tendido de luz más cercano y si hay red de agua, también.
6) Hacen publicidad en redes sociales dónde prometen tranquilidad, naturaleza y seguridad.
7) Comienzan el cobro de anticipos, cuotas y, en algunos casos, hasta de expensas.
Entonces, lo primero que muestra esto es que estamos ante un sistema aceitado de recaudación ilegal tan evidente que tanto la Guardia Comunal, como la Policía Bonaerense, no intervienen para frenar el loteo cuando se inicia sino que, en general, dan aviso cuando ya está avanzado el acto ilícito y en marcha las estafas a la gente.
Si bien en la mayoría de los loteos la Subsecretaría de Planeamiento realiza inspecciones y las eleva al Juzgado de Faltas N° 1, a cargo de Fernando Báez, éste funcionario «sólo realizó una clausura definitiva” en un loteo de Villa San Luis y nada más
¿Dónde quedan, entonces, las otras denuncias y las correspondientes clausuras así como la indemnización debida a las familias que son estafadas?
Las preguntas, frente a esto, son muchas más:
a) ¿Por qué, ni bien comienza el armado de un loteo ilegal, el Juzgado de Faltas N° 1 a cargo de Fernando Báez (teniendo, además, actas de constatación elaboradas por la Subsecretaría de Planeamiento y habiendo permitido «el derecho a la defensa de los loteadores”) no clausuran y evitan las estafas?
b) ¿Por qué permiten que los loteadores ilegales «junten cientos de millones de pesos» que les roban a las familias?
c) ¿Por qué Fernando Báez como Titular del Juzgado de Faltas N° 1 aplicó la clausura definitiva y la custodia permanente a «un” sólo loteo ilegal y no a los más de 100 restantes que pululan en Florencio Varela?
Todas preguntas sin respuestas a las cuales sumamos: ¿cómo hacen las familias estafadas para tener servicios una vez que ya adquirieron el loteo por el cuál pagaron mucho dinero y cómo hacen para regularizar su situación? Ese es otro gran problema por el cual nadie responde como debería y con la urgencia que amerita.
Sobre todo cuando, claramente, Edesur y Aysa les dirán que no pueden brindar servicios porque son loteos ilegales que de no regularizarse no podrán contar jamás con sus abastecimientos.
Y cuando, por su parte, el Municipio de Florencio Varela (que no evitó el loteo ilegal cuando se inició) le responderá que “es un problema entre privados y que ellos no pueden brindar los servicios en cuestión”. Una falta de respeto total por donde se la mire.
El resultado: más de 30.000 familias enganchadas de la luz, del agua, sin recolección de residuos y sin mejoramiento de accesos y cientos de millones de pesos recaudados ilegalmente que engrosan una caja negra que enriquece nada más que a jefes policiales y funcionarios municipales impunes y que miran para otro lado.
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