Falta de acceso a servicios públicos básicos, crisis del transporte, loteos ilegales sin control, un sistema judicial impune y tosqueras como peligrosas trampas mortales… La lista es interminable, las soluciones NO y el entramado de poder local corrupto e impune instaurado desde 1992 por Julio César Pereyra, Graciela Giannettasio y Luis Esteban Genoud continua vigente de la mano de Andrés Watson.
En el comienzo de un nuevo año el municipio de Florencio Varela, una vez más, afronta graves crisis relacionadas con la falta de acceso de su población a servicios sociales y derechos humanos básicos: al agua potable, a la energía eficiente, al transporte público, a la vivienda y la tierra digna, a la justicia y la seguridad civil en general.
Estas son problemáticas de MUY larga data para las cuales el municipio varelense, actualmente de la mano del intendente Andrés Watson, no ofrece solución alguna mientras que quiénes dicen ser “la oposición” (PRO- LLA) tampoco cumplen con sus deberes de funcionarios públicos y para lo cual fueron votados: mejorar la calidad de vida de las familias y trabajadores de la ciudad y revertir estas situaciones. No plantean ninguna medida concreta frente a los graves problemas que atraviesa Florencio Varela durante enero del 2026.
Con respecto a la gravísima crisis del transporte público sabemos que la responsabilidad está dividida entre el gobierno municipal, el provincial y el nacional. Pero para el caso de las empresas cuyos números sean del 500 en adelante, estas son responsabilidad exclusiva del Estado Municipal.
Así, teniendo en cuenta esta distribución, el funcionamiento de todos los ramales de la línea 500 que circulan en Florencio Varela dependen del municipio. El gran dilema está en que el municipio adjudicó a la empresa MOQSA- SAN JUAN BAUSTISTA casi todos los ramales locales y esto, sumado a los que ya tenían (las líneas 148 y 383) provocó que esta compañía maneje el 90% del transporte local prestando un servicio monopólico nefasto y sin control alguno, de nula calidad, peligroso y mortal para las familias y trabajadores varelenses. Claro está que el municipio debe desarticular ese monopolio que transforma en rehenes y víctimas a los usuarios del transporte público ¿por qué no lo hace es lo que nos preguntamos hace tiempo?, ¿qué intereses hay detrás?
Por su parte, sí de loteos ilegales hablamos en Varela existen más de 100 y parecen no tener fin. Es sabido, y ampliamente denunciado por Agencia de Noticias La Barriada, como se han ido gestando sin freno alguno por inmobiliarias fantasmas, ex policías y policías en actividad, empleados municipales, gestores falsos, escribanos corruptos y pseudo empresarios que se manejan con total impunidad. Y ante todos ellos, la misma respuesta municipal: no ven nada, nada saben, de nada se enteraron ¿Nunca ven las máquinas excavadoras, la instalación de postes o cableados, los cercos?, ¿por qué será?
Sin embargo, la actitud del municipio es diferente cuando se da una toma de tierras por parte de familias pobres y vulnerables, allí sí activan rápidamente la intervención policial y de la Guardia Comunal estableciendo un desalojo veloz. El accionar represivo a la orden del día, pero con los loteos ilegales fingen demencia total y nadie termina procesado o condenado.
Desde 1992 y con Julio Pereyra, todas estas décadas, la problemática del acceso a la vivienda ha aumentado considerablemente a la par que los negocios inmobiliarios ilícitos que éste encubrió destruyeron las políticas públicas de hábitat. Fue establecida una clara postura política central que dejó de lado las protecciones sociales estatales por principios neoliberales. Cuestión que Andrés Watson sigue perpetuando, aunque en sus discursos pretenda establecer lo contrario. Así, asistimos a un intendente que también se desliga de la problemática y dirige la culpa a las familias estafadas pero que recién ante denuncias varias realiza “campañas de prevención” para no caer en estafas y sostiene fuertemente que el municipio está luchando contra los loteos ilegales cuando no es así. Es el cuento de nunca acabar con un gobierno municipal que nunca denuncia como particular damnificado a quienes se aprovechan de la gente ni condena efectivamente a quiénes están detrás de los loteos. Jamás se ocupan de un verdadero plan habitacional dónde cada varelense pueda acceder a su terreno/ casa propia de forma justa y equitativa. Son cómplices, por acción u omisión, de la especulación inmobiliaria y el negocio sucio de unos pocos. No respetan el derecho a la vivienda y a la ciudad que es un DDHH básico. No trabajan por una gestión democrática con respecto al tema, un uso social del suelo, el derecho al espacio público.
Por último, sobre las tosqueras, también Agencia de Noticias La Barriada se ha ocupado de contarle a todxs lxs vecinxs como se originaron gracias a Pereyra y Carlos Kunkel, quiénes son todos sus responsables y el gran daño humano y ambiental que estas han significado al punto de convertirse en verdaderas “trampas mortales” que se cobraron la vida de más de 20 jóvenes que aún hoy NO obtienen la justicia que merecen.
Aquí también, históricamente, el municipio realiza un trabajo fino por el cual mantiene un discurso astuto que busca convencer a lxs varelenses, engañarlxs haciéndoles creer que así están bien las cosas y dirigiendo la culpa hacia las propias víctimas.
Como en el caso de los loteos, nos invaden año a año con otras campañas de “prevención” para no refrescarse en tosqueras por su peligrosidad deslizando que sí alguien se baña en las mismas a pesar de que “hay carteles municipales” de prohibición es su responsabilidad sí le sucede algo y, además, insta a lxs vecinxs a denunciar al municipio a quiénes intentan nadar allí. Es algo muy similar a lo que pasa con el imaginario con respecto a las tierras, aquel que reza que “nadie puede ir y tomar un terreno porqué eso es un delito y la sociedad tiene normas que respetar” o que “es culpa de unx mismx sí se deja estafar por no acercarse a la municipalidad a averiguar sobre los terrenos”. Una hipocresía total.
En definitiva, está claro que muchas personas son convencidas de esto y lo repiten sin querer y no pudiendo lograr dimensionar que son DERECHOS pisoteados y vulnerados. Que no hay verdaderas políticas públicas para garantizarlos ni solucionar las crisis que aquejan a todxs.
El acceso a la vivienda, la tierra, la protección social y servicios públicos de calidad son DDHH que se deben garantizar y quiénes los pisotean deben tener una condena no mantenerse impunes gracias a un municipio que encubre y/ o se maneja con negligencia o complicidad.
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