_{^{Reproducimos como Agencia La Barriada la nota del Centro de Estudios, Legales y Sociales (CELS)}}

La designación del jefe del Ejército como ministro de Defensa tiene consecuencias internas y externas. Quiebra el principio de control civil y alinea al país en una agenda geopolítica belicista impulsada por Estados Unidos. A 50 años del golpe, el gobierno utiliza retóricas revisionistas para justificar un giro que reinstala a los militares en el centro del poder político.

La designación del jefe del Estado Mayor del Ejército, Carlos Alberto Presti, como Ministro de Defensa debe ser leída por sus consecuencias dentro y fuera del país, política interna y externa, dos niveles que están directamente entrelazados: por un lado, militarización de la política y, por otro, de politización de las fuerzas armadas que refuerza la dependencia consentida con Estados Unidos. 

En lo interno, lleva a un nuevo nivel la tendencia de este gobierno a designar militares en actividad o retirados en puestos clave. Esta impronta que se ha extendido en la SIDE, en el Ministerio de Seguridad y en Defensa, imprime un carácter belicista y militar a campos de gobierno que demandan una lógica política y civil. Es una tracción que supone un avance hacia la militarización de la política interna con el riesgo consecuente de politizar a las fuerzas armadas, que entran a jugar directamente en la interna del gobierno. 

Implica el desprecio por la noción de control civil de las fuerzas armadas, un principio de muchas democracias orientado a que las instituciones que detentan armamento no puedan autonomizarse de la autoridad soberana. La noción de gobierno y control civil apunta a que quien está a cargo de gobernar a las fuerzas sea un delegado de la autoridad política y no el representante de la corporación militar en el gabinete. Incluso en países altamente militarizados, como los Estados Unidos, justamente para resguardar el control civil, un ex militar no puede ser nombrado como secretario de Defensa a menos que haya estado fuera del servicio por los últimos 7 años, que se extienden a 10 en el caso de generales y almirantes.  

Se trata de una decisión de gran peso simbólico y operativo en relación con el alineamiento a una agenda geopolítica bélica que se aleja del derecho internacional. Ya pasó más de un año desde que Milei anunció en las Naciones Unidas que Argentina abandonaba su posición histórica de neutralidad, lo que derivó en una subordinación a los Estados Unidos, incluso ante la eventualidad de situaciones de altísima conflictividad y que se desplieguen en nuestra región. 

Las posiciones y votos cada vez más antidemocráticos y aislados en los ámbitos multilaterales (como la falta de condena a la tortura) se reproducen en lo militar: la búsqueda por ser socios globales de la OTAN y de reforzar la relación con el Comando Sur de los Estados Unidos son solo dos ejemplos.