MENTIRAS Y VERDADES SOBRE EL SISTEMA DE PENSIONES DE DISCAPACIDAD EN ARGENTINA

Desde el gobierno de Javier Milei se instalaron tres discusiones:

1) Desde el 2003 por decisión del kirchnerismo se multiplicaron las pensiones por discapacidad

2) Ningún país del mundo tiene la cantidad de pensiones por discapacidad que tiene Argentina

3) Gran parte de las pensiones son ilegales

En primer lugar, la República Argentina adhirió a la Convención Internacional sobre las Personas con Discapacidad por lo cual debe cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas. En varias oportunidades el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas exigió a Argentina que modifique los criterios de acceso a las pensiones por discapacidad.

Hasta el año 2003 las personas con discapacidad solo accedían si había alguna baja y existía un tope de pensiones y se requería el 76 % de discapacidad laboral. Ese año Argentina implementa las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y deja sin efecto el sistema de altas por bajas y establece el acceso universal.

Por otro lado, el sistema laboral es cada vez mas restrictivo en cuanto al ingreso de personas a trabajar, por lo tanto, aumentan las discapacidades laborales detectadas.

La eliminación del sistema de topes explica el crecimiento exponencial de las pensiones por discapacidad.

Otro argumento es que ningún país del mundo tiene la cantidad de pensionados por incapacidad laboral que tiene Argentina lo cual es falso. Argentina con 48.892.285 habitantes tiene 1.213.293 personas cobrando una pensión por discapacidad el 2,64 % de la población. La Unión Europea tiene el 2,7% de su población cobrando pensiones por invalidez y si tomamos dos países como por ejemplo España tiene el 1,55 % y Portugal el 6,9 %.  Como verán la Argentina tiene menos porcentaje de la población cobrando pensiones por invalidez que la Unión Europea.

En cuanto a la existencia de pensiones por invalidez ilegales es posible, como sucede en todo el mundo, lo cual requiere auditorías serias que respeten la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que en nuestro país tiene rango constitucional.

Mentir con los datos para estigmatizar a las personas con discapacidad es una muestra de profunda crueldad y repetir los datos sin corroborarlos es un acto de mala fe.