Durante 12 largos años Mirta Rojas fue la persona más custodiada de Florencio Varela. Durante las 24 horas, incluidos los feriados, los móviles policiales estaban presentes en su casa y el lugar donde funciona el movimiento Libres del Sur en los barrios Caacupé y San Cayetano.
Mientras la policía bonaerense custodiaba más a Mirta Rojas que a la zona de bancos o las escuelas, la señora denunciaba y perseguía a decenas de vecinos, quienes relatan las agresiones que sufrieron de Mirta Rojas y cuentan cómo siempre el personal policial intervenía a su favor.
En medio de la custodia de 24 horas Mirta Rojas golpeó brutalmente a una vecina que terminó internada en el Hospital Materno Infantil, por lo cual fue condenada por el Juzgado Correccional N°1 de Florencio Varela.
También fue imputada en la causa Zisuela 2 por el fiscal Daniel Ichazo y recientemente la Cámara Penal de Quilmes confirmó que irá a juicio por facilitación y promoción de la prostitución de menores y mayores en situación de vulnerabilidad.
Ante todas estas situaciones la custodia de Mirta Rojas siguió funcionando de modo escandaloso. Desde el 2013 en adelante, ante los diferentes reclamos de vecinos y organizaciones de la zona por la insólita custodia policial la respuesta era “lo ordenó la justicia”. Esa custodia por tiempo indeterminado que sostuvieron los jefes policiales como argumento era una absoluta mentira.
El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires habría tomado la determinación de terminar con la custodia a Mirta Rojas y desde el domingo 20 de julio no hay más móviles en su domicilio ni en la sede de Libres del Sur.
Las órdenes judiciales son una mentira que ya nadie puede sostener.
La pregunta que el barrio se hace es cómo la policía cuidó durante 12 años a una mujer condenada y que va a juicio por trata.
¿Qué favores le debe la policía a Mirta Rojas? ¿La explicación estará en un expediente judicial del año 2013 donde fue asesinado un policía en circunstancias poco claras?
Las preguntas son muchas, las víctimas del sistema de protección también, entre ellos integrantes de la Red de Centros Comunitarios Monseñor Enrique Angelelli que sufrieron 15 denuncias falsas, y hasta personal policial fotografió y difundió en redes sociales.
La decisión del Ministerio de Seguridad fue acertada en terminar con la custodia ilegal, la justicia decidió no seguir avalando las falsas denuncias de Mirta Rojas y su entorno.
Quedan muchas preguntas por responder.
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