Desde 1983 gobierna la ciudad de Florencio Varela el Partido Justicialista, donde tres personas gobernaron el 99% del tiempo Julio Carpinetti, Andrés Watson y Julio Pereyra, este último la mayor parte del tiempo. En todos estos años la problemática del acceso a la vivienda ha aumentado considerablemente, a la par que los negocios inmobiliarios ilegales.
Con la llegada de Julio Pereyra en 1992 se destruyó la política de hábitat que se había transformado en un ejemplo en la Provincia de Buenos Aires. Esa destrucción dio paso a una política de tierras donde la información de las herencias vacantes fue generando lentamente un enorme negocio inmobiliario ilegal que sin dudas aportó a las cajas de la política.
Una decisión política central fue dejar de lado el principio peronista de que el estado debe intervenir y garantizar el acceso al hábitat por uno neoliberal que fue: los loteos ilegales son un problema entre privados. El mayor exponente en el gobierno de Andrés Watson de esa idea es Dono Leidi, secretario de gobierno que repite esta frase para desligarse del problema, además de descargar la culpa en las personas estafadas.
Entonces ¿qué hace el municipio frente a los miles de personas estafadas por grupos organizados?
1) Atienden a las víctimas de las estafas y las hacen responsables de la situación, una vieja práctica tan común en las diversas violencias.
2) En la reunión entregan unos volantes donde aconsejan averiguar antes de comprar, con lo cual sostienen que el municipio está luchando contra los loteos ilegales.
3) Cuando ya las familias están viviendo, en la mayoría de los casos, y los estafadores se llevaron cifras millonarias, comienzan a realizar actas que se van acumulando por alteración de los estados parcelarios, propaganda no autorizada etc .
4) Las actas elaboradas tardíamente se envían al juzgado de faltas y se transforman en multas en muchos casos.
En general el municipio interviene frente al reclamo de los estafados cuando ya los estafadores se llevaron millones y la pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes?
Para que se entienda por qué el sistema está armado de este modo, un ejemplo es el loteo ilegal de la calle 550 organizado por Grupo Futuro Propiedades las vendedoras dicen que según el plano más de 100 lotes se vendieron con un anticipo promedio de US$7000 lo cual es una suma total estimada de US$700.000. Las multas que el municipio aplica a este grupo, en caso de que se apliquen, es una suma insignificante para los estafadores, pagar y seguir vendiendo es un negocio redondo.
El otro aspecto es el rol de las fiscalías donde al día de hoy no hay ningún estafador procesado y los argumentos son tecnicismos entendibles, pero nadie investiga a fondo el rol de los grupos que organizan loteos ilegales dejando que se transforme en un negocio millonario.
En las investigaciones penales el gobierno municipal puede presentarse como particular damnificado y apoyar a los vecinos, pero tampoco lo hace porque según el funcionario Dono Leidi «es un problema entre privados».
El municipio, los escribanos, la justicia y la policía por diferentes motivos y con diferentes niveles de responsabilidad permiten que estafadores de diversa monta se queden con la tierra y arruinen a miles de familias ¿esto sucederá por desinterés, ineficiencia o los montos millonarios también beneficiarán a algunos personajes?
Si comparamos los loteos ilegales con las tomas de tierras realizadas por familias pobres se puede ver que en ese caso el secretario Dono Leidi no considera que sea un problema entre privados y realiza la denuncia penal, presiona a la policía para que actúe, a la justicia para que desaloje y el aparato municipal de hace presente
Los mismos funcionarios municipales siguen repitiendo que cuando se corta la luz el problema son los asentamientos, pero se olvidan de decir que los loteos ilegales en Florencio Varela son más de 120 y los asentamientos 60. Además, podemos agregar que la cantidad de familias enganchadas de la luz y el agua en los loteos ilegales es muchísimo mayor que los viejos asentamientos.
¿Por qué el municipio no actúa igual con quienes toman tierras que con quienes hacen loteos ilegales? ¿Lo podrá explicar el diputado nacional Julio Pereyra, el intendente Andrés Watson y el secretario de gobierno Dono Leidi tan afecto a reprimir a los pobres y a mirar para otro lado con los poderosos?
Mientras los negocios ilegales prosperan en las distintas gestiones de los gobiernos municipales, los y las vecinas varelenses continúan luchando y organizándose por el acceso a la vivienda y el hábitat digno sabiendo que la tierra es un derecho y no una mercancía, algo que los funcionarios parecen haber olvidado.
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